El optimismo de Botín y una luz naranja menos para el MEF

La mirada positiva desde afuera

La coyuntura interna muchas veces ocupa la agenda sobre la marcha de la economía y (a veces) suele dejar de lado la percepción que los agentes del exterior tienen sobre la región y qué perspectivas ven para el corto plazo. Varios analistas han advertido que el panorama para América Latina será más complejo por el retiro de estímulos de la Fed (el banco central de EEUU), algo que (en la teoría) debería desalentar el arribo de capitales para una región de mayor riesgo y de la que Uruguay forma parte.

Sin embargo, hay otros que tienen una visión bastante opuesta y mantienen su optimismo con la recuperación de América Latina pospandemia. En este contexto, Uruguay cuenta (desde hace un bueno tiempo) con una ventaja relativa frente a sus pares por sus atributos (solidez institucional, estabilidad social, reglas de juego claras, etc), variables que los inversores del exterior también ponen en la balanza a la hora de hacer su números en una planilla de Excel para definir qué destino es el más adecuado para depositar y hacer rendir su capital.

Esta semana me tocó participar de una exposición que realizó para la prensa de la región la española Ana Botín, presidenta ejecutiva del Grupo Santander, donde transmitió una panorama auspicioso y se desmarcó de aquellas visiones más pesimistas.

“Estamos en un momento donde los analistas ven a la región con problemas y están pesimistas. Esa visiones, bastante negativas, son muchas de las fake news”, lanzó en un pasaje de su disertación una de las ejecutivas bancarias más poderosas del mundo.

Botín brindó una serie de datos para argumentar por qué considera que Latinoamérica logró avanzar en los últimos 30 años en sus indicadores, sociales, económicos, educativos y políticos. Resaltó, por ejemplo, que el PIB per cápita aumentó 50% desde la década de 1990 — se ubica en unos US$ 15 mil— o que el 90% de los países no tuvo crisis bancarias o de deuda soberana en la última década. Además, consideró que una prueba más contundente de su optimismo era el incremento de la clase media. “Latinoamérica ha sacado a 60 millones de personas de la pobreza”, valoró, e indicó que el 85% de la población hoy es urbana y en términos de ingreso puede ser considerada de clase media.

Botín admitió que una parte de esa nueva clase media “es vulnerable” y que seguramente eso tenga su correlato en las expectativas de mejora que esos ciudadanos tienen y también de la polarización que suele observarse en distintos países no solo de la región, sino también en Europa o EEUU.

La presidenta del Santander dijo que lo que está en juego para la región es cómo se crean instituciones y reglas de juego para aumentar el crecimiento económico que las nuevas clases medias están demandando. Además, consideró que ese progreso de América Latina coincidió con la “consolidación de la democracia”, donde destacó a Uruguay, Chile y Costa Rica por tener tres de las democracias más sólidas del mundo. También consideró que, en líneas generales, los distintos gobiernos entendieron la “importancia” de la estabilidad de precios y la sostenibilidad fiscal. Tras anunciar un plan de inversiones por 6.000 millones de euros (unos US$ 6.800 millones) en los próximos tres años para la región, Botín enfatizó: “Hay razones para el optimismo”.

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también tienen una visión optimista con el desempeño de la actividad económica y de la inversión para 2022 una vez que se diluya el furor de UPM y confían en que se puedan crear otros 40 mil empleos. “Al día de hoy, ya tenemos más de US$ 3.000 millones en proyectos de inversión presentados ante la Comap. Eso es otra UPM”, dijo en entrevista con El Observador la directora de la Asesoría Macroeconómica, Nicole Perelmuter.

La nota de Fitch, un guiño que da aire

La posibilidad de que Uruguay perdiera el grado inversor —por parte de una de las tres grandes calificadoras de riesgo— estuvo latente tres años. No era un riesgo menor porque ese activo implicaba que muchos agentes del exterior —como fondos de pensión— se vean impedidos de adquirir los bonos del Estado por no contar con investment grade de las tres calificadoras (Standard & Poor's, Moody’s y Fitch). Eso, indirectamente llevaría a que la lista de potenciales prestadores para financiarse sea más pequeña y que el costo del crédito sea más costoso, en resumidas palabras.

Este jueves llegó una noticia alentadora para los intereses del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La mejora de la perspectiva de negativa a estable de la deuda en BBB- por parte de la agencia Fitch —el mínimo escalón para tener el grado inversor— seguramente fue celebrada en la calle Colonia y Paraguay, pero también por el gobierno en general. Esta agencia, ha sido (hasta ahora) la más dura en sus evaluaciones, sostuvo que la revisión de la perspectiva de Uruguay refleja su resiliencia fiscal durante la pandemia y la mejora estructural en las finanzas públicas. “Las expectativas de Fitch sobre la evolución fiscal han mejorado, dado el mejor desempeño de la recaudación, menores costos de endeudamiento y una mayor confianza en los planes de las autoridades de consolidación fiscal enfocadas en el gasto”, valoró Fitch, que espera que la economía crezca 3,4% este año, en línea con la previsión de 3,5% que tienen las autoridades del MEF.

Esta buena noticia para los intereses de la deuda del Estado uruguayo llega en momentos donde las condiciones para conseguir financiar el déficit fiscal a tasas más bajas en los mercados internacionales irán (gradualmente) quedando atrás. Esto porque la Fed anunció esta semana que acelerará su plan de retirada de estímulos, al tiempo que proyectó tres subas en la tasa de interés para 2022. Dada la reputación que se ganó Uruguay en los mercados de deuda, seguramente financiarse no sea un problema y tampoco hay razones para prever un impacto significativo sobre la mochila de intereses que deben pagarse para amortizar los fondos que los inversores le prestaron a Uruguay.

De todas formas, dejar de tener la espada de Damocles (por la posibilidad de perder el grado inversor en el corto plazo) es un alivio que da aire para la gestión de la deuda pública en 2022.