Proyecto de ley forestal fue aprobado por el Senado con 16 votos en 31; Manini se reunirá con Lacalle

Después de ocho meses de discusión en Diputados –donde fue aprobado gracias a una alianza coyuntural entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio– y casi un año en el Senado, el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos reclamaba poner fin a las "dilatorias" y encaminar una nueva regulación de suelos forestales. 

El Frente Amplio había anunciado su apoyo al proyecto  previo a la sesión, mientras que colorados y blancos lo cuestionaban.

Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou ratificó este martes que vetará la ley. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, anunció que se reunirá con el mandatario para tratar el tema.

Manini Ríos destacó como "altamente positiva" la discusión asentada por más de siete horas en el Senado y valoró el resultado de la votación como "satisfecho", pese a que ya conoce que el presidente Lacalle prevé hacer uso del veto para derrocar el proyecto de ley. "Creemos que el Poder Legislativo trabaja con total independencia y así hemos trabajado. (...) Si se produce el veto, habrá reunión de la Asamblea General para tratarlo, pero no me corresponde a mí adjetivar", sostuvo.

El senador indicó que junto a su sector pretende reunirse con el mandatario en las próximas horas y aseguró que, de igual forma, cumplirá con las instancias que marque la Constitución ante este tema. "Una vez que culmine todo el proceso no hay lugar para un proyecto en el mismo sentido, o por lo menos en esta legislatura", reconoció.

"Por ver el árbol, Cabildo Abierto nunca va a perder de vista el monte. Nunca vamos a perder de vista lo que es realmente sustancial e importante. Es un hecho importante y significativo lo que pueda ocurrir con esta ley que se acaba de aprobar hoy, pero hay cosas que para nosotros son más importantes", asumió.

El senador cabildante Guillermo Domenech encabezó la sesión recordando que la actividad agropecuaria es "esencial" en el país y para eso repasó parte de la historia del sector. Luego, llamó a defender el trabajo de los productores rurales, quienes, según subrayó, esperan el respaldo de parte de las autoridades del gobierno en las modificaciones a esta ley.

"Hay unos 50 o 60 mil productores rurales y asalariados que, con sus manos gruesas y su cutis curtido, generan la riqueza nacional. Lamentablemente, tenemos una cultura urbana y el país ha vivido de espaldas al campo", dijo esta mañana.

"La forestación no se ha extendido en la forma aún que pretenden los intereses que la impulsan, especialmente en el suroeste del país, debido a disposiciones de naturaleza departamental. Los pequeños y medianos productores del suroeste, olvidados por anteriores gobiernos, esperan que en el presente se los contemple y no solo se impida su desplazamiento, sino que se asegure a los actuales empresarios y jóvenes que se inician en la actividad agropecuaria (...) el acceso a la tierra, que dificulta la actual concentración de la propiedad rural, particularmente en manos de las empresas forestales y la industria celulósica que impide su desarrollo", agregó.

Domenech apostó a que la sociedad uruguaya tenga una "consciencia agropecuaria generalizada" y espera que el campo no quede "desamparado" en beneficio de intereses trasnacionales a los que "solo guía el lucro". "Creemos que hay que limitar cuál es el área en la que puede desarrollarse (la actividad forestal)", remarcó.

A su postura la sucedió la del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien se mostró en contra de la modificación enfatizando que el proyecto de ley "no atiende la sensibilidad" ni los "problemas reales" que tiene el campo con la forestación. Además, expresó que la forestación es el sector "más regulado por lejos" en el rubro agropecuario.

"No veo que exista nada relativo a la garrapata diseminada en los montes forestales en este proyecto de ley. Tampoco está atendida la proliferación de jabalíes producto de los montes y tampoco los perros sueltos de jauría que encuentran en esos montes galpones naturales para desarrollarse", indicó.

El legislador nacionalista defendió las acciones del gobierno al afirmar que este se preocupó por atender un sector que ya estaba regulado. "Es el único sector en el que para comenzar la actividad uno tiene que pasar por la ventanilla del Ministerio de Ganadería, Medio Ambiente y la intendencia respectiva. Y ahora se le agregan mas regulaciones", reclamó.

Así lo ejemplificó: "No existe en Uruguay un solo ejemplo de cuotificación legal a cualquier actividad económica no es de uruguayo, sino que existe en Argentina". 

Afianzado a la idea de que la iniciativa apoya un "cambio rotundo de la costumbre uruguaya", opinó que la ley, que data de 1987, es "productivista" y de "neto corte wilsonista". "Gracias a Dios, en este país la libertad para emprender y producir no va a estar supeditada a la ocurrencia de un político de turno. Si entramos en ese camino mañana puede haber otra ocurrencia que limite la exportación de ganado en pie o de vaquillonas Holando. Estamos rotundamente en contra por la innovación kirchnerista que establece el artículo 2° de este proyecto de ley", argumentó. 

Dijo, a su vez, que el sector político debe tener una "visión productivista", con "incentivos", en lugar de promover cuotas a la producción nacional, que, a su juicio "no identifican" al campo uruguayo. En palabras de Da Silva, que se propuso defender al "hombre de campo, este cruces de planteos entre el oficialismo "no van a generar ni un rasguño en la coalición de gobierno", que "fue la responsable de terminar el año a puro coraje y hombro".

José Carlos Mahía, representante del Frente Amplio por Asamblea Uruguay, dijo que su sector ha tenido mayoritariamente posiciones coincidentes con todo el partido, así como también discrepancias. Pese a ello -aseguró- han buscado priorizar la lógica de asumir posiciones de partido para "fortalecer la democracia y su funcionamiento".

"Las salvedades las hemos hecho cuando se refieren a cuestiones de principios o que nuestra bancada declara como asunto político. Como este no ha sido el caso, vamos a acompañar con nuestro voto la decisión mayoritaria de la bancada del FA", explicó.

No obstante, enumeró una serie de reparos que el sector tiene respecto a la decisión, más allá de compartir la "visión estratégica" y los ejes que apuntan al desarrollo económico, social y ambiental sostenible, y le respondió a Da Silva, quien habló de no cambiar la libertad para producir en función de los políticos de turno.

"Acá se señaló que no se podía cambiar en función de políticos de turno o que se sostenía una autorregulación por parte del sector privado respecto a cuestiones de desarrollo productivo y ambiental. En el fondo esto tiene que ver con el rol del Estado sin caer en el rol estatizante, que no nos comprende. Sí creemos que, por el interés general, el rol del Estado tiene que ser de un regulador activo y que el desarrollo del país no puede ni debe quedar librado en exclusividad a las iniciativas privadas o a autorregulaciones, que, por la lógica que tiene el funcionamiento, terminan mirándose a sí mismas y no pensando en el desarrollo general", contestó el senador frenteamplista.

En esa línea, reafirmó que el papel del Estado será "insustituible" para ejercer un rol regulador, que, a su juicio, debe comprender a todas las políticas públicas. Desde su visión, los objetivos son correctos, pero las herramientas deberían estar diseñadas de otra forma. 

"Tampoco compartimos la concepción del derrame y los beneficios generales. Creemos que ha quedado absolutamente demostrado que el derrame regulado por los propios sectores interesados queda a su propia voluntad, a sus propios efectos y en función de las lógicas de mercado. Creemos en el crecimiento sostenible de la economía, pero no en que haya una política de derrame que por la naturaleza de las cosas haga los efectos de distribución y de crecimiento de todos", concluyó.