En Puerto Rico critican por inadecuada y discriminatoria la asistencia norteamericana por el paso del huracán Fiona

El huracán golpeó Puerto Rico el 17 de setiembre y la falta de electricidad causó también la falta de agua corriente potable, lo que genera preocupación por las consecuencias en la salud pública, como sucedió en 2017, cuando los efectos del huracán María llevaron al colapso del sistema de salud que se estima, provocó la muerte de 3.000 personas.

El gobierno de Estados Unidos declaró el 22 de setiembre un alerta de desastre en la website de la Agencia federal de manejo de Emergencias (FEMA), pero las medidas de ayuda adoptadas han sido criticadas por organizaciones comunitarias y activistas ambientales por considerarlas inadecuadas y discriminatorias debido a que no alcanzaban plenamente a todas las comunidades de Puerto Rico, de población mayoritariamente negra y pobre, como fue el caso de la isla Loaiza.

Antes de que la FEMA declarara la zona de desastre, el secretario del departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS), Xavier Becerra, ordenó el envío de dos equipos sanitarios para asistir en las necesidades sanitarias y la búsqueda de aquellos pacientes de los servicios de salud que dependen de equipos médicos de alimentación eléctrica y asegurarles una solución que les garantice la continuidad de su tratamiento.

El temor existente es que se produzca una situación similar a la del 2017, ya que desde entonces no se han producido las mejoras estructurales necesarias al sistema de salud, básicamente por falta de fondos suficientes.

La precariedad presupuestaria estaría ligada al estatus colonial que predomina en la relación con Estados Unidos, que no le da a Puerto Rico la libertad y los recursos suficientes para reformular el sistema de salud basado en sus propias necesidades y prioridades.

Los cortes de presupuesto y las privatizaciones practicadas en el sistema puertorriqueño de salud lo han debilitado considerablemente, según informó la cadena CBS.

Este debilitamiento produce una caída en la calidad y eficiencia del servicio, motivando que se formen largas listas de espera para la atención médica, la erosión de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que eligen muchas veces emigrar de Puerto Rico en busca de mejores condiciones laborales.

La caída de calidad de los servicios médicos ha significado un empeoramiento de la salud pública, con un aumento de partos prematuros, casos de asma y diabetes e incremento del SIDA. Las vulnerabilidades del sistema puertorriqueño de salud se deben en gran parte a que las decisiones sobre su financiación y funcionamiento no se toman localmente sino en Estados Unidos, lo que ha llevado, por ejemplo, a que Puerto Ricos quedara excluido de la aplicación de la Ley de cuidado de la salud a bajo costo (Affordable Care Act) promulgada por el gobierno de Barack Obama en 2010.

También la demora en la respuesta de ayuda en las emergencias de años anteriores se suma a las vulnerabilidades existentes. Una de esas dilaciones se puede constatar en que tres años después del paso del huracán María, algunos hospitales del interior de la isla aún no habían sido reconstruidos.

En esta emergencia, como en el caso del huracán María, el peso principal de la respuesta primaria recae en los voluntarios y organizaciones civiles que distribuyen agua, filtros y elementos médicos entre los afectados por el desastre.  

(Taller Salud, Peoples Dispatch, CBS)