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Ecuador: la crisis política y sus responsables

El conflicto esperado por la eliminación de subsidios, al parecer no tiene un plan para contener protestas sociales y demandas

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11 de octubre de 2019 a las 05:04

Por Santiago Basabe*

La eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel es la primera decisión económica de trascendencia que asume el gobierno de Lenín Moreno. A pesar de que la crisis económica que vive el país demandaba que esa medida y otras colaterales se tomen hace mucho tiempo, lo cierto es que al fin está en vigencia. Sin embargo, y como toda decisión que afecta al bolsillo de la ciudadanía, genera conflictividad y así lo debió entender el gobierno. Desafortunadamente, da la impresión que en Carondelet no tenían un plan de contingencia para afrontar la arremetida de diferentes sectores sociales. Da la impresión también que la noticia de la eliminación del subsidio fue conocida con muchísimo tiempo de antelación en los exteriores del Palacio de Gobierno. No se entiende de otra forma que las protestas de transportistas y posteriormente de indígenas se hayan hecho visibles a las pocas horas de que se hizo pública la decisión de eliminar el subsidio. Cualquier movilización de ese tipo requiere tiempo para su correcta articulación.

No se trata sólo de falta de previsión para diseñar una estrategia de respuesta política ni tampoco de omisión en cuanto al debido control de la lealtad de quienes rodean al presidente. Se trata también de una deficiente estrategia de exposición pública de la medida adoptada. En efecto, al colocar el tema del subsidio junto al resto de propuestas de reforma que irían a la Asamblea Nacional, la idea que se generó entre la ciudadanía es que, al igual que la eliminación del subsidio entró en vigencia inmediatamente, un curso similar asumían el resto de medidas, como el recorte de las vacaciones en el sector público o las modificaciones al régimen laboral. Por ello es que ahora las demandas de diferentes sectores se refieren al “paquetazo” económico cuando en realidad lo único en vigencia es la eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel. Si la aplicación de las medidas tenían velocidades diferentes, quizás una opción era también exponerlas a la ciudadanía por cuerda separada. 

Pero lo hecho, hecho está. Ahora el gobierno no tiene otra alternativa que mantenerse en su posición de defensa de la eliminación del subsidio pues claudicar implicaría no sólo afectar al proceso de reestructuración de la economía nacional sino también debilitarse políticamente al punto que dicha decisión debería ir acompañada de la renuncia del presidente Moreno. Como nadie en el país desea inestabilidad y caos, salvo los prófugos y atracadores de los recursos públicos que nos gobernaron durante diez años, es necesario una actitud conciliadora de parte y parte. Sin embargo, esa no parece ser la lógica que ahora mismo orienta a las organizaciones indígenas. Situadas en el punto extremo de pedir el retorno del subsidio como punto de partida de cualquier acercamiento, su posición no es la de quien cede y negocia sino la de quien de forma intransigente quiere para sí todo lo que está en disputa. No sólo eso. Hace pocas horas han privado de la libertad a varios policías y amenazan con aplicar justicia indígena. De la protesta y el reclamo, las acciones indígenas han pasado a conductas delictivas.

En un escenario como el descrito, el gobierno debe no solo buscar la mediación de organismos como ONU o las universidades sino además diseñar una estrategia de fina política al interior de la CONAIE. En dicha operación se deberá evaluar si realmente son todos los sectores allí agremiados los que están en una posición francamente extremista, poco cívica y que compromete los intereses de todo un país, o si por el contrario la actitud intransigente corresponde solamente a unos cuantos líderes con pretensiones electorales. Vista la evolución de la organización indígena durante los últimos años, da la impresión que es el segundo escenario el más cercano a la realidad. En todo caso, para dicha operación política al gobierno no solo le favorece el advenimiento de un feriado nacional sino también el respaldo de diferentes sectores sociales y esencialmente de las Fuerzas Armadas. De hecho, la sólida posición que han mantenido los militares en los últimos días debe ser asumida, casa adentro, como una forma de evidenciar al país que efectivamente son demócratas y respetan el orden constituido.

En medio del conflicto desatado y de las condenables violaciones a los derechos humanos que se han verificado, para que el acuerdo llegue lo más pronto posible el gobierno necesariamente tendrá que ampliar el espectro de temas a negociar con las organizaciones sociales. En ese punto, seguramente muchas de las posibles reformas que iban a ser sometidas a la Asamblea Nacional quedarán truncas o al menos modificadas de forma tal que resulten inviables en la práctica. Quizás las cabezas de algunos ministros también deberán rodar. Esos son los costos que tendrá que pagar el Presidente Moreno, en parte por sus desprolijidades, en parte por la intransigencia de los movilizados. Peor aún, ese es el costo que tendrá que pagar el país por la década de desgobierno de las mentes lúcidas y las manos limpias. Sí, las mentes lúcidas que destruyeron la economía nacional. Sí, las manos limpias que ahora están entre barrotes o buscando el caos para evitar la posibilidad de terminar con sus huesos en el presidio.

* Santiago Basabe es politólogo. Doctor en Ciencia Política y Decano del Depto. de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador. Georg Foster Fellow en la Fundación Alexander von Humboldt.

www.latinoamerica21.com, un proyecto plural que difunde diferentes visiones sobre América Latina.

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