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Transporte colectivo: solo un tercio de las líneas da ganancias y gobierno revisa subsidios
Desde el 13 de marzo de 2020, fecha en la que el gobierno decretó la emergencia sanitaria, el Estado lleva invertidos US$ 192 millones en distintos tipos de subsidios para sostener al sistema de transporte. Y eso es únicamente si se cuenta el período que fue hasta junio de este año.
Subsidio para el gasoil, al boleto estudiantil y al boleto rural son los tradicionales componentes de esa transferencia de recursos. Pero la pandemia hizo aparecer lo que en la cartera ya se denomina el “subsidio de guerra”, destinado fundamentalmente a que las empresas, pese a un descenso de hasta el 50% de la facturación, mantuvieran los coches en la calle y, fundamentalmente, conservaran la mayor parte posible de su plantilla laboral.
También para evitar que las firmas directamente desaparecieran. Ahora, apostando a un escenario de recuperación de la normalidad, el ministerio apunta a una revisión que, tal como está planteada, promete ir más allá del esquema de subsidios.
Así lo adelantaron la semana pasada en el Parlamento las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el marco de la presentación general de sus principales líneas de acción para el próximo año. Según explicó el director nacional de Transporte, Pablo Labandera, el plan es tener pronta esa revisión antes de abril del año que viene. Se hará a través de una consultoría contratada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que participará el exdirector de Transporte de la Intendencia de Montevideo, Gonzalo Márquez.
Los datos elevados por el ministerio ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados indicaron que, tomando como base la cotización de diciembre de este año, en el período comprendido el Estado destinó por ese “subsidio de guerra” US$ 22 millones al sistema suburbano, US$ 20 millones al interdepartamental y US$ 54 millones a Montevideo. Otros US$ 17 millones fueron al interior.
En cuanto al subsidio al boleto, la capital recibió más de US$ 25 millones, el sector suburbano US$ 16 millones y el interdepartamental US$ casi US$ 13 millones. A los departamentos del interior fueron destinados con este fin US$ 10 millones.
Labandera anunció además que se comenzará un proceso de revisión en la distribución de líneas, con el objetivo de racionalizar al sistema y permitir que exista una “competencia leal” entre las empresas.
En ese sentido, dijo, hay un diagnóstico anticipado: solo un tercio de las líneas en todo el sistema reporta ganancias o utilidades razonables. En otro tercio hay un “empate” en cuanto a utilidad y costos, y finalmente hay otro tercio, sobre todo las “líneas sociales”, en las que las empresas, directamente, pierden dinero.
Según explicó, se trata de un fenómeno atado a una paramétrica utilizada para fijar el precio del boleto que necesariamente "también será revisada”.
En el horizonte cercano aparece además una nueva renovación de las flotas que, para esta administración, estará lejos de los vehículos a gasoil. La intención, sostuvo Labandera, es ir cada vez más hacia sistema híbrido o eléctrico. “Es claro que el gobierno tendrá que dar mensajes y señales decisivas en ese sentido, y en eso estamos trabajando”, apuntó.
De todas formas, sostuvo, la apuesta a un sistema que deje de lado los combustibles fósiles solo permitirá, como máximo, una reducción del 10% en los costos.
También se trabaja en lo que las autoridades han percibido como un “cambio cultural” de los usuarios del transporte de pasajeros. Es que el sistema además, según Labandera, tiene cada vez más competidores: la bicicleta y la moto, pero también personas que se juntan y financian sus viajes en un auto, entre otros.
En ese sentido los datos del ministerio apuntan que solo el 20% de los usuarios del transporte colectivo constituyen el “núcleo duro” del sistema.
El aporte de los trabajadores
Las inquietudes de los trabajadores, en tanto, pasan por otros lugares. A la comisión asistieron la semana pasada los trabajadores de Copsa, una empresa que recién logró desactivar en estos días un paro por tiempo indeterminado ante atrasos observados en el pago de haberes que se arrastran desde 2019. Entre enero y marzo vence el seguro de desempleo parcial en el sector y los sindicatos plantean la incertidumbre sobre qué pasará en el futuro.
Un informe elevado a la comisión por la Coordinadora del Transporte Interdepartamental, al que accedió El Observador, señala que el “subsidio de guerra” aludido por el ministerio fue adjudicado de forma absolutamente discrecional, sin tener en cuenta ningún criterio técnico.
Si se toma en cuenta lo sucedido en 2020, se afirma que el ajuste de tarifas en el sector fue de 4%. De allí, el 2,5% correspondía a salario, pero no llegó a destino.
Según los datos de la coordinadora, eso significó que los trabajadores terminaron aportando US$ 1,5 millones para sostener al sistema. Los cálculos indican que en lo que va de esta año esa cifra se multiplicó por cuatro.
Uno de los dirigentes de la coordinadora, José Duarte, planteó ante los legisladores otro tipo de situaciones. “Los compañeros que tienen libreta profesional están trabajando por afuera, en otros ámbitos y en negro”, aseguró.
Eso se traduce en que muchos conductores pasaron a manejar camiones además de ómnibus. “No están teniendo el descanso adecuado, y todo para llegar a pagar las cuentas”, lamentó.
