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El Ministerio de Ambiente tendrá un control más estricto sobre las superficies que se forestarán.

Economía y Empresas > LÍMITE CONTROVERTIDO

Los millones de hectáreas que están en juego con la regulación del sector forestal

La diferencia entre el decreto que aprobó el Poder Ejecutivo y el proyecto de ley de Cabildo Abierto; en el campo no hay una visión unánime sobre cómo regular el desarrollo de esa actividad 

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16 de diciembre de 2021 a las 05:01

El desarrollo de la actividad forestal en Uruguay se remonta a 1987, año en que se aprobó un marco legal con incentivos para desarrollar ese tipo de producción. Los árboles comenzaron a plantarse, crecieron, y tres décadas después se instaló en Uruguay la primera planta de celulosa (UPM) en Fray Bentos, luego se sumó Montes del Plata (2014) y una tercera pastera de UPM está en pleno proceso de construcción en Paso de los Toros para arrancar en el segundo semestre del próximo año. Actualmente, en el país se han forestado 1,054 millones de hectáreas (ha) al cierre de 2020, según datos de Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). Ese año se implantaron unas 72 mil ha de nuevas plantaciones. 

La normativa vigente establece suelos con prioridad forestal una superficie que ronda las 3,5 millones de ha, según datos actualizados del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). A esto hay que sumarle otras 651 mil ha de distintos tipos de suelos que están condicionados para esa actividad en base a requisitos vinculados a la diversificación agrícola-ganadera. 

Se considerarán de prioridad forestal “aquellos suelos que, por sus propiedades, aptitud, clima, ubicación y demás características, son inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso”, dice la Ley Forestal N° 15.939. 

No obstante, en los últimos años, la forestación comenzó a expandirse más allá de los suelos con prioridad forestal. En muchos casos, las plantas de celulosa han acordado con productores agropecuarios el arrendamiento de una superficie total o parcial para plantar árboles con un objetivo definido: asegurarse la materia prima que demandarán sus plantas industriales en las próximas décadas y, por otro, reducir al máximo la incidencia que tienen los fletes en el transporte de esa madera a sus industrias. Aproximadamente dos tercios de los costos del producto forestal uruguayo están vinculados a la logística.

Hasta dónde limitar

Tanto el decreto que aprobó el Poder Ejecutivo como el proyecto de ley de Cabildo Abierto —que este miércoles obtuvo la aprobación del Senado con los votos del Frente Amplio— buscan restringir el avance de la forestación en los suelos más productivos. La diferencia está en la cantidad de superficie que pretende excluirse o limitarse para ese fin con cada una de esas alternativas. 

A juicio del senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, existe un “encontronazo entre diferentes visiones de cómo se debe desarrollar la actividad agropecuaria en el país”, según declaró este miércoles a radio Carve. El legislador defendió el proyecto de ley que impulsó su partido y fundamentó por qué se pretende limitar el desarrollo de la forestación por fuera de suelos que no son de aptitud para ese fin.

Domenech señaló que la iniciativa pretende darle “garantía a los pequeños y medianos productores del suroeste” del país donde hay tierras agrícolas, se extiende buena parte de la cuenca lechera, y donde se hace un “uso intensivo de la tierra” para la producción de forraje y alimentos. “Esa zona está expuesta al avasallamiento de la forestación porque está cerca de las plantas (de celulosa) y puede maximizar sus ganancias ”, alertó. Añadió que en el último tiempo se dio un avance producto de las distintas excepciones que dieron las intendencias para autorizar la plantaciones forestales en sus departamentos. Por otro lado, argumentó que no se trata solo de un tema económico sino social porque la propiedad está “razonablemente distribuida” en predios de entre 200 y 400 ha. El senador cabildante informó que Montes del Plata y UPM hoy ya son propietarias de 700 mil ha en el país.

Cabildo Abierto cuestiona el avance de la forestación en zonas que son aptas para otras actividades como la agricultura o la lechería.

El legislador cuestionó el decreto del Poder Ejecutivo porque permite la forestación en suelos de tipo 5.02b (categorización productiva de la tierra). Explicó que en ese tipo de suelos es donde hoy está extendida la cuenca lechera (suroeste del país), la ganadería intensiva y la agricultura. “No nos parece nada bueno que la forestación —que puede radicarse en 4 millones de ha que fueron declaradas de prioridad forestal— ahora pretenda extenderse fuera de esa zona”, criticó. El legislador estimó que hoy en día ya hay unas 300 mil ha que se implantaron por fuera de la zona de prioridad forestal y donde los productores de otros rubros compiten “en condiciones desiguales” producto de los beneficios fiscales que tienen las plantas de celulosa para producir en Uruguay. 

“Nadie puede negar que el mundo va a continuar masticando carne, granos, lácteos; nadie va a andar masticando celulosa”, afirmó. 

