Pepín Rodríguez Simón: el recurso del exasesor de Macri para evitar detención en Uruguay y cuál es el proceso para pedir refugio

Mientras que la jueza federal argentina María Servini ordenó este miércoles la captura internacional de Rodríguez Simón, el gobierno uruguayo recibió un día antes el pedido formal de refugio del operador judicial macrista que es investigado en su país por el delito de "hostigamiento y ahogo financiero" a las empresas del Grupo Indalo, comandadas por el empresario kirchnerista Cristóbal López.

Por su parte, el exasesor de Macri, que se encuentra en Uruguay y tiene a su vez la residencia, presentó este miércoles ante la Justicia uruguaya por segunda vez un recurso de hábeas corpus para evitar su detención. En el escrito elevado en el juzgado del juez Marcelo Malvar, reiteró que hay en Argentina un proceso ilegítimo en su contra que vulnera sus derechos. 

Fuentes judiciales dijeron a El Observador que el juez citó una audiencia para el viernes a las 14.30 horas. El recurso es similar al amparo por lo que se resuelve rápido. El juez deberá pronunciarse en la misma audiencia o en las 24 horas siguientes. En la instancia judicial participará como contraparte Interpol, que llegado el caso deberá realizar la detención.

El juez Malvar había rechazado hace 10 días otro pedido de habeas corpus de Rodríguez Simón. En su primera resolución el magistrado argumentó que no correspondía dar lugar al recurso porque todavía no había una orden de captura -ahora sí la hay- y por tanto no había una amenaza a la libertad ambulatoria. “Al mismo tiempo, la presentación ante el tribunal tan tempranamente invade la jurisdicción del órgano naturalmente abocado al caso – la CORE – sin que esté presente la excepcional causal de intervención jurisdiccional que es la solicitud de extradición, lo que invalida una actuación judicial prematura”, agregó.

Además, por estas horas, la figura de Rodríguez Simón pierde apoyos políticos incluso del otro lado del Río de la Plata, donde dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a desmarcarse. 

Aunque eso deja mayor margen de acción política al gobierno uruguayo, desde el Poder Ejecutivo insisten que la resolución derivará de los pasos formales establecidos en la ley de refugiados y responderá a atributos técnicos.

La Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados (CORE), que ya tramita la solicitud de refugio, cuenta con un plazo de 90 días para expedirse, aunque puede hacerlo antes de ese plazo.

Fuentes del gobierno consultadas por El Observador aseguraron que el estado uruguayo seguirá paso a paso el proceso definido en la ley 18.076, que establece la normativa para resolver si corresponde o no otorgarlo. 

En esa línea, Lacalle Pou remarcó el martes en una conferencia de prensa que la solicitud de refugio “no es algo discrecional del presidente” y que requiere el cumplimiento de “determinados requisitos”.

Por su parte, el gobierno argentino se ampara en la defensa de su sistema de justicia como argumento base. Así, advierten que Rodríguez Simón tiene todas las garantías para enfrentarse a la Justicia y ante eso entienden que el pedido de refugio no debe ser avalado, dijeron a El Observador fuentes de la cancillería argentina. También remarcaron la trayectoria de Servini, una jueza de 84 años.

Lo que dijeron Cristina Fernández y Macri

El asunto se transformó en un tema político de primer orden en Argentina ,al punto que la vicepresidenta Cristina Fernández salió a marcar su postura.

“Al ver la imagen de Fabián Rodríguez Simón, alias ‘Pepín’, pidiendo asilo político en Uruguay sólo porque lo llamaron a prestar declaración indagatoria, no sólo sentí estupor e indignación, sino la íntima convicción de que finalmente, más tarde o más temprano, las máscaras caen y aparece el verdadero rostro del macrismo: mentira, cinismo y la verdadera impunidad en Argentina, la de ellos”, escribió la líder del kirchnerismo en una columna.

Rodríguez Simón asegura que es “perseguido” en Argentina y que no volverá a su país hasta que “cese la persecución en su contra”, según dijo a La Nación. “Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, sostuvo.

La causa en Argentina investiga posibles perjuicios económicos al Grupo Índalo para presuntamente precipitar su derrumbe.

Pero pese a las salidas públicas del kirchnerismo, este fue un tema en el que la denominada grieta no surtió efecto. Es que lejos de cerrar filas, los macristas incluso se distanciaron de Rodríguez Simón.

“Me lo informó, me sorprendió. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo”, dijo Macri en una entrevista al diario La Voz de la provincia de Córdoba. “Confío que aunque haya jueces que oscilan en el sistema institucional argentino, confío en el final del camino”, agregó. 

Miguel Angel Pichetto, excompañero de fórmula de Macri, cuestionó este miércoles la acción de Rodríguez Simón, apodado Pepín.  “Si considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada, se va a caer”, afirmó en declaraciones a A24.

El proceso 

El CORE, organismo encargado de determinar la condición de refugiado de un solicitante, es presidido por un integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores y está integrado por siete miembros. Además del delegado de la cancillería, cuenta con un representante de Migraciones, uno de la Universidad de la República, uno de la Cámara de Diputados, un representante de una ONG centrada en los derechos humanos, un representante de una ONG designado por Naciones Unidas, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante.

La Secretaría Permanente de la CORE es el organismo que se encarga de recibir y analizar las solicitudes de asilo en el país. 

La ley establece que será considerado refugiado toda persona que, “debido a fundados temores de ser perseguida” por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo étnico o social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, “no quiere” acogerse a la protección de su país.

El solicitante tendrá al menos una entrevista con un funcionario de la Secretaría de la CORE, donde será consultado sobre los hechos que lo llevaron a abandonar su país, y a su vez serán entrevistados todos los integrantes de su grupo familiar por separado. La persona debe informar y mantener actualizado su domicilio y datos de contacto, ante la Secretaría Permanente de la CORE para que puedan realizarse todas las notificaciones, citaciones o comunicaciones que correspondan.

“La instrucción del asunto no podrá superar el plazo de noventa días contados a partir de presentada dicha solicitud. Concluida la misma, elevará a la Comisión de Refugiados (CORE) un informe sumario y sus conclusiones, debidamente fundadas. Sin perjuicio de ello, la CORE tendrá acceso a todas las actuaciones realizadas”, dice el artículo 34 de la ley.