Gobierno quiere que la venta de medicamentos no quede en pocas manos
Farmacias y grupos empresariales que operan en ese rubro presentaron recursos contra el decreto del gobierno que estableció una serie de limitantes y regulaciones para esos comercios.
Al filo del plazo, que venció el jueves, las farmacias presentaron los recursos administrativos con dos finalidadess: una, que el gobierno de marcha atrás y revea su posición, y la otra, para salvaguardar el derecho de poder llevar la demanda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en caso de que el decreto sea mantenido.
El Poder Ejecutivo tiene ahora 150 días para contestar pero también puede no hacerlo. En esa última hipótesis, habilitará a las farmacias a presentarse ante el TCA. Según juristas consultados por El Observador que representan a grupos de farmacias, el decreto “restringe” el mercado, restringe el derecho al trabajo, al comercio y el derecho de propiedad.
Se explicó que una restricción al mercado o al derecho de propiedad sólo se puede hacer por ley. Además, la redacción no es clara, opinó uno de los abogados que presentó un recurso, y dijo que el decreto no está refrendado por el Ministerio de Economía, lo que se marca como una irregularidad.
Entre las farmacias que presentaron recursos están las Urroz (cuatro farmacias), el grupo Farmashop –que con 94 farmacias es el más grande del país–, Lion Pigalle, 12 farmacias, El Tunel Sacoa (6), San Roque (25), las seis farmacias de Tienda Inglesa, las dos de Atahualpa, Tundisi Obelisco, las seis farmacias de Trouville, Droguería Uruguay (4) y la organización de compra Remediar que representa a 13 farmacias del interior.
El Poder Ejecutivo emitió un decreto que limitó en 15 el número de farmacias propiedad de una única persona, sociedad o grupo económico con el fin de evitar que unos pocos dominen el mercado de venta de medicamentos.
Ese proceso de oligopolios se observó en otros países de la región y en Uruguay comenzó un proceso de cambio donde compañías internacionales empezaron a comprar farmacias modificando la estructura del tradicional negocio familiar para llevarlo a un sistema más parecido al supermercadismo.
Se estimó que entre 75% y 90% de las ventas de las farmacias comunitarias o de barrio, corresponde a medicinas, según un informe del mes de julio del suplemento Café & Negocios de El Observador.
El decreto, cuestionado por las empresas, también prohibió que las farmacias, ya sean comunitarias, hospitalarias, rurales, homeopáticas o droguerías, puedan ofrecer o distribuir sus productos a través de internet.
También se les prohíbe que tengan call center.