Entre la apatía y la sombra del “NO”, Chile eligió a los consejeros que redactarán una nueva Constitución

Sobre el cierre de unos comicios que transcurrieron sin incidentes y se caracterizaron también por largas filas de personas que buscan excusarse por estar lejos de su lugar de residencia, las expectativas están centradas en los primeros resultados que dará a conocer el Servicio Electoral de Chile recién cinco horas después de cerrados los comicios, en el marco de una ley electoral que prohíbe la difusión de encuestas en boca de urna.

"Esta vez no hay margen de error", afirmó en el inicio de la jornada el presidente de izquierda Gabriel Borci al emitir su voto en un colegio en su ciudad natal de Punta Arenas, en la sureña región de Magallanes. "Hay que conseguir una Constitución que nos una, signifique progreso y que identifique a la mayoría de los chilenos para actualizar nuestras normas fundamentales”, afirmó el mandatario a los periodistas que lo aguardaban en lugar.

“Como país tenemos una oportunidad histórica para reconciliarnos después de las fracturas que hemos vivido y avanzar hacia un país desarrollado e inclusivo", agregó en referencia a las masivas protestas sociales que se sucedieron entre octubre de 2019 y marzo de 2020, y que derivaron en un fracasado primer intento por reemplazar la constitución cuando, finalmente, el numeroso e influyente sector conservador consiguió aglutinar en el plebiscito de salida un nivel de rechazo al primer texto del 61%.

Chile, sin embargo, retomó el proceso constituyente, esta vez mediante la creación del Comité de Expertos en el ámbito del legislativo bicameral para la redacción del anteproyecto que será debatido por el Consejo Constitucional, texto que retomará temas como la plurinacionalidad, la legalización del aborto y la protección medioambiental, entre otros en materia de justicia social, pero que no avanzará como el anterior en la descentralización política mediante la conformación de legislaturas locales.

La redacción de una nueva Constitución fue uno de los reclamos centrales del estallido social, cuando millones de personas tomaron las calles de Santiago y otras ciudades obligando al entonces gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera a ceder a la exigencia, procesó que se inició en 2021 con la elección de los miembros de la Convención Constituyente y cuya redacción culminó en junio de 2022, tres meses después de la asunción de Boric.

Como lo hizo en ocasiones anteriores, Piñera votó en la acaudalada comuna capitalina de Las Condes. “Chile no necesita, ni merece, ni resiste un nuevo fracaso en materia constitucional. Espero que hoy se manifieste en plenitud la voluntad de los chilenos, de eso se trata la democracia”, dijo el expresidente.

También se expresó la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien dijo a la prensa que vio poca información durante la campaña. “Cuando yo voy a la feria, la gente me pregunta quiénes son los candidatos. Es una oportunidad para mirar de nuevo el futuro y traducirlo en una nueva Constitución que nos una y asegure los derechos humanos de todos”, dijo la exmandataria.

La elección se dio en un marco de menor interés ciudadano en comparación con la anterior. Sin embargo, la votación fue obligatoria, lo que marca una diferencia esencial con relación a otros procesos electorales, ya que en Chile  sólo votaban hasta hoy aquellas personas que se habían inscrito en el padrón electoral. En esta ocasión, quienes no cumplieron con la obligación se arriesgan a multas de entre US$ 38 y US$ 230 dólares.

Esta elección también estuvo marcada por el principio de paridad de género, por lo que 25 consejeros serán mujeres y la otra mitad hombres. En total hubo 353 candidatos, incluyendo un independiente y dos que competieron por escaños reservados para pueblos originarios.

El resto formó parte de cinco listas: Todo por Chile, de centro y centro izquierda; Unidad Para Chile, formada por la mayoría de los partidos de gobierno; y Chile Seguro, que integran los partidos de la coalición de derecha Chile Vamos; además de los candidatos del Partido Republicano, de ultraderecha y liderado por el excandidato presidencial José Antonio Kast; y el Partido de la Gente, liderado por el excandidato presidencial Franco Parisi.

Según el cronograma pautado, el Consejo Constitucional elegido comenzará sus funciones el 7 de junio y tendrá hasta el 7 de noviembre para redactar el texto constitucional, que será finalmente votado en un plebiscito de carácter vinculante el 17 de diciembre próximo.

Según el consenso alcanzado por los partidos políticos, todos los proyectos presentados en el Consejo Constitucional deberán contar con un apoyo de las 3/5 partes de sus miembros para ser aprobados; es decir 30 consejeros, la llave para llevar al papel la normativa elaborada por la Comisión de Expertos. Por el contrario, 21 votos permitirían bloquear cualquier norma del anteproyecto que los convencionales tendrán en sus manos el 7 de junio.

Los analistas locales subrayan las diferencias con el primer proceso. Principalmente en lo que respecta a la participación de los políticos. El primer intento de reforma depositó el proceso en manos de la ciudadanía, que se inclinó por la elección de convencionales constituyentes, en gran medida independientes de izquierda. Ahora, en cambio, cobraron protagonismo los partidos políticos. Motivo por el cual, según algunos analistas, la sociedad no se ha mostrado particularmente interesada.

Ya en el plano estrictamente político, los analistas locales señalan que el resultado de la elección podría tener varios efectos. El primero: servir como un reordenador de la derecha, en especial si Partido Republicano supera a Chile Vamos. Otra cuestión es que resultará inevitable comparar el resultado con la actual composición del Senado, ya que el sistema para elegir a los 50 integrantes del Consejo Constitucional es el mismo al usado para elegir a los miembros de la Cámara Alta.

El resultado también impactará en la coalición oficial. Consciente de un escenario adverso, agravado por la crisis de inseguridad y los problemas migratorios, Boric no se involucró en esta elección, al punto de ser cuestionado por su silencio, un intento por evitar que los comicios se convirtieran en una evaluación de su gestión, como ocurrió en el plebiscito que rechazó la anterior propuesta constitucional. De ahí que uno de los temores en el oficialismo es que se repita un resultado similar al del plebiscito del 4 de septiembre y que vuelva a instalarse una correlación de fuerzas cercana al 60%-40% en favor de la oposición.