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El plan de lucha sindical y las huelgas contra el Estado

El gobierno no debe caer en las trampas que se le tenderán, que intentarán paralizarlo y obstaculizar cualquier cambio

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03 de marzo de 2020 a las 07:18

Como viene sosteniendo esta columna, el proyecto de la coalición multicolor es simplemente inaceptable para la ideología del PIT-CNT y sus sindicatos comunistas y trotskistas, que lo perciben como un avasallamiento de sus conquistas, o –más sinceramente– como un retroceso a su paciente y silenciosa penetración dentro del sistema legal, laboral, económico y educativo de su ideología, durante los últimos 15 años.

Se está configurando el cronograma de huelgas, acciones y paros con que el sistema sindical piensa impedir que el nuevo gobierno lleve adelante el programa que propuso en primera y segunda vuelta a la ciudadanía, que el presidente Lacalle Pou se limitó a resumir en su discurso inaugural.

Para citar un ejemplo, el tratado del Mercosur con la Unión Europea, al que el presidente adjudicó importancia vital, choca frontalmente contra el proteccionismo monopólico sindical y le quita el derecho al veto que tenía garantizado hasta ahora.

En esa línea, lo que más molesta al gremialismo de la ley de urgente consideración (LUC) es que sea justamente de trámite rápido. Necesita que pase el mayor tiempo posible entre el respaldo de las urnas y la discusión de cada cambio, para poder resistir las leyes sin ser acusado de no respetar la voluntad popular. La advertencia-amenaza del PIT-CNT de promover con el Frente Amplio una consulta popular para impedir cualquier cambio de fondo, solo tiene sentido si antes se obstaculiza la formación de leyes y se la demora varios meses. De lo contrario, parecería que la izquierda pretende votar varias veces lo mismo, hasta que el resultado le convenga. Y por eso la idea de la LUC de la coalición es simplemente imprescindible.

Como mecanismo de retraso, la primera acción es el paro o la huelga. O mejor, la toma. El caso de Fenapes es otro buen ejemplo. Ante la posibilidad de perder su influencia en la determinación de políticas educativas, (influencia que nunca debió tener, porque corresponde solo al Estado definir esas políticas) planifica ya cuidadosamente sus paros y huelgas. Arguye para ello el poco tiempo que hay para discutir los cambios. Como si su posición de privilegio desde la que contribuyó eficientemente a los irresponsables resultados educativos de hoy se hubiera debido a largos debates de la sociedad, cuando en realidad se plasmó mediante el corporativismo y el sistema decisional del partido único.

Lo que lleva a un tema de fondo: ¿qué derecho constitucional le asiste a Fenapes para tomar semejante acción? ¿En dónde está plasmado que el sindicalismo es una rama del Estado? ¿Por qué se arroga la potestad de influir en los contenidos y aún en el presupuesto o en los métodos de enseñanza? ¿Y por qué cree que puede lograr eso mediante acciones directas? La sociedad elige a los gobiernos para que conduzcan el Estado, y desarrollen todas las políticas de fondo. Los gobiernos determinan los mecanismos de consulta, difusión, discusión, participación y análisis, con la oposición y con la comunidad toda, que consideren adecuados y compatibles con los criterios democráticos de gestión. Una huelga para torcer la voluntad del gobierno es una huelga contra el Estado. Y eso tiene otro nombre.

Un caso similar se puede ver cada día en la Intendencia de Montevideo, que no puede ni siquiera comprar un camión más de recolección si Adeom no está de acuerdo, o subcontratar la recolección, con lo que el poder político, votado por los ciudadanos, se transforma en un esclavo del poder gremial, que lo amenaza con el paro, la huelga o el retiro de colaboración. Una costosa estructura estatal dedicada a mendigar el permiso del sindicato para poner un contenedor nuevo.

El empeoramiento de las condiciones económicas de los últimos meses seguramente obligará al gobierno a reducir la tasa de sustitución de las vacantes. O a congelarlas en algún caso. El gasto elevado es la principal causa del estancamiento del endeudamiento y del empleo productivo, el privado. ¿Cuál será la reacción sindical ante una medida de ese porte? Tiene por supuesto el derecho a ser escuchado puede proponer y plantear sus discrepancias, como cualquier otro estamento de la comunidad. Pero una huelga o un paro caería al borde de lo antidemocrático. Sencillamente.

Aún en aquellos casos concretos de discusiones salariales o de condiciones de trabajo, cuando el Estado es el empleador no se dan las condiciones equivalentes a la relación empresa privada-trabajador. La huelga en el caso de la actividad privada es un mecanismo que en principio permite discutir los intereses económicos de los dos factores, empresa y trabajadores. En el caso del Estado, aún partiendo de la base de respetar los ingresos y la dignidad de los trabajadores, la relación es diferente. El Estado es la sociedad. Su principal interés es la sociedad. Todo lo que hace es esencial. Ese es el principio fundamental del contrato social. Si alguien pudiera señalar una actividad del Estado que no fuera esencial, estaría también diciendo que esa actividad debe ser derivada al sector privado.

Todo el éxito o el fracaso de este gobierno que asumió en la fervorosa ceremonia democrática del domingo se jugará en los primeros meses de gestión, y girará en torno a estos conceptos. Si el gobierno asume que es quien conduce el Estado y para ello tiene el derecho y la obligación que la ha conferido la sociedad, avanza con su plan y su proyecto y hace las reformas que son hoy más necesarias que nunca, habrá sabido cumplir. Si cae en la rutina de la huelga como sistema y se deja desviar o confundir por la dialéctica entrenada del sindicalismo, el del domingo habrá sido nada más que un acto emotivo.

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