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Eutanasia: Uruguay en camino de ser un poco más libre
Uruguay es un poco más libre desde que en la madrugada del jueves la Cámara de Diputados votó el proyecto de ley de Eutanasia, que prevé legalizar el suicidio asistido para personas en estado terminal o que padezcan un sufrimiento insoportable. Ahora falta que el texto sea aprobado en Cámara de Senadores, que ocurrirá en algún momento del año que viene.
Pero quizás lo más valioso de estos días fue que el Parlamento fue el lugar de una discusión de fondo, como cada vez ocurre menos en tiempos en que muchos legisladores prestan más atención a las cámaras y las redes sociales para lanzar argumentos pomposos para el aplauso de su tribuna. La división no fue ni siquiera partidaria, porque no tuvo unanimidades a la interna de los partidos.
A grosso modo en el debate hubo dos argumentos en pugna: el que defiende la libertad de que la persona decida cuándo quiere morir, y el que sostienen que alguien en esa situación no es libre de elegir.
De un lado, dijo Ope Pasquet, impulsor del proyecto: “¿Qué hacemos con la gente que está sufriendo hoy, y que no va a tener cuidados paliativos ni mañana ni pasado? ¿Le decimos que tienen que seguir sufriendo porque cudiados paliativos no van a tener y eutanasia no le vamos a dar? Eso es crueldad. Y haremos todos nuestros esfuerzos para que quienes están en una situación desesperada, sufriendo, agonizando, mirando el techo durante 30 años porque están paralizados por lo que ha sucedido, tengan una escapatoria que rescate su libertad y dignidad. Porque sin libertad no hay dignidad. Y rechazo que en nombre de la dignidad humana se le retacee la libertad a las personas. Nadie tiene derecho a imponerle a otro que se quede entre los vivos. A aferrarlo y decirle: seguí sufriendo porque yo necesito que sigas viviendo. ¡Vivir es un derecho, no es una obligación! Y cada cuál puede disponer de él”.
Del otro lado. Rodrigo Goñi, opositor al proyecto esgrimió: “Una circunstancial mayoría de legisladores podrá abrir el paso a la eutanasia legal pero no tiene la fuerza para hacer transitar al Uruguay hacia una eutanasia social en la que los enfermos más vulnerables valgan menos, se los desproteja y se los empuje injustamente a pedir una muerte que realmente no la quieren".
Similares argumentos manejó el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla. “Es caer en la cultura del descarte y perder esa dignidad que tiene toda vida humana más allá de la situación en que se encuentre. La vida es algo que nos es dado, más allá de que seamos creyentes o no. Nadie se da a sí mismo la vida. Viene dado. Entonces uno no puede ser el dueño absoluto de su vida, uno en su libertad está llamado a vivir la vida con libertad y responsabilidad. Una de esas responsabilidad es asumir esas situaciones complejas de la vida y asumir el desafío que suponen”.
Los dos argumentos son respetables. Pero es difícil rebatir que solo uno de ellos le da al enfermo la posibilidad de hacer lo que quiera, en un momento donde cada decisión de su vida está mediada por alguien más.
¿Qué significa que la vida viene dada? ¿Por quién? ¿Y por qué eso implicaría tener menos libertad para hacer con ella lo que uno quiera? ¿Con quien debo tener responsabilidad por decidir si termino o no con mi vida? ¿Cómo se puede argumentar al barrer que realmente no quieren la muerte? Sacando a Dios de la ecuación, ninguna de esas respuestas tiene una respuesta lógica.
Está claro que el debate tiene algunos grises. Por ejemplo, la discusión de qué tan consciente puede ser una persona que atraviesa alguna enfermedad terminal puntual, o que la situación le implica un deterioro cognitivo, pese a que para la ley sea responsable de sus actos, lo que podría facilitar abusos para acceder a herencias, por ejemplo. O la falta de acceso de buena parte de la población (según el MSP alrededor del 50%) a cuidados paliativos que le permitan tener más herramientas para enfrentar esa situación. Para el primer punto, por ejemplo, el proyecto prevé un proceso de toma de decisión que incluye dos entrevistas del paciente con médicos que evalúen su situación. O incluso un tercero si hay diferencia entre ambos.
Y tambien es cierto que Uruguay tiene un problema grande con el suicidio, con cifras que están entre las más altas del mundo. Es deber del Estado intentar prevenir esa debacle, pero tampoco es justo igualar la situación de alguien que se suicida en medio de un cuadro de depresión, o desesperado por no encontrar respuestas ante un drama personal, a alguien que padece desde hace años un sufrimiento que no lo deja vivir. Por otro lado, las eventuales fallas del proyecto no deberían ser obstáculo para hacer justicia con aquellos que están en una situación desesperada.
El debate se resume en una pregunta bastante simple: ¿Quién soy yo, usted lector, el arzobispo, Goñi o Pasquet para decirle a un enfermo terminal que debe vivir la vida con responsabilidad y asumir el desafío? ¿Por qué quien no cree en la existencia de un ser superior, o aun quien cree, debería soportar que no dependa de él la decisión más difícil y personalísima sobre su vida, siempre que esté en sus cabales y si no tiene ningún horizonte de poder seguirla con un mínimo de dignidad?
En una sociedad laica y democrática eso no debería estar en discusión.
