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Los artículos del proyecto de Presupuesto que generan diferencias en la coalición

Diputados y senadores de la coalición en las comisiones que tratan el proyecto se reunieron este lunes para avanzar en redacciones alternativas

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22 de septiembre de 2020 a las 05:03

Al inicio de una semana dedicada casi en exclusiva al envión final para la campaña departamental, los legisladores de la coalición de gobierno se reunieron este lunes para abordar las diferencias sobre el proyecto de ley de Presupuesto y avanzaron en algunas posibles soluciones, aunque todavía no hay redacciones definitivas.

Los distintos partidos y sectores del oficialismo tienen discrepancias en diversos puntos, que surgieron a medida que avanzan en el tratado del articulado. En algunos casos, los legisladores se volverán a reunir con integrantes del Poder Ejecutivo para entender los motivos detrás de determinados cambios y en otros seguirán la discusión entre ellos. De todos modos, todavía quedan artículos que no fueron analizados por toda la coalición.

A continuación un repaso de los artículos que generan diferencias y los avances registrados hasta ahora. 

Unidad Agroalimentaria

Una de las discusiones más mediáticas fue el rechazo de la oposición y de algunos sectores de la coalición de gobierno al cambio de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). 

El proyecto establece que será el Ministerio de Ganadería quien encabezará el directorio de la UAM desplazando así a la Intendencia de Montevideo. El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, aseguró que ni el gobierno departamental ni el presidente Luis Lacalle Pou fueron advertidos sobre que este tema ingresaría en el Presupuesto. 

El diputado blanco y presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados, Sebastián Andújar, aseguró a El Observador que trabajan en cambiar esos artículos para que la gobernanza no quede solo en manos del Poder Ejecutivo. 

Salarios y funcionarios públicos

Los cambios que el Poder Ejecutivo pretende impulsar para los funcionarios públicos y cargos políticos también tienen reparos en la coalición. Por un lado existe consenso en que no es momento de aumentar los sueldos de los presidentes de entes autónomos desde un promedio de $ 180 mil a $ 235 mil.

El argumento que se repite en el Palacio Legislativo es que no es el momento para realizar este aumento a pesar de que afecta a muy pocas personas (varios jerarcas de empresas públicas son exgerentes y mantienen ese salario que es superior al de presidente). Para los legisladores es un tema de oportunidad.

Por otro lado, las certificaciones médicas y licencias por enfermedad para funcionarios públicos también están siendo miradas con lupa. El proyecto establece que “todos los funcionarios presupuestados o contratados” con excepción de los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales dejarán de percibir retribución alguna en los primeros tres días de licencia por enfermedad, lo que pretende equiparar el régimen público con el privado. Actualmente reciben todo el salario cuando se certifican. A partir del cuarto día de inasistencia y hasta su reintegro a la actividad, la remuneración será equivalente al 70% del salario, sin contar beneficios sociales y antigüedad.

Si bien los legisladores oficialistas entienden que es necesario realizar modificaciones para evitar abusos, algunos quieren ampliar las disposiciones a todo el sistema político y otros quieren buscar un camino que sea justo con los funcionarios que hacen un buen uso de la herramienta.

También existen diferencias respecto al bolsón de funcionarios categorizados como excedentes. Legisladores de todos los partidos de la coalición entienden que tal como está redactado no brinda todas las garantías necesarias para los funcionarios. Ese bolsón agrupa a todos los funcionarios que hayan sido considerados excedentes en sus dependencias y da algunas opciones como puede ser la jubilación incentivada.

Otra de las posibilidades es capacitarse para ser redistribuido en el Estado. El problema, según dicen algunos diputados, es que si el funcionario no asiste a esa capacitación puede ser despedido y eso, advierten los representantes, abre la puerta a juicios contra la adminsitración.

El artículo cuarto es otro de los que genera negociaciones dentro de la coalición. En este caso no es tanto por diferencias sino que buscan la forma de que sea más detallado. Ese pasaje es el que recoge el compromiso del Poder Ejecutivo de que los funcionarios públicos recuperarán poder de compra a partir de enero de 2022.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) ya marcó diferencias con esta redacción tanto por no tener detalles de cómo se va a recuperar el salario real, como por tomar el Índice Medio de Salarios (IMS) como referencia para calcular la evolución de los sueldos de los funcionarios públicos.

Fuerzas Armadas

Otro de los cambios que genera rispideces es el que aumenten la cantidad de generales en las Fuerzas Armadas. El Partido Independiente y el Partido de la Gente se oponen a la modificación, al tiempo que la bancada de la coalición recibirá al ministro de Defensa, Javier García, para que defienda estos artículos.

En su comparecencia ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, el ministro había asegurado que de no realizar estas modificaciones el Estado se vería expuesto a una “ola de juicios” por no respetar el sistema de ascenso de las Fuerzas Armadas.

Udelar

El diputado blanco Sebastián Andújar aseguró que los recursos destinados a la Universidad de la República también están en discusión. La descentralización es uno de los puntos que los legisladores quieren que se continúe desarrollando y con el presupuesto que le asigna el proyecto está en duda, según aseguró el propio legislador. "Hay cosas que se venían haciendo bien que queremos seguir impulsando", dijo en una rueda de prensa.

Instrucciones generales

Las instrucciones generales de Fiscalía es otro de los puntos que genera negociaciones. El gobierno pretende derogarlas o tener una mayor incidencia en el Consejo Honorario que las dicta. Pero en el Partido Colorado existen diferencias con esto.

Las instrucciones generales son directrices que definen las prioridades a la hora de investigar los distintos delitos por parte de los fiscales. De todos modos, este punto no llegó a ser tratado en la reunión de este lunes.

Uruguay XXI

Otro de los puntos que va a ser analizado son los artículos vinculados a Uruguay XXI, la agencia de exportaciones y promoción de inversiones. El proyecto presupuestal establece recortes en este organismo. Los integrantes de Ciudadanos, sector mayoritario del Partido Colorado, plantearon tratar este pasaje aunque todavía no tomaron una posición.
 

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