El avance público sobre las tecnologías

Así, en octubre pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 11 de sus estados presentaron una demanda conjunta contra Google por presuntas prácticas monopólicas en el uso de su buscador y en la publicidad en internet. En la misma línea, hace pocos días un grupo de 10 estados abrió un nuevo frente contra Google, acusándole de abusar de su posición monopólica sobre una parte del mercado de la publicidad en línea y que, en colusión, con Facebook ha intentado impedir el intercambio de publicidad entre empresas competidoras.

Hay más. A principios de diciembre la autoridad competente de Estados Unidos y la gran mayoría de los estados presentaron una demanda conjunta contra Facebook, con la acusación de abuso de su posición dominante en el mercado y la supresión de todo intento de competencia. En particular, se alega que “las acciones de Facebook niegan a los consumidores los beneficios de la libre competencia”. Para ello se apoya en la gran cantidad de datos que recopila de unos 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, a la que da diversos usos rentables.

El verdadero objetivo de la demanda gubernamental es el de obligar a Facebook a desprenderse de dos de sus aplicaciones más importantes, Instagram y WhatsApp, que tienen una ponderación conjunta cada vez más significativa en los negocios de la empresa matriz. Previa aprobación de las autoridades competentes, ambas aplicaciones fueron compradas en 2012 y en 2014, respectivamente.

En parte por haber tenido esta autorización oficial previa, Facebook rechaza la acusación de monopolio.

En adición, hay fallos judiciales que han resuelto que los monopolios no son ilegales si son el resultado de una habilidad superior. Sobre esta base, Facebook sostiene que el éxito masivo de Instagram y WhatsApp en estos últimos años se debe más que nada a la conducción y el apoyo de Facebook. Cuando fue comprada, Instagram apenas tenía el 2% de los usuarios que tiene ahora.

Además, en la actualidad Facebook enfrenta una competencia que no existía entonces, como la de Apple, Google, Twitter, Amazon, TikTok, Microsoft y otros. Por si fuera poco, también está la competencia con las empresas de China.

Las demandas contra Google posiblemente se resuelvan con una combinación de multas y acuerdo de partes.

En cambio, la demanda contra Facebook incursiona en una materia más compleja y de resultado incierto. La probabilidad de que finalmente se decida la división de Facebook es muy baja, al menos sin una ley que la disponga, que además sería de difícil aprobación por el Congreso. Quizá por ello es que después del anuncio del gobierno, la acción de Facebook, que había subido más de 35% en el año, apenas bajó 2%.

Más allá de los argumentos de una y otra parte, los reguladores de ahora se están apartando de su misión original de asegurar los precios más bajos posibles para los consumidores. Ahora parece más importante el análisis de los mercados a partir de la reunión de una diversidad de datos a los que se hace rendir en conjunto. Más en particular, se extiende la idea de un monopolio ilegal hacia la concepción de que el uso de los datos personales y su venta y explotación es una actividad ilegal.

El software y los algoritmos, que forman el corazón de la nueva economía digital, requieren de grandes inversiones. La tecnología es, por tanto, una industria de costos fijos, en que la dimensión del mercado tiene un papel decisivo para su amortización. A vía de ejemplo, a partir de su posición dominante en los buscadores de internet, Google se ha desarrollado de forma expansiva creando puentes entre diferentes servicios como mapas, correo electrónico, video en línea, sistemas operativos para telefonía móvil, navegadores y comercio en línea.

El avance público reciente sobre la actividad de Google y Facebook no ocurre solo en Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, con una visión más amplia, la Unión Europea está en la misma línea a través de una nueva legislación sobre las grandes empresas tecnológicas. Ella prevé la imposición de fuertes multas de entre el 6% y el 10% de sus ingresos anuales y, en última instancia, hasta la obligación de vender parte de sus negocios.

El proyecto establece una lista de autorizaciones y prohibiciones para estas empresas, según el número de usuarios, los ingresos y los mercados en los que operan. Obliga además a notificar previamente de todo intento de compra de otra empresa. También se les impone eliminar el contenido ilegal de sus páginas web, aunque provenga de terceros. Las empresas también tendrán que presentar sus políticas de publicidad en sus plataformas y los parámetros utilizados por sus algoritmos para sugerir y clasificar la información.

En resumen, a partir de ahora la importancia de las empresas tecnológicas estará limitada por el avance de la regulación pública correspondiente. Será una relación dinámica, entre el impulso creativo de las empresas y la actitud vigilante de los gobiernos y la opinión pública.