En Ancap se considera insostenible la situación del negocio del pórtland, que arrastra números en rojo desde hace 20 años de manera ininterrumpida. Las nuevas autoridades de la empresa tienen a estudio distintos escenarios con el objetivo de revertir esa situación.
Uno de los documentos de trabajo a los que accedió El Observador plantea como escenario alternativo continuar la operación únicamente en la planta de Minas con inversiones mínimas, y suspender la producción en Paysandú.
El segundo escenario manejado también suspende la operativa en Paysandú y continua únicamente la operación en la planta de Minas, pero se realiza la conversión del horno a vía seca, una transformación cuya inversión no sería rentable, según dice ese documento.
Un tercer escenario se basa en la continuidad de la industria en el departamento de Lavalleja en situación similar a la actual, y abre la puerta a un proyecto de producción en Paysandú orientado al mercado regional (Argentina principalmente) con un privado a cargo de la inversión.
La vía sería una licitación o llamado público a interesados a presentar alternativas para un proyecto cementero en Paysandú, el cual podrá considerar la utilización de activos de Ancap, como la planta y el proyecto del tercer horno donde el ente invirtió US$ 80 millones pero nunca se pudo armarlo (por falta de recursos) para producir.
Las inversiones correrían por cuenta del privado y el ente mantendría la titularidad de las reservas de calizas y sería el proveedor de materia prima a través de un contrato de venta de caliza.
El directorio de Ancap también está a la espera de dos nuevas propuestas que realizará la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap). El ente pidió que esos dos escenarios a analizar tengan un respaldo técnico y que estén disponibles a la brevedad posible, según supo El Observador.
“Cuando los estudios estén acabados, los análisis estén terminados y haya alguna conclusión la veremos. En este momento no hay decisión tomada”, dijo el lunes en conferencia de prensa el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.
“Lo que no podemos tolerar es que las cosas sigan como están o que alguien venga de afuera y nos imponga una solución. Acá lo que vamos a hacer es lo que profesionalmente corresponda hacer y en diálogo con los trabajadores”, afirmó el jerarca.
En los últimos años las inversiones realizadas aportaron reducciones de costos que no lograron revertir la pérdida que a su vez creció por el aumento de otros costos dentro de un mercado acotado y reducido.
El mercado uruguayo tiene como participantes a las firmas Artigas (45%), Ancap (42%), Charrúa (importado) 8% y Compañía Nacional de Cementos (5%). Y es inminente el ingreso de la cementera Cielo Azul en el departamento de Treinta y Tres cuya producción comenzaría a mediados de 2021.
“Ese uno de los cambios más importantes en los últimos cinco años. Vamos a tener una capacidad instalada de producción de pórtland muy grande. Eso significa mayor competencia y potencialmente menos mercado para el pórtland marca Ancap”, afirmó Stipanicic.
Otro de los puntos que destaca es la alta capacidad ociosa en la región con nuevos proyectos en marcha y precios inferiores al mercado interno uruguayo en Brasil, Argentina y Paraguay.
Según la empresa, el negocio puede continuar funcionando con mínimas inversiones, solamente de forma provisoria. En ese sentido, se plantea que la situación económica y financiera futura del negocio es “muy negativa”, con flujos de fondos negativos esperados en los próximos 5 años que podían llegar a los US$ 60 millones.
El texto agrega que “la obsolescencia tecnológica de la planta de Paysandú en su totalidad y de la planta Minas en lo que es molienda de crudo y de cemento, que datan de proyectos de las décadas de 1960 y 1950, respectivamente, condicionan las posibles mejoras en los costos de la mano de obra (disminución en la cantidad de personal); y generan una baja confiabilidad del proceso productivo que disminuyen de manera sustancial su capacidad teórica de producción”.
El presidente de Ancap expresó ayer que en caso de que se corrijan los precios de los combustibles, los nuevos precios los deberá fijar la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), de acuerdo a lo previsto en la ley de urgente consideración que ya está vigente. “Será un ajuste recomendado por la Ursea en función de los precios internacionales. Por ahora no está pensado un ajuste de tarifas”, afirmó Stipanicic.
Por otro lado, el jerarca adelantó que el segundo trimestre volverá a cerrar con números rojos. En ese período pegó de lleno la crisis desatada por el covid-19 con un desplome de las ventas en comparación a 2019. A eso se sumó el impacto del aumento del Imesi sobre los ingresos. “Esperamos que sea un resultado negativo.Todavía no están los números finales”, afirmó Stipanicic. Entre enero y marzo la pérdida fue de US$ 42 millones con una fuerte incidencia de la devaluación del peso uruguayo. La empresa tiene gran parte de su pasivo en dólares y el crudo y otros insumos los compra con esa moneda.
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