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Pepín Rodríguez Simón: su destino se define en el Parlasur y divide a representantes uruguayos
La situación política del argentino Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri requerido por la Justicia de su país y residente en Uruguay, entró en vías definición. En las próximas semanas el Parlamento del Mercosur (Parlasur), del que forma parte, decidirá si procede a expulsarlo. La decisión repercute de este lado del Río de la Plata y el sistema político uruguayo aparece dividido.
Rodríguez Simón es uno de los acusados en su país en una causa en el que el principal implicado es el expresidente Macri, y en la que se investiga una asociación ilícita para extorsionar a los accionistas del Grupo Indalo, operadores de juego en la ciudad de Buenos Aires y propietarios de una red de medios, entre los que se cuentan C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero.
Por lo pronto, sus intereses tendrán un revés provisorio el próximo miércoles, cuando la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur recomiende, por mayoría, su remoción. La comisión tiene 10 integrantes. Tres de ellos son argentinos, integrantes del kirchnerismo, que estarán sumando su voto al de las dos representantes de Paraguay y al del frenteamplista uruguayo Daniel Caggiani.
En el caso de las paraguayas, según supo El Observador, esperan la reciprocidad del Frente de Todos en el voto a la expulsión de su compatriota Celso Troche, que pertenece a la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) y cuya remoción fue pedida al estar acusado de tráfico de influencias al haber usado su cargo para acceder en mayo del año pasado a la vacuna contra el covid-19, pese a que según el esquema oficial no le correspondía.
Las chances de Rodríguez Simón serán otras en Plenario, que tendrá la última palabra fines de mayo. Para resolver la expulsión se necesitan dos tercios de los componentes. Son 124 votos, algo que parece imposible de alcanzar.
Rodríguez Simón, electo al Parlasur en 2015, dejó su país el 8 de diciembre de 2020 en dirección a Uruguay. El pedido de expulsión había sido presentado el 26 de mayo del año pasado por varios parlamentarios afines al argentino Frente de Todos. El 13 de junio de ese año se dio inicio formal al proceso.
A fines de setiembre de 2021 el exasesor hizo su descargo vía remota ante la comisión. Allí presentó una serie de informes encargados a varios especialistas uruguayos, que respaldaron su postura. Entre ellos se cuenta al exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Martín Risso, y los excancilleres Didier Opertti y Gonzalo Fernández.
También al actual titular del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Daoiz Uriarte que, consultado por El Observador, sostuvo que "no se visualiza" que los delitos por los que se lo reclama en Argentina estén claramente definidos en el ordenamiento jurídico uruguayo.
Uriarte, exdirigente del Frente Amplio, consideró que, sin desconocer que existe un sistema democrático, en Argentina hubo "situaciones complejas" en torno a la imparcialidad de la Justicia, por lo que "no estarían dadas las condiciones" para que sea extraditado. "Ante la duda, siempre en favor del acusado", señaló.
Rodríguez Simón alega sufrir una intensa "campaña de difamación y desprestigio" en su país por parte de sus acusadores, el Grupo Indalo, desde que en Argentina asumió el gobierno de Alberto Fernández. Los responsables: el propio mandatario y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que fueron abogados del grupo, y la vicepresidenta Cristina Fernández, socia en alguna de sus empresas.
El exasesor de Macri también apela en su defensa a un cúmulo de irregularidades procesales en su causa, como la difusión de casi 11 mil llamadas telefónicas realizadas por él, con contenido editado, o la "promiscua relación" entre los funcionarios del juzgado interviniente, operadores de los "servicios de inteligencia" del kirchnerismo, sus denunciantes y altos funcionarios del gobierno. Todo eso, afirma, le ha creado la "íntima convicción" y "fundados temores" de que es "perseguido" por sus opiniones y su actividad política.
Su defensa aludió a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951, el protocolo correspondiente de 1967, la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas y la ley uruguaya sobre Refugio para acogerse a la protección en este país. En Argentina, la Justicia lo declaró en rebeldía, solicitó su captura internacional y pidió su extradición, aspectos que están aún en vías de resolverse.
La moción que respaldará el oficialismo uruguayo, a la que accedió El Observador, señala que ninguna norma ni tratado internacional suscrito por el país, así como tampoco ninguna ley local, incluyen como causal de exclusión a la protección solicitada que el país de origen del solicitante sea un Estado de Derecho. Allí se repara en el hecho de que el exasesor de Macri en ningún momento estuvo "prófugo" de la Justicia de su país.
También apela a la opinión de varios integrantes de la Comisión de Juristas de la propia Cancillería argentina que, a título personal, señalaron que tanto la primacía del derecho humano al asilo como el Reglamento Interno del Parlasur hacen la expulsión improcedente.
El artículo 10 de la ley de Acuerdo entre Uruguay y el Mercosur para el funcionamiento de la sede del Parlamento del Mercosur en Montevideo, ratificada en 2008, establece que "los parlamentarios que fijen su residencia en el territorio de la República gozarán de las facilidades, inviolabilidad personal, inmunidades, privilegios, franquicias y exenciones tributarias otorgadas a los representantes permanentes ante los organismos internacionales con sede en Uruguay".
El diputado colorado Conrado Rodríguez señaló a El Observador que tampoco se configura ninguna "falta de decoro" en la actuación de Rodríguez Simón como parlamentario del Mercosur, tal como dicen los que reclaman su expulsión, al no haberse presentado al requerimiento de una Justicia sobre la que el implicado aduce que no ofrece garantías. También que el exasesor está amparado por por normativa nacional e internacional en torno al derecho de asilo político, ratificada por Uruguay y Argentina.
Menosprecio a la Justicia
El senador frenteamplista Caggiani (MPP) confirmó a El Observador que firmará el dictamen en la comisión para la expulsión de Rodríguez Simón. Se descuenta que el resto de los representantes de la oposición uruguaya hará lo mismo en el plenario. En este caso, la moción recuerda que la jueza federal María Servini de Cubría declaró en rebeldía al acusado, requirió su detención a Interpol y que el exasesor de Macri carece de cualquier argumento para alegar "persecución política".
"El señor Rodríguez Simón sabía que debía presentarse en la causa que lo investigaba por la comisión de delitos de asociación ilícita, extorsión y tráfico de influencias. Sin embargo, decidió fugarse para entorpecer la investigación hasta tanto la causa esté prescripta o algún gobierno le garantice inmunidad", se expresa.
En este caso, se apela a algunos antecedentes, entre ellos del de José López, un parlamentario kirchnerista expulsado en 2016 luego de haber sido procesado por corrupción en su país. También el de la conocida dirigente Milagro Sala que, si bien fue electa al Parlasur, nunca pudo asumir al ser antes detenida y condenada.
La moción respaldada por el Frente Amplio rechaza la hipótesis de Rodríguez Simón al afirmar que, al día de hoy, "ningún funcionario u operador judicial" del gobierno de Macri está con prisión preventiva en Argentina ni existen indicios de alguna detención próxima. También que la persecución política "no puede ser una condición subjetiva de quien se siente perseguido, sino que deben concurrir situaciones objetivas que hagan inminente el auxilio de un país extranjero". La conducta del acusado, se afirma, "revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público", a la vez que "atenta" contra los principios éticos y morales del Parlasur: "integridad, transparencia y honestidad".
