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El gobierno apeló a las ganancias de Ancap para evitar la cuarta suba de los combustibles en cinco meses
A contramano de lo observado en el mercado internacional, donde los precios de los combustibles subieron en el último mes, el Poder Ejecutivo decidió el martes dejar congeladas las tarifas de la nafta y el gasoil durante octubre. De haberse cumplido con la nueva regla, las tarifas hubieran aumentado por cuarta vez en cinco meses, tras un leve descenso en este mes. El apartamiento del camino –que se inició hace solo cinco meses y obligó al gobierno a aumentar tres veces los combustibles– recibió cuestionamientos a distintas bandas, desde actores políticos hasta economistas del sector privado.
El uso del Precio de Paridad de Importación (PPI) estuvo postergado hasta mayo porque las autoridades habían priorizado la reactivación económica en medio de la pandemia. La decisión de no tocar las tarifas pesó enteramente sobre las finanzas de Ancap durante gran parte del primer semestre.
El debut del PPI fue en junio con un ajuste parcial de 12%, que si se hubiera aplicado en su totalidad siguiendo la metodología ascendía en promedio a 19%. Luego le siguieron correcciones al alza inferiores a 1% en julio, y de 9% promedio en agosto. En setiembre los precios cayeron 0,6% en naftas y 1,5% en gasoil. Esa baja estuvo también precedida por un cambio en el período de análisis que se toma para la revisión.
¿Qué pasó este mes? Si se hubiera aplicado el mecanismo de PPI la nafta Súper 95 debería haber aumentado 0,1% y el precio al público de este producto hubiera pasado de $ 70,40 a $ 70,51 por litro. Para el caso del gasoil la suba hubiera sido de 3%, y con un encarecimiento de $ 1,52 el precio del litro hubiera pasado de $ 49,94 a $ 51,46.
Eso como resultado de la evolución que tuvieron los precios en el Golfo de México en EEUU entre el 26 de agosto y el 25 de setiembre. Ese es el mercado de referencia que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) usa para la elaboración de su informe mensual que luego mira el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el gobierno dejó de lado esos indicadores e hizo pesar las ganancias que Ancap obtuvo en el primer semestre de año, por US$ 39 millones. Ese resultado se explicó principalmente por las ventas de gasoil a UTE para la generación de energía exportable a Brasil, una situación excepcional provocada por el déficit hídrico en ese país.
La posibilidad de aprovechar el negocio que hizo Ancap con UTE había sido manejada incluso por legisladores del oficialismo previo en la antesala de la actualización de precios de agosto. En esa oportunidad, según supo El Observador, algunos dirigentes de la coalición plantearon al Ejecutivo que contemplara las ganancias excepcionales y las trasladara a precios.
El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo a Telemundo que ese tipo de escenarios no habían sido contemplados originalmente en el sistema de cálculo que promovió el gobierno. “Nuestro sistema se basa en dos cosas: en el PPI de Ursea y el X en el que se reconocen los sobrecostos de Ancap ($ 2,97 por litro), pero no tomamos en cuenta que podía haber ganancias extraordinarias de Ancap”, afirmó Paganini. “Dijimos bueno, si hay sobrecostos e ineficiencias resolvámoslo, pero cuando haya una buena noticia y podamos usarla para mitigar un aumento usémosla. Y eso es lo que estamos haciendo”, añadió el ministro.
Así las autoridades basaron su decisión en que Ancap “está en condiciones de asumir la variación”, según afirmó el comunicado oficial. El congelamiento de tarifas en octubre implica que el ente verá reducidos sus ingresos por el desfasaje entre sus precios de venta y el PPI.
La visión de los economistas
Con esta decisión, el manejo discrecional de las tarifas de los combustibles ganó fuerza nuevamente, aun cuando se creó una regla que pretende disminuirla.
La decisión adoptada por el Poder Ejecutivo fue criticada por varios economistas. “La discrecionalidad vive y lucha”, escribió en su cuenta de Twitter el economista de Vixion Aldo Lema. Ya días atrás en una conferencia en la Expo Prado, el experto había señalado algunos de los principales riesgos que tiene la nueva institucionalidad.
En el primer lugar de esa lista había colocado “la incomprensión ciudadana sobre la volatilidad internacional del petróleo” con una posible pérdida de respaldo hacia el nuevo ciclo electoral, en segundo lugar la resistencia para traspasar un eventual ciclo alcista del petróleo a las tarifas, y como tercer elemento de riesgo el retorno a la discrecionalidad con nuevamente una “politización del mecanismo de fijación de precios”.
Para Pablo Rosselli, de la consultora Exante, con la medida tomada el martes el gobierno dio “marcha atrás en su intento de pasar a un manejo menos discrecional de los precios de los combustibles”. Según dijo, la decisión parece positiva porque evita una suba; pero si el petróleo no baja, en algún momento será necesaria una suba para mitigar el impacto fiscal.
“En cualquier caso, el tema central es si queremos un manejo discrecional de las tarifas públicas o si queremos reglas claras y predecibles. (…) El manejo discrecional de las tarifas públicas diluye todos los incentivos a la eficiencia económica y nos asegura eternas discusiones sin sentido”, escribió en su cuenta de Twitter.
En tanto, el economista Javier de Haedo dijo que “el razonamiento” realizado por el Poder Ejecutivo “no resiste el menor análisis”. “Las reglas se hacen para cumplirse. Cuando sirve y cuando no. Cabe suponer que esta decisión es consecuencia de que habrá un referéndum. Como la postergación de la reforma previsional”, escribió en su cuenta de Twitter. “A falta de reformas en Ancap, o a cuenta de ellas, el final de la discrecionalidad y la mayor transparencia eran un paso que muchos elogiamos. Ahora, ni eso”, añadió.
