Pese a las políticas implementadas desde 2005 para incentivar el desarrollo social y productivo en el interior del país, los departamentos del sur y sobre todo
Montevideo siguen siendo el centro hacia donde llegan las inversiones. Esto se debe, según el experto en desarrollo local y regional, Adrián Rodríguez, a que "falta una articulación sistémica de los esfuerzos", y muchas veces, en vez de sumar a un plan global, las propuestas se superponen.
En el marco del ciclo de encuentros El desafío de la gestión eficiente en los gobiernos departamentales, organizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodríguez presentó el estudio Políticas de desarrollo productivo y la dimensión territorial en Uruguay 2005-2014, en el que analiza estas políticas. Para el experto, al no existir un plan nacional de desarrollo que dirija los diferentes esfuerzos, se da una fragmentación que perpetúa las desigualdades estructurales entre los departamentos, que se refleja tanto en las capacidades de atraer inversiones, como en el capital social y en los ingresos.
Una de las políticas analizadas por el doctor en Desarrollo Económico e Integración, fue la ley de inversiones modificada en 2012 y que según explica el informe, permitió la posibilidad de exoneraciones fiscales para que las industrias se localizaran en el interior. Eso, dijo Rodríguez, tuvo un impacto positivo, independiente del crecimiento económico pero, sin embargo, no fue un instrumento de desarrollo de "estrategias productivas territoriales". Esto se debe a que menos de 5% de los proyectos realizados en el marco de esta ley recibió puntos por el indicador descentralización, por lo que se continuó privilegiando a Montevideo, el área metropolitana y al sur del país. A eso se suma el hecho de que los beneficios para la descentralización no fueron suficientes y muy pocas empresas modificaron sus decisiones de locación por ello. Algo similar sucedió con los Parques Industriales los que, a su entender, tuvieron un éxito nulo porque tampoco ofrecen atractivos para modificar la localización de las empresas.
Una de las recomendaciones de Rodríguez es entonces el trabajo en la articulación de los apoyos, por ejemplo, a las micro empresas para lograr un desarrollo sectorial y local. No se trata solamente de "reflotar barcos hundidos que vienen de procesos largos de agonía y vaciamiento", dijo Rodríguez en crítica al Fondo de Desarrollo (Fondes), sino que el papel de esa herramienta debería extenderse a las empresas nacientes.
"El primer relevamiento que hizo el gobierno de Vázquez incluía 68 programas diferentes, algunos de ellos muy poco aprovechados o incluso desconocidos", aseguró por su parte el director de la OPP, Álvaro García, quien dijo coincidir con lo explicado por Rodríguez.
García aseguró que el objetivo de la OPP es la creación de un Plan Nacional de Desarrollo que ordene los planes sectoriales que lleva adelante el gobierno. En ello, explicó el director de la OPP, tendrá un rol importante el Sistema Nacional de Competitividad en el que se trabajará con un Gabinete de competitividad que coordine las propuestas de los diferentes ministerios y a las diferentes agencias en la ejecución de los planes, lo que se está previendo en la elaboración del presupuesto. "El Sistema Nacional de Competitividad no tiene sentido si no se tiene una visión territorial", aseguró el director de la OPP, por lo que se trabajará también en la creación de agencias de desarrollo local en los distintos departamentos, algo que ya se ha conversado con los intendentes.
Necesidad de descentralización
"¿Quién es más centralista –se preguntó Rodríguez–, los gobiernos nacionales o los departamentales?". Explicó en ese sentido que si bien los gobiernos nacionales son muchas veces reticentes a ceder competencias, los gobiernos departamentales prefieren captar transferencias sin tener que pagar los costos políticos.
En consonancia con lo planteado por el presidente
Tabaré Vázquez a los intendentes durante la reunión que mantuvieron el martes, Rodríguez explicó que es necesario revisar las competencias y los recursos del gobierno y de los departamentos para avanzar en la descentralización, ya que está comprobado que cuanto más recursos propios, autonomía y calidad de gestión tengan los departamentos, mayor será el desarrollo.
Más apoyo y menos resultados
Pese a que en los últimos años las transferencias del gobierno central a los departamentos aumentó, llegando en 2014 a US$ 500 millones, son cada vez más las intendencias que presentan resultados económicos desfavorables, lo que planteó en el gobierno la necesidad de rever la forma en la que se distribuyen los recursos. Esto se debe a que en varias intendencias, las transferencias son un alto porcentaje de los ingresos y eso desincentiva la recaudación propia.
