España, Holanda, el Reino Unido, Polonia, Hungría y República Checa enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea en la que manifiestan su interés de que la directiva sea aprobada tal como se concibió originalmente.
En su carta, los seis países afirman que es necesario "evitar excluir amplios sectores de la economía europea de los mecanismos que permitan eliminar las barreras al establecimiento" de prestatario de servicios, y "no diluir los artículos concernientes a los servicios tranfronterizos".
Convertida por sus opositores en símbolo de la deriva liberal de Europa, la directiva europea de servicios, adoptada en 2004 a instancias del por entonces comisario de Mercado interior Frits Bolkestein, pretende extender el mercado único al sector servicios, todavía confinado a las fronteras nacionales.
El punto más polémico de este proyecto es el "principio de país de origen", que establece que aquel que suministre servicios en varios Estados de la UE estará sujeto, con condiciones, a la ley de su país de origen.
