Nacional > Fiscalía
FA amplió su denuncia en el caso del puerto y pide imputación del presidente de ANP
La bancada de senadores del Frente Amplio presentó una ampliación de la denuncia que había presentado por el acuerdo del gobierno con la empresa belga Katoen Natie, en la que piden al fiscal de Delitos Económicos que sea imputado el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, y señala al exministro de Transporte Luis Alberto Heber y al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, por la extensión de la concesión de la terminal capitalina de contenedores en favor de la multinacional.
La nueva ampliación de la denuncia cuenta con la firma de los trece senadores de la oposición y plantea una serie de "hechos nuevos" que, según la oposición, "contextualizan, agravan y aportan nuevas evidencias sobre la brutal arbitrariedad con la que actuaron los denunciados".
En el escrito, al que accedió El Observador, el Frente Amplio sostiene que los jerarcas cometieron fraude. El artículo 160 del Código Penal que determina que "el funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en los que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la Administración en beneficio propio o ajeno, será castigado con doce meses de prisión a seis meses de penitenciaría". El delito prevé inhabilitación especial de dos a seis años y una multa de hasta 15 mil unidades reajustables.
Según sostiene la denuncia, se cayó en una sucesión de falsedades destinadas a engañar sobre el real contenido del contrato que se suscribió con la multinacional. Entre ellas, mencionan la inminente pérdida de un juicio millonario si no se llega al acuerdo.
.webp?&extw=jpeg&cw=350&ch=200)
Entre los "engaños" se mencionan "reuniones secretas y confidenciales" con la empresa y se apunta a que no existieron los informes previos de los distintos organismos involucrados que sustentaran la decisión de firmar el acuerdo y que tampoco existieron informes jurídicos.
El escrito hace referencia a la "ausencia de un proceso competitivo" para otorgar la concesión.
Para el Frente Amplio el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, también cumplió un rol indispensable en el "entramado" que culminó con la firma del acuerdo. La oposición objeta que el jerarca omitió declarar que durante el gobierno pasado fue asesor del directorio de la ANP.
Los denunciantes sostienen que la participación de Ferrés quedaría probada por la ley de Presupuesto Nacional de 2020, en la que se incorporó a último momento el artículo 332. Allí se indica que todas las habilitaciones de concesión o de administración, construcción, mantenimiento y explotación de actividades portuarias en recintos o espacios administrados por la Administración Nacional de Puertos o para el uso de bienes situados en el espacio territorial de dichos recintos, se rigen por la Ley N° 16.246, de 8 de abril de 1992, sus decretos reglamentarios y el artículo 377 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, sin perjuicio de sus regulaciones específicas, debiendo cumplir plenamente con los requisitos y obligaciones que dicha normativa dispone.”
A juicio del Frente Amplio la inclusión de esta norma responde a la intención de "contar con alguna norma legal a la que poder remitirse discursivamente".
El FA le pidió al fiscal que impute a Curbelo por “cometer intencionalmente un conjunto de actos arbitrarios destinados a beneficiar ilícitamente a la concesionaria”. A juicio del Frente Amplio el jerarca tenía conocimiento de que la ANP debía brindar asesoramiento previo al Poder Ejecutivo en la eventual concesión. También sabía que el organismo que dirige, en 2016, había señalado una opinión diametralmente opuesta a la extensión del contrato.
La denuncia del FA cita las declaraciones del propio Curbelo ante fiscalía que el asesoramiento que recibió fue por parte de “algunas gerencias” de la ANP de “manera informal”.
Para la oposición, el presidente incurrió así en un acto arbitrario con abuso de su cargo, ya que la normativa mandata que sea la ANP como persona jurídica que realice el asesoramiento preceptivo, “lo que omitió según reconoció expresamente”. Curbelo, afirma el FA, actuó en forma dolosa al no elevar la solicitud de asesoramiento al directorio.
El Frente Amplio considera probada la "maniobra" para demostrar que la concesión se realizó luego de un informe preceptivo, que en realidad se materializó un mes después de firmado el acuerdo.
El Observador intentó contactarse con jerarcas del gobierno vinculados al caso pero desde el gobierno dijeron que prefieren conocer en detalle la denuncia antes de responderle al Frente Amplio.
Un perjuicio millonario y la responsabilidad de la Jutep
El Frente Amplio había presentado la denuncia original a fines de setiembre del año pasado ante los presuntos delitos que estos jerarcas cometieron en el marco del acuerdo. El 9 de febrero de este año la oposición amplió la denuncia por primera vez a raíz de la comisión de una "serie de violaciones al ordenamiento jurídico" que, además de las consecuencias penales, aparejó un perjuicio de US$ 2.338 millones para las arcas del Estado. Son los beneficios que -se señala- irá a recibir Katoen Natie por la extensión de su contrato.
En este nuevo escrito los senadores apunta además a las "irregularidades" en el accionar de la mayoría oficialista de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en torno el caso. Por un lado, por ser "contradictorio" con una resolución del Tribunal de Cuentas -que el mismo organismo invocó- y que reconoce la ilegalidad de Curbelo en su accionar.
Además, se subraya, resulta "inadmisible" que la mayoría en la Jutep se haya negado a incorporar, en el informe que presentó ante fiscalía, el voto discorde y la fundamentación efectuada por Ana Ferraris, la vocal frenteamplista en la junta.
