Según lo convenido, el próximo paso se completará el 7 de mayo próximo con la elección mediante el voto obligatorio de los integrantes del Consejo Constitucional

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El parlamento chileno retomó el proceso para reemplazar la Constitución de la dictadura de Pinochet

Una comisión de diputados y senadores redactará el borrador que será debatido en un Consejo Constitucional elegido por el voto popular, antes der ser sometido a plebiscito
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07 de marzo de 2023 a las 16:52

Luego del fracasado primer intento por reemplazar la constitución heredada de la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990), Chile retomó el proceso constituyente, esta vez mediante el Comité de Expertos creado en el ámbito del Congreso para la redacción de un anteproyecto que será debatido por un Consejo Constitucional constituido por 50 personas elegidas mediante el sufragio universal y obligatorio.

El proceso de creación de una nueva Constitución se inició en 2019, luego de las masivas protestas sociales que derivaron en la formación de la convención constituyente que redactó el texto finalmente rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, borrador que abarcaba temas como la plurinacionalidad, la legalización del aborto, la protección medioambiental y establecía, entre otros temas, una descentralización de política mediante legislaturas locales.

Si bien el conjunto de reivindicaciones generó polémicas y determinó el fracaso del primer intento por sepultar la actual Constitución redactada en 1980, las fuerzas políticas de Chile acordaron reiniciar el proceso, en el entendimiento que se continuaría trabajando por una nueva Carta Magna, pacto que estableció la creación del Comité de Expertos compuesto por 12 representantes del Senado y otros tantos de la Cámara Baja del Poder Legislativo.

Según lo convenido, el próximo paso se completará el 7 de mayo próximo con la elección mediante el voto obligatorio de los integrantes del Consejo Constitucional, y el proceso constituyente será supervisado por un Comité Técnico de Admisibilidad de 14 miembros, entre ellos juristas y académicos, cuya función será velar por el cumplimiento de las 12 bases institucionales fijadas en octubre de 2022 en el “Acuerdo por Chile”, instancia en la que se pactó continuar con la reforma tras el triunfo del Rechazo al primer borrador.

“Celebro que desde la oposición y el oficialismo haya habido acuerdo, porque los países no pueden seguir avanzando si tienen dificultades como las que tenemos con la actual Constitución. Los países sin estabilidad no logran desarrollarse y para eso es necesario una Constitución de consensos”, dijo días a atrás a Radio Bio Bio el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Vlado Mirosevic.

Por su parte, el presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, afirmó que “la demanda por una Constitución nacida en democracia, que sea un factor de unidad, que nos permita progresar como país, sigue siendo un objetivo planteado por mayoritarios sectores de la sociedad chilena", al tiempo que advirtió que “el éxito del proceso no está garantizado porque se requiere sobre todo una actitud constructiva de todos los actores que participen del mismo”.

Según el consenso alcanzado por los diferentes espacios políticos, todos los proyectos presentados en el Consejo Constitucional y el Comité de Expertos deberán contar con un apoyo de cuatro séptimos de sus miembros para ser aprobados, órganos ambos que, al igual que Comité Técnico de Admisibilidad, serán paritarios; es decir: con igual representación de mujeres y hombres.

El acuerdo alcanzado estipula que cuatro subcomisiones componen la Comisión de Expertos: Sistema político, reforma constitucional y forma de Estado; Función jurisdiccional y órganos autónomos; Principios, derechos civiles y políticos, y Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El cronograma pautado señala que el Consejo Constitucional comenzará sus funciones el 7 de junio, momento en que iniciará el debate del anteproyecto de la Comisión de Expertos. El cierre de este nuevo proceso será el 7 de noviembre, cuando se entregue el texto constitucional a la ciudadanía, que deberá decidir si aprueba o rechaza la nueva Constitución en el marco de un plebiscito con voto obligatorio que sustanciará el 17 de diciembre próximo.

Los analistas locales subrayan las diferencias con el primer proceso. Principalmente en lo que respecta a la participación de los políticos. El primer intento de reforma depositó el proceso en manos de la ciudadanía, que se inclinó por la elección de convencionales constituyentes, en gran medida independientes de izquierda, mientras que ahora cobran protagonismo los partidos políticos. Motivo por el cual, según algunos analistas, la sociedad no se mostró particularmente interesada.

De hecho, algunas encuestas, como la de Pulso Ciudadano, señalan que el desinterés por este segundo intento supera el 50%. Francisco Soto, abogado y miembro del Comité de Expertos, se manifestó consciente de la situación y, en declaraciones a los medios locales, explicó que "la fórmula, claramente, no es vista con una legitimidad de origen”, lo que “obliga a construir una legitimidad de ejercicio, que se basaría en una propuesta que logre generar un gran consenso, que sea validada por un órgano representativo y termine siendo aprobada en el plebiscito".

Según los observadores independientes, el anterior proyecto constitucional, impulsado por la coalición de izquierda que lidera el presidente socialista Gabriel Boric, fracasó porque no alcanzó a representar a un numeroso e influyente sector conservador, que finalmente consiguió aglutinar un nivel de rechazo al primer texto del 61%, pese a que millones de personas habían marchado por las calles de la capital chilena y otras ciudades con reclamos ciudadanos y de justicia social, además del reclamo por una nueva Constitución.

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