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El uso de medios de pago electrónicos ha ganado espacio entre los uruguayos.

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La práctica que denunciaron los consumidores pero que la LUC habilita

La Unidad de Defensa del Consumidor del MEF publicó detalles sobre los reclamos recibidos el año pasado

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19 de enero de 2022 a las 05:04

Como pasa habitualmente por estas fechas la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó su informe estadístico en el que detalla las consultas, reclamos y denuncias de los consumidores uruguayos.

En la lista, y dentro del área de servicios se mantuvo como uno de los temas más reclamados lo relacionado a agencias y operadores de viajes, por incumplimientos en la prestación del servicio, rescisiones unilaterales e incumplimiento de contratos, cobro indebido y falta de información, entre otros.

En segunda posición aparecen aspectos relacionados con plataformas informáticas de intermediación de servicios (comercio electrónico). También sobresale, como siempre, el área de servicios financieros con consultas y reclamos que se multiplican y que involucran a financieras y bancos. Esto abarca reclamos vinculados a préstamos, intereses moratorios y distintos asuntos vinculados a operativa con tarjetas de crédito, por ejemplo.

Pero un dato curioso radica en el área de los beneficios tributarios al consumidor que están enmarcados dentro de la ley de Inclusión Financiera. Si bien el año pasado las atenciones por este tema descendieron casi a la mitad, los consumidores uruguayos volvieron a reclamar por la exigencia de mínimos para la compra con tarjeta de débito.

Esto ocurrió en 43 oportunidades aun cuando es una práctica que está permitida por ley. La ley de Urgente Consideración (LUC) derogó en el transcurso de 2020 el artículo 64 de la ley de Inclusión Financiera. Con ello se eliminó la exigencia para los comercios que aceptaran medios de pagos electrónicos de no poder fijar un monto mínimo para su uso y tener que aceptar operaciones por cualquier monto.

En la actualidad eso está librado a lo que decida el comerciante. Un almacén, una farmacia o un kiosco coloca el monto que entiende conveniente para aceptar el pago con tarjeta, de manera arbitraria. Así puede pasar que un cliente quiera pagar una compra por $ 100 con plástico y el comerciante no acepte porque su piso es de $ 400, por ejemplo.

Con la derogación del artículo 64 también se eliminó la prohibición de aplicar precios diferenciales entre efectivo y pago con medios electrónicos contado. Si bien en esta oportunidad el informe no detalla información al respecto, también ha sido un punto que originó denuncias en ocasiones anteriores.

La redacción original de la ley establecía que los proveedores o comercios que decidieran aceptar tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico (tarjetas prepagas o tickets alimentación) no podían cobrar por los productos o servicios que ofrecieran un precio mayor si el pago se realizaba mediante estos instrumentos que si el mismo se realizaba con efectivo. También establecía que cualquier promoción que ofreciera beneficios –monetarios o no- a los consumidores con pago en efectivo debía extenderse a los pagos realizados con el plástico.

Hoy no existe ninguna norma que obligue al comerciante a poner los mismos precios entre las distintas modalidades de pago contado, y el comerciante tiene libertad para marcar diferencias si lo entiende necesario.

Cifras globales

El año pasado la Unidad de Defensa del Consumidor realizó 19.298 atenciones anuales (incluye consultas, reclamos y denuncias) vinculadas a alimentos, beneficios tributarios, comunicaciones, energía, productos, salud, servicios y servicios financieros. Es la cifra más baja en los últimos cinco años cuando la cantidad total de atenciones superó siempre las 22.000. Acceda al informe completo
 

 

 

 

 

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