Defensa del Consumidor estudia 30 casos sospechosos de abusar con los precios en la pandemia

El tema es complejo, según explicó el funcionario, porque no existe un precio tarifado ni hay regulación de precios en Uruguay. Sin embargo, dado el contexto de emergencia sanitaria el organismo -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas- tiene mecanismos para sancionar. 

Fuentes explicó que el proceso es largo porque es complejo ya que se necesita un estudio técnico de abogados y otro de economistas. En caso de que se decida sancionar las multas pueden ser desde 50 UR (unos $ 63 mil) hasta 4.000 UR ( $ 6 millones). Depende de la gravedad de la infracción, los antecedentes y del tamaño del sancionado, explicó Fuentes. También puede ser un apercibimiento. 

En la primera semana completa de emergencia sanitaria (entre el lunes 16 de marzo y el viernes 20) la oficina de Defensa del Consumidor recibió cerca de 20 denuncias diarias por precios abusivos. “Es inédito. Nosotros nunca recibimos denuncias por tema de precios porque existe la libertad de precios”, explicó Fuentes a El Observador en ese entonces. 

Según la información que disponía la oficina a través del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC), farmacias que no pertenecen a las grandes cadenas y algunos supermercados de cercanía se detectaron importantes aumentos. 

En aquel momento, Fuentes había explicado que las denuncias se iban a comenzar a estudiar cuando la situación se normalizara y por eso es que ahora se iniciaron cerca de 30 expedientes. 

Una vez declarada la emergencia sanitaria el 13 de marzo, Defensa del Consumidor comenzó a publicar diariamente un listado de precios de referencia en droguerías y farmacias de productos como el alcohol en gel, tapabocas, alcohol rectificado, jabón de tocador, pañuelos descartables e hipoclorito de sodio.

Además, advertía respecto a la disponibilidad de cada uno de los productos en los distintos puntos de venta. Un comunicado difundido por ese entonces advertía que el organismo vigilaba el “funcionamiento del mercado a través de inspecciones a puntos de venta y control en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas, a los efectos de neutralizar prácticas de especulación”. 

La gran mayoría de los precios y puntos de venta ya estaban relevados a través del SIPC, que está directamente conectado con las cajas registradoras de los comercios. Sin embargo, las farmacias y droguerías, los principales puntos de venta de los productos de cuidado personal, no estaban integrados en ese sistema y en ese contexto particular la oficina realizaba inspecciones. 

Si bien en Uruguay no existe la regulación de precios, sí hay productos que tienen su precio fijado como la leche. En marzo el Ministerio de Economía fijó el precio del litro de leche en bolsitas de polietileno en $ 31,30 en el comercio minorista. El incumplimiento de ese precio es una multa común también, sobre todo en el interior del país. En 2012, por ejemplo, se aplicaron 70 multas por este motivo. 

Otras sanciones

El Área de Defensa del Consumidor recibe cientos de denuncias por año pero los precios no es un tema recurrente. Debido a que en Uruguay no existe una regulación al respecto las denuncias de los usuarios pasan por otros lados. La no exhibición o error en los precios, el cobro mínimo para pago con tarjeta de débito o crédito y el no descuento de los puntos de IVA que corresponde son algunas de las infracciones más comunes. 

Entre enero y setiembre de 2019 el organismo recibió 518 denuncias, más que en todo 2018. Y entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 fueron sancionadas 13 empresas.