El proceso para reemplazar la Constitución redactada en 1980 por la dictadura que lideró Augusto Pinochet (1973-1990), la salida institucional con la que Chile encauzó las fuertes protestas sociales que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019, parece haber ingresado en un callejón sin salida.
En 2020, el plebiscito para la redacción de la nueva Constitución ganó con más del 78% de los votos. Sin embargo, el texto propuesto por la Convención Constitucional compuesta por 155 miembros elegidos por voto popular recibió el rechazo del 61% de los chilenos en el referendo de salida de septiembre de 2022.
En ese contexto, las fuerzas políticas de Chile acordaron en marzo pasado reiniciar el proceso, en el entendimiento que se debía continuar trabajando por una nueva Carta Magna, pacto que estableció la creación de un Comité de Expertos compuesto por 12 representantes del Senado y otros tantos de Diputados.
Ahora, en un giro que algunos califican como “sorprendente”, importantes miembros del derechista Partido Republicano anunciaron su voto en contra de la nueva propuesta ya redactada, que curiosamente debe en gran medida su contenido al propio espacio político y al también derechista Chile vamos. Proyecto que también suma críticas desde la coalición de izquierda gobernante y de la centrista Democracia Cristiana.
La propuesta, que divide aguas en la política, tampoco alcanza consenso en la sociedad. Según el último sondeo realizado por la encuestadora local Pulso Ciudadano, un 70% de los entrevistados afirmó que votará en contra y sólo un 30% lo harán a favor en el nuevo referendo de salida pautado para el 17 de diciembre próximo.
Aunque el Partido Republicano y Chile Vamos formalizaron su adhesión al texto redactado por el Comité de Expertos, figuras como Rojo Edwards, Teresa Marinovic, Iván Poduje y Gonzalo de la Carrera adelantaron que votarán por la negativa. Sus argumentos varían desde la creencia de que no resolverá los problemas del país hasta el temor que pueda dar lugar a una década de incertidumbre.
Según algunos analistas, en sus meses de trabajo, el Comité de Expertos se caracterizó por garantizar la continuidad del actual modelo político, social y económico, por lo que cuenta con un muy bajo apoyo popular y, en consecuencia, con escasas probabilidades de ser aprobado, a pesar de los esfuerzos de los medios de comunicación de mayor audiencia para mejorar su imagen e intentar dar vuelta el escenario.
Por lo pronto, el Frente Amplio, la coalición de izquierda a la que pertenece el presidente Gabriel Boric, resolvió votar en contra. “Con decepción hemos visto cómo este segundo proceso ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, ignorando las expectativas ciudadanas, redactando un texto que profundizará las desigualdades, la división e injusticias en nuestro país”, dijo el conglomerado.
El espacio afirma que “son múltiples los elementos regresivos presentes en el texto”. En ese sentido señalan que se propone un “cerrojo constitucional a los abusos del sistema de jubilación privada”; al tiempo que afirman que promueve la “mercantilización en la educación”, “la privatización del mar”, “prohíbe el acceso al aborto en tres causales”, “restringe los derechos de los trabajadores que se traducirá en peores salarios” y promueve “la nula protección medioambiental” y “la liberación de presos por crímenes de lesa humanidad”.
En síntesis, según la definición de los diputados socialistas, el texto consagra los intereses de la élite económica. “No es más que un proyecto ideológico. Es una Constitución hecha por Republicanos, al ritmo de Republicanos, instalando concepciones conservadoras”, dijo días atrás el diputado socialista Nelson Venegas.
El legislador agrega que la propuesta quita la principal fuente de financiamiento que tiene el fondo común municipal. “Significa sacarle el dinero a las municipalidades, y ojo cuando hacemos eso hablamos de la salud y la educación, dos servicios que brindan los municipios”, puntualiza Venegas.
Según los analistas, la estrategia de la derecha para el plebiscito es poner en discusión los resultados de la gestión de Boric, cuya alianza resultó derrotada en los dos procesos electorales realizados desde su asunción: el plebiscito de salida del año pasado y la elección de consejeros constitucionales. En el primero ganó el “Rechazo”, opción por la que bregó la oposición; y en mayo, el gran ganador fue el Partido Republicano.
Los medios hegemónicos también hicieron una intensa campaña por el “Rechazo” en 2022, argumentando que la propuesta era maximalista y que su contenido avanzaba con excesivos detalles. Ahora, sin embargo, la redactada esencialmente por el Partido Republicano es mucho más extensa: tiene casi 49 mil palabras; muy por encima del anteproyecto del Comité de Expertos y el doble de extensa que la vigente.
“Tengo preocupación, porque veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior y, en ese sentido, el aprendizaje no fue integrado, como todos hubiésemos esperado”, dijo recientemente Boric durante una visita a la Región del Biobío. “No hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso, finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior se impuso otra mayoría circunstancial”, agregó.
El mandatario aseguró que “quienes busquen antagonizar con el Gobierno” de cara al proceso consultivo y “hacer de eso una campaña política no lo van a lograr”. Por su parte, la vocera del gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el Poder Ejecutivo se mantendrá prescindente del proceso. “No queremos que se desvíe la atención de lo que se vota, que no es otra cosa que la deliberación de la ciudadanía frente a una propuesta del texto constitucional, y no un juicio al Ejecutivo”.
(Con información de agencias)
