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El estatismo de los uruguayos

Ante cada problema social, nuestra reacción instintiva es mirar al Estado en busca de una solución

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12 de agosto de 2019 a las 10:01

Imaginen un grupo grande de familiares o amigos (digamos cien) que están tan apegados los unos a los otros que quieren hacer casi todas las cosas juntos en la mayor medida posible: vivir juntos, trabajar juntos, pensar juntos, decidir juntos, etc. A medida que el grupo implemente su proyecto de un modo cada vez más intenso y coherente, la vida en comunidad se irá haciendo cada vez más opresiva, hasta que al final cada miembro del grupo dejará de tener una vida privada propiamente dicha. Una locura, ¿verdad? Imaginen ahora que ese grupo se multiplica por mil o un millón y abarca a toda una nación. En ese caso esa locura se llama “colectivismo”. 

Mi tema de hoy no es el colectivismo sino el estatismo, una versión más moderada de la misma tendencia desordenada. Según el DRAE, el estatismo es la “tendencia que exalta el poder y la preeminencia del Estado sobre las demás entidades sociales”. ¿Qué es el Estado? A los efectos de este artículo, propongo esta definición casera: el Estado es la organización mediante la cual una sociedad nacional toma decisiones y realiza acciones colectivas como nación. El colectivismo confunde totalmente el Estado con la nación. El estatismo, sin llegar a tanto, tiende a un crecimiento exagerado del Estado en perjuicio de la sociedad civil.

Don José Batlle y Ordóñez, “el constructor del Uruguay moderno”, dejó a nuestra República al menos tres legados funestos: un estatismo galopante, un secularismo radical y una obsesión por el Poder Ejecutivo colegiado. El estatismo y el secularismo ya existían en Uruguay antes de los gobiernos de Batlle y Ordóñez; él sólo los potenció. El colegialismo, en cambio, fue una excentricidad personal de Batlle, de la que, gracias a Dios, el Uruguay se liberó hace medio siglo. Por desgracia, sus otros dos legados nefastos siguen hoy más vivos que nunca.

El estatismo ha calado hasta los huesos de los uruguayos, por lo que, ante cada problema social, nuestra reacción instintiva es mirar al Estado en busca de una solución. Nos cuesta mucho reconocer que a menudo el intervencionismo estatal es parte del problema, más que de la solución. Tendemos con mucha facilidad a concebir y apoyar un Estado hipertrófico. 

Los signos de que el Uruguay sufre de un estatismo exagerado se encuentran casi por doquier. 

• Las mayores empresas del Uruguay son todas estatales.
• El Estado fija el precio de la leche, los combustibles, los boletos de transporte colectivo, etc.
• El Estado interviene en la vida económica incluso en detalles casi increíbles: los propietarios que quieren pintar sus viviendas por sí mismos necesitan hacer un trámite en el BPS para estar en regla; los restoranes tienen prohibido poner saleros sobre sus mesas, excepto a petición de sus clientes; etc.
• Solemos decir que “Uruguay es un país laico”. Se trata de un gran error, que confunde al país con el Estado. Uruguay es un país plural en materia religiosa, con una población mayoritariamente cristiana, con una historia enraizada en siglos de civilización cristiana y con un Estado laico o, mejor dicho, aconfesional; las palabras “laico” y “laicidad” ni siquiera figuran en la Constitución de la República.

La doctrina social cristiana no niega el importante rol del Estado en la vida económica y social, pero lo limita por medio del principio de subsidiariedad. Según este principio, el Estado no debe asumir los roles que corresponden a los individuos, las familias, las empresas, las asociaciones civiles, las iglesias, etc. No debe absorber ni sustituir a esas otras entidades, sino crear las condiciones para que ellas funcionen mejor y ayudarlas a cumplir sus propias funciones. En algunos casos, cuando no puedan cumplir adecuadamente una función, el Estado podrá suplirlas, pero la suplencia deberá limitarse a los lugares, tiempos y modos en que sea necesaria.

Pese a su gran importancia y su carácter sumamente razonable, el principio citado es poco conocido y poco aplicado, incluso por los cristianos. Por ejemplo, hoy muchos cristianos piensan que ayudar a los necesitados es una tarea propia del Estado y que las obras sociales o caritativas de la Iglesia son una especie de ayuda provisional de la Iglesia al Estado, mientras éste no pueda realizar esas obras por sí mismo. Una mentalidad estatista conduce a esa completa inversión del principio de subsidiariedad. El peligro del estatismo se manifiesta del modo más claro en la educación. ¿Por qué a personas que se sentirían muy preocupadas si el 80 % de los medios de comunicación pertenecieran al Estado les parece perfectamente natural e inocuo que la educación de más del 80 % de nuestros niños y adolescentes esté en manos de organismos del Estado? Máxime si, como ocurre en Uruguay, esos organismos tienen una estructura hipercentralizada y a ello se suma un cuasi monopolio estatal de la formación docente: una receta segura para la crisis educativa…

Un consejo a los ciudadanos que votarán en las próximas elecciones nacionales: al evaluar las distintas propuestas políticas, tomen muy en cuenta, entre otras cosas importantes, el principio de subsidiariedad; y, por ende, no voten a quienes quieren avanzar en la ruinosa dirección de un estatismo cada vez mayor, sino a quienes quieren poner coto al desarrollo exagerado del Estado y fortalecer nuestra anémica sociedad civil. 

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