Diputados buscan dinero para Udelar y ley de violencia de género pero el margen es escaso

Sin embargo, el margen es muy escaso y no están seguros de poder responder a los pedidos tanto de la Universidad de la República (Udelar) como el realizado por la vicepresidenta Beatriz Argimón para poder aplicar la Ley Integral Contra la Violencia de Género, aprobada en 2018 pero sin recursos. 

En el medio de estos pedidos está la posibilidad de que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje complementario con nuevos recursos ya que los legisladores no pueden aumentar el gasto. De todos modos, por los plazos constitucionales ese mensaje ya debe ingresar al Senado. Hasta ahora, los legisladores de la coalición no conocen el contenido de ese posible mensaje que el gobierno dijo estar analizando. 

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Por lo tanto, los diputados intentan ingeniárselas para conseguir recursos. El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, le trasladó a los legisladores de la coalición que con el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo –que no prevé aumentos en el quinquenio- se comprometen varios puntos del trabajo universitario. Entre esos temas está la descentralización, los puestos de alta dedicación, las becas y la capacidad locativa. 

Desde el oficialismo dijeron a El Observador que las becas están aseguradas con los recursos actuales mientras que la capacidad locativa es un “tema histórico” que no se va a resolver en este presupuesto. 

Sin embargo, admiten que tanto la descentralización como los cargos de alta dedicación pueden verse afectados y por eso están mirando con lupa para ver de dónde sacar recursos. Dentro de los cargos, los legisladores recogieron la preocupación respecto a que se verían afectados los científicos más jóvenes. Pero los diputados oficialistas no son muy optimistas. 

La Udelar precisa “unos cientos de millones de pesos” para gastos que se deben reiterar año tras año. Por lo tanto, no se puede reasignar una partida puntual, sino que es algo que se debe mantener en el tiempo. “Hay un fondo del Ministerio de Industria que se podría revisar. Pero es muy difícil encontrar recursos”, reconoció uno de los legisladores. 

Ley de violencia de género

La bancada de diputados de la coalición oficialista recibió este martes a la vicepresidenta Argimón para intercambiar sobre los recursos para la Ley Integral Contra la Violencia de Género. Pero, otra vez, los márgenes para discutir no son muy amplios. 

La vicepresidenta quiso dejar claro que para ella es una prioridad que la ley comience a funcionar cuanto antes. Si bien se trata de una ley aprobada en la legislatura pasada, el Poder Judicial estima que no podría ponerla en práctica con los recursos asignados. 

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A Argimón le preocupa particularmente el interior del país y quiere que comiencen a funcionar los juzgados especializados en la materia cuanto antes. Pero hoy no están los recursos para crear cargos de jueces y equipos multidisciplinarios. 

Los legisladores no saben de dónde sacar recursos para poder recoger el pedido de la vicepresidenta y están a la espera de una reunión con el Ministerio de Economía para ver cómo seguir. 

El diputado blanco y presidente de la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, Sebastián Andújar, ya solicitó un encuentro con Economía y está a la espera de una respuesta. 

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Otros pasajes del proyecto de Presupuesto que están en discusión no se vinculan directamente con los recursos. Los legisladores de la coalición continúan reuniéndose para avanzar artículo por artículo y ver dónde hay diferencias. 

Sin embargo, sobre los que no tienen acuerdo todavía no han tenido una discusión en profundidad ya que están a la espera de que se presenten alternativas. 

Entre esos pasajes que no implican más recursos se encuentra la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, que en los últimos días ha tenido algunos avances aunque no definitivos. La idea de los legisladores es que esa gobernanza no quede solo en manos del Poder Ejecutivo, tal como plantea el proyecto de Presupuesto, sino que haya un camino intermedio en el que la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Ganadería tienen representación. Actualmente la UAM está en manos del gobierno departamental.