Con votos del kirchnerismo y del FA el Parlasur postergó definición sobre exasesor de Macri

Fuentes políticas señalaron a El Observador que la delegación kirchernista argumentó que sobre la causa surgieron últimamente "nuevos elementos" que habrá que tener en cuenta para la discusión del asunto. Así, junto a la oposición uruguaya, lograron la mayoría necesaria en sala para hacer retornar el asunto a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos. 

Este lunes el Parlasur estaba convocado en Montevideo para resolver si expulsaba a  Rodríguez Simón, un exasesor de Macri declarado en rebeldía por la Justicia de su país al estar requerido en una causa por asociación ilícita en la que el principal involucrado es el expresidente. 

La sesión debería haber puesto poner fin a un largo proceso que genera repercusión en ambas márgenes del río de la Plata y que, del lado uruguayo, divide a oficialismo y oposición. 

Rodríguez Simón es uno de los denunciados por extorsión a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, operadores de juego en la ciudad de Buenos Aires y propietarios de una red de medios entre los que se cuentan C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero.

La expulsión debe ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del parlamento del Mercosur. Son 77 votos que, hasta este lunes, no habían aparecido, lo que garantizaría que el involucrado conserve su asiento en ese ámbito. Las voluntades para despojarlo de su mandato no alcanzan.

Los diputados uruguayos que integran la coalición de gobierno respaldaban el informe elaborado por el argentino Humberto Benedetto (Frente Cívico de Córdoba) para rechazar el pedido de expulsión. Rodríguez Simón, electo al Parlasur en 2015, dejó su país el 8 de diciembre de 2020 en dirección a Uruguay. El pedido de expulsión había sido presentado el 26 de mayo del año pasado por varios parlamentarios afines al argentino Frente de Todos. El 13 de junio de ese año se dio inicio formal al proceso. 

A fines de setiembre de 2021, el exasesor hizo su descargo vía remota ante la comisión. Allí presentó una serie de informes encargados a varios especialistas uruguayos, que respaldaron su postura. Entre ellos se cuenta al exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Martín Risso, y los excancilleres Didier Opertti y Gonzalo Fernández. También al actual titular del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Daoiz Uriarte, que al ser consultado por El Observador sostuvo que "no se visualiza" que los delitos por los que se lo reclama en Argentina estén claramente definidos en el ordenamiento jurídico uruguayo. 

Uriarte, exdirigente del Frente Amplio, consideró que, sin desconocer que existe un sistema democrático, en Argentina hubo "situaciones complejas" en torno a la imparcialidad de la Justicia, por lo que "no estarían dadas las condiciones" para que sea extraditado. "Ante la duda, siempre en favor del acusado", señaló. 

Rodríguez Simón alega sufrir una intensa "campaña de difamación y desprestigio" en su país por parte de sus acusadores desde que en Argentina asumió el gobierno de Alberto Fernández. Los responsables, según señala, son el propio mandatario y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que fueron abogados del grupo, así como la vicepresidenta Cristina Fernández, socia en alguna de sus empresas.

El exasesor de Macri también apela en su defensa a un cúmulo de irregularidades procesales en su causa, como la difusión de casi 11 mil llamadas telefónicas realizadas por él, con contenido editado, o la "promiscua relación" entre los funcionarios del juzgado interviniente, operadores de los "servicios de inteligencia" del kirchnerismo, sus denunciantes y altos funcionarios del gobierno. Todo eso, afirma, le ha creado la "íntima convicción" y "fundados temores" de que es "perseguido" por sus opiniones y su actividad política. 

Su defensa aludió a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951, el protocolo correspondiente de 1967, la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas y la ley uruguaya sobre Refugio para acogerse a la protección en este país.

En Argentina, la Justicia lo declaró en rebeldía, solicitó su captura internacional y pidió su extradición, aspectos que están aún en vías de resolverse, ya que Rodríguez apeló la decisión de la Justicia de rechazar el pedido de asilo.

La moción que respaldará el oficialismo uruguayo, a la que accedió El Observador, señala que ninguna norma ni tratado internacional suscrito por el país, así como tampoco ninguna ley local, incluyen como causal de exclusión a la protección solicitada que el país de origen del solicitante sea un Estado de Derecho. Allí se repara en el hecho de que el exasesor de Macri en ningún momento estuvo "prófugo" de la Justicia de su país.

También apela a la opinión de varios integrantes de la Comisión de Juristas de la propia Cancillería argentina que, a título personal, señalaron que tanto la primacía del derecho humano al asilo como el Reglamento Interno del Parlasur hacen la expulsión improcedente. 

El artículo 10 de la ley de Acuerdo entre Uruguay y el Mercosur para el funcionamiento de la sede del Parlamento del Mercosur en Montevideo, ratificada en 2008, establece que "los parlamentarios que fijen su residencia en el territorio de la República gozarán de las facilidades, inviolabilidad personal, inmunidades, privilegios, franquicias y exenciones tributarias otorgadas a los representantes permanentes ante los organismos internacionales con sede en Uruguay". 

El diputado colorado Conrado Rodríguez había señalado  a El Observador que tampoco se configura ninguna "falta de decoro" en la actuación de Rodríguez Simón como parlamentario del Mercosur, tal como dicen los que reclaman su expulsión, al no haberse presentado al requerimiento de una Justicia sobre la que el implicado aduce que no ofrece garantías. También que el exasesor está amparado por normativa nacional e internacional en torno al derecho de asilo político, ratificada por Uruguay y Argentina. 

"Decidió fugarse" 

El Frente Amplio, en tanto, sí respalda la expulsión de Rodríguez Simón. En este caso, la moción recuerda que la jueza federal María Servini de Cubría declaró en rebeldía al acusado, requirió su detención a Interpol y que el exasesor de Macri carece de cualquier argumento para alegar "persecución política".

"El señor Rodríguez Simón sabía que debía presentarse en la causa que lo investigaba por la comisión de delitos de asociación ilícita, extorsión y tráfico de influencias. Sin embargo, decidió fugarse para entorpecer la investigación hasta tanto la causa esté prescripta o algún gobierno le garantice inmunidad", se expresa. 

En este caso, se apela a algunos antecedentes, entre ellos del de José López, un parlamentario kirchnerista expulsado en 2016 luego de haber sido procesado por corrupción en su país. También el de la conocida dirigente Milagro Sala que, si bien fue electa al Parlasur, nunca pudo asumir al ser antes detenida y condenada. 

La moción respaldada por el Frente Amplio rechaza la hipótesis de Rodríguez Simón al afirmar que, al día de hoy, "ningún funcionario u operador judicial" del gobierno de Macri está con prisión preventiva en Argentina ni existen indicios de alguna detención próxima. 

También que la persecución política "no puede ser una condición subjetiva de quien se siente perseguido, sino que deben concurrir situaciones objetivas que hagan inminente el auxilio de un país extranjero". La conducta del acusado, se afirma, "revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público", a la vez que "atenta" contra los principios éticos y morales del Parlasur: "integridad, transparencia y honestidad".