El cambio de gobierno y las políticas públicas para el cooperativismo

Por Juan Pablo Martí, Integrante del Instituto Juan Pablo Terra

El cooperativismo uruguayo es reconocido internacionalmente tanto por su penetración en la sociedad como por la originalidad de sus experiencias. Un informe de Cooperativas de las Américas muestra en Uruguay se registraba una membresía de 1.285.193 personas, esto significa que uno de cada tres habitantes de Uruguay forma parte de una cooperativa. En el sector lácteo la empresa más importante es una cooperativa, el 5% de las viviendas en Uruguay son cooperativas y así podríamos seguir mostrando datos de la importancia del cooperativismo en la economía nacional. Este despliegue cooperativo obedece a distintas razones, pero sin dudas que son centrales las políticas públicas. En 2008 se aprobó la Ley 18.407 de Sistema Cooperativo y se creó el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP). La importancia de las políticas públicas puede ver se reflejada en el aumento en la cantidad de cooperativas de 1.164 en el II Censo Nacional de Cooperativas de 2008 a las 3.948 cooperativas que actualmente registra el INACOOP. La nueva legislación y el instituto para la promoción de las políticas públicas explican, en buena medida, el salto en la cantidad de cooperativas. Las elecciones de este año y el próximo cambio de gobierno, pondrán a prueba, una vez más, las políticas públicas para el cooperativismo.  

En marzo de 2020, cuando asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, hubo un cambio en la conducción del INACOOP luego de 15 años de gobiernos frenteamplistas durante los cuales se aprobó la Ley 18.407 y comenzó a funcionar el INACOOP. El cambio en las autoridades del INACOOP se produjo en medio de la pandemia en abril de 2020 por Decreto 121/020. El INACOOP fue de las pocas reparticiones estatales en que las nuevas autoridades invitaron a participar a las anteriores del cambio de mando.

Al asumir las nuevas autoridades de INACOOP manifestaron su intención de dar continuidad a las líneas estratégicas desarrolladas por la anterior administración. Aun cuando hubo cambios relacionados con la impronta del nuevo gobierno. Uno de los cambios estuvo relacionado con los procesos de descentralización y desarrollo territorial. La nueva administración de INACOOP consideró que faltaba presencia en el interior del país por lo que se profundizaron los convenios con las intendencias y se priorizó el Programa de Presencia Territorial. Otro aspecto que ha sido destacado por la actual administración es la sustentabilidad empresarial. La idea es que, para desarrollar sus valores, las cooperativas tienen que consolidar la gestión empresarial. También las políticas públicas hacia las cooperativas sufrieron recortes presupuestales producto de las orientaciones generales del gobierno y, en su momento, la emergencia de la Crisis del Covid-19.  

No obstante los cambios en este período de gobierno, es posible reconocer una continuidad en las políticas públicas producto de dos factores. El primero es el marco normativo y la institucionalidad pública creada por la Ley 18.407. Un marco normativo coherente y acorde a la especificidad cooperativa y un INACOOP maduro y reconocido por el resto de las reparticiones estatales contribuyen a la continuidad de las políticas públicas. En segundo lugar, la participación a través de los directores sociales en la dirección del INACOOP, de un movimiento cooperativo que durante estos años se ha consolidado constituyéndose en un socio estratégico del instituto. La experiencia del modelo de gestión mixta de INACOOP muestra que los resultados de las políticas públicas mejoran cuando el movimiento cooperativo está fuerte y organizado.

El cambio de gobierno a partir del 1º de marzo de 2025 también traerá cambios en las políticas públicas para el cooperativismo, pero no cabe duda que también es posible esperar continuidades. Tanto los cambios como las continuidades dependerán en gran medida de la capacidad de propuesta e incidencia del movimiento cooperativo organizado.

Esta columna es parte del acuerdo de colaboración entre El Observador y el Instituto Juan Pablo Terra (https://institutojuanpabloterra.org.uy/). El objetivo de estas contribuciones es aportar al impostergable debate nacional sobre la formulación de políticas públicas para las diferentes áreas (social, económica, productiva, ambiental) relevantes para el desarrollo del país.