En el Poder Ejecutivo consideran que el nuevo decreto —que aprobó esta semana— reducirá el potencial forestal del país de un máximo de 12 millones de ha a unos 6 millones de ha una vez que comience a aplicarse el decreto, lo que de alguna forma pone un cierto tope y restricción a la expansión de ese cultivo en los suelos más productivos. De todas formas, esa cifra de 6 millones de ha es una aproximación ya que hoy solo está cartografiado el sur del Río Negro. La forestación está permitida hoy para suelos que tienen un índice Coneat (mide el potencial del suelo) inferior a 114. 

Actualmente, los proyectos mayores a 100 ha deben contar con autorización de la Dinama. En cambio, con el nuevo decreto, se agregó que las plantaciones de entre 40 y 100 afectadas también deban contar con autorización del Ministerio de Ambiente. 

“Estamos proponiendo que esos criterios se ajusten de un modo restrictivo, teniendo en cuenta muchas variables a la hora de la actualización ambiental, no solo la variable suelo”, destacó el ministro de Ambiente Adrián Peña en el Parlamento cuando defendió el decreto. Dijo que eso incluye otras variables como, por ejemplo, el agua, la biodiversidad y el valor patrimonial, como dimensiones que se califican a la hora de autorizar o no los nuevos proyectos forestales que otorgará su cartera desde enero de 2023. 

En el semestre enero-junio se arrendaron 10.398 ha para forestación con un valor medio por ha por año de US$ 135, levemente por debajo de otros rubros como la lechería (US$/ha 138) o el arroz (US$/ha 138), pero bastante por arriba de una renta ganadera (US$/ha 67), según la DIEA. 

En el campo hay visiones encontradas 

El avance de la forestación en la actividad agropecuaria no tiene un respaldo unánime de los productores rurales. Para algunos es un competidor pesado que quita espacio para desarrollar otras actividades por un período de tiempo relativamente largo (los ciclos de las plantaciones van desde los 10 hasta los 30 años), mientras que para otros es un complemento o un ingreso extra. En este último caso están muchos productores ganaderos que han pactado acuerdos de arrendamiento con las pasteras para ceder fracciones de sus explotaciones para ese fin y donde se aseguran un ingreso estable (y atractivo en muchos casos), ajeno a los vaivenes del clima o los mercados. 

Otros actores, como la lechería, pretenden que el gobierno brinde algún tipo de apoyo para competir con la forestación en algunas zonas del país. La Sociedad de Productores de Leche de Florida (la cuenca que concentra la mayor producción láctea del país) pretende que el Ejecutivo impulse una ley que apoye el sector, se declare zonas o áreas de prioridad lechera, y se otorgue un beneficio fiscal para quienes arriendan las tierras con ese fin productivo. Para los tamberos, si suelos tipo 5.02b en Florida, San José y Colonia —departamentos de la cuenca lechera—, se declararán como prioridad forestal, sería “una amenaza” para la lechería”.

Las gremiales agropecuarias no tiene una posición unánime sobre limitar al sector forestal.

“Es un tema muy importante y es una amenaza para el sector. Si la forestación entra en esos suelos se va contra la producción lechera, porque puede ser un competidor muy fuerte para nosotros, teniendo en cuenta que más del 50% de las tierras son arrendadas”, había declarado a El Observador el presidente de la SPLF, Fabián Hernández.

Durante la presentación del decreto en el Parlamento, el subsecretario de Ganadería, Ignacio Buffa, aclaró el alcance de la nueva normativa.  “De esos 12 millones de hectáreas (aptas para forestar) vamos a bajar sensiblemente. Hoy los suelos 5.02b desde la perspectiva ambiental, cumplen con la condición porque el índice Coneat en estos casos es de 88. Entonces, si solamente miramos esa dimensión, un proyecto ahí podría ser forestado, pero ahora con esto, eso no entra, porque en el 5.02b tenemos suelos que son agrícolas, que expresamente están excluidos, los 1 y 2. Por lo tanto, mirando esta zona altamente sensible y a la que le hemos puesto un foco, el decreto es muy restrictivo”, aseguró. Los suelos que están catalogados como 5.02b comprenden una superficie de 1,1 millones de ha, de los cuales unas 200 mil podrían forestarse. 

El movimiento un Un Solo Uruguay es otro de los que también han manifestado su discrepancia públicamente con el avance da forestación y esta semana respaldó el proyecto de Cabildo Abierto a través de un comunicado. En cambio, las gremiales más tradicionales del agro como la Asociación Rural (ARU) y la Federación Rural (FR) se han mostrado contrarias a limitar esa actividad. 

Incluso hasta el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, dejó en evidencia su disconformidad con el decreto que promovió el Poder Ejecutivo porque, a su juicio, es “muy restrictivo” y advirtió que se genera una “sobrerregulación” sobre el sector forestal. Al tiempo que alertó que habrá productores ganaderos que se encontrarán que no podrán arrendar un pedazo de su campo por las nuevas disposiciones que fijó el Ministerio de Ambiente.

El legislador considera que el foco debería abordarse en la diferencia tributaria, por ejemplo, que existe entre la ganadería y la forestación. Puso como ejemplo que un camión de ganado paga Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios), mientras que uno de madera no está gravado por ningún tributo. 
 

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