Nacional > Entrevista a Darviña Viera

Fiscal de Operación Océano: "Para mí son todos casos de lesa humanidad"

La fiscal a cargo de la investigación Operación Océano entiende que en Uruguay hay muchos casos similares que todavía no fueron alcanzados por la Justicia

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08 de febrero de 2021 a las 05:01

La fiscal Darviña Viera niega que el caso Operación Océano sea el más importante de su carrera profesional, porque para ella todos los delitos sexuales y de género son "casos de lesa humanidad". Sin embargo, no desconoce la atención mediática que suscitó esta investigación –por la cual hay hoy 32 enjuiciados por explotación de menores–, y aprovechó el interés de la prensa para intentar cambiar la percepción en la sociedad de que la retribución o promesa de retribución a menores a cambio de sexo no es un delito. "Incluso mucha gente pone la responsabilidad en las víctimas", lamenta.

Fiel a su estilo, con respuestas concretas y risas para evitar responder las preguntas que no quiere contestar, Viera asegura que "hay muchas Operaciones Océanos en Uruguay" todavía no develadas, que en la calle recibe el aliento de las mujeres pero no de los hombres, y que se sintió respaldada con la decisión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de archivar una denuncia en su contra por dar información del caso a través de los medios.

¿Cuánto le cambió Operación Océano? ¿Es el caso más importante de su carrera, dada la repercusión mediática que tuvo?
Más importante, no. Todos los casos que tratamos nosotros son muy importantes, porque para mí son todos casos de lesa humanidad.

¿Lo son?
Sí. Nosotros los tratamos así, aunque quizás no están declarados como de lesa humanidad. No importa. Para mí lo son por lo que significan para las víctimas: muchas de ellas nunca más salen de esa problemática. Pero todos los casos son importantes. Este lo que tiene es que es muy mediático, siempre está en la prensa, siempre me están preguntando. Entonces, es un caso que es grande, con muchos imputados. Son 32 juicios potenciales, que se hacen juntos, pero nosotros tenemos que prepararlos uno por uno.

El fiscal de Corte dijo en entrevista con Búsqueda que en este caso se daba "batalla comunicacional", es decir, un terreno de lucha que se da en el ámbito de los medios de comunicación, en donde hay una puja discursiva con los abogados. ¿Para usted existe esa batalla?
No lo tomo como una batalla. Cuando la prensa comenzó a interesarse por este caso y a hacernos entrevistas, lo tomamos como importante porque es un delito que no se conoce o la gente no lo concibe como delito. Incluso mucha gente pone la culpabilidad en las víctimas y no entiende que las chiquilinas son víctimas. Entonces, nos pareció importante que cada vez que vinieran a preguntar sobre el caso nosotros habláramos. Y estoy de acuerdo con Díaz con que es importante que el fiscal comunique a la ciudadanía y que la gente sepa las versiones, tanto la de los imputados como las del otro lado. Que cada uno se forme su opinión.

¿Cree que esa comunicación surtió efecto, que la gente está aprendiendo que la retribución o promesa de retribución a menores es un delito y que las menores afectadas son víctimas?
Pienso que sí, o quizás esto se vea dentro de un tiempo. Pero de hecho, en la parte popular, por decirlo de alguna forma, la fiscalía tiene un apoyo. Lo digo porque la gente en la calle me lo dice.

¿La paran en la calle para alentarla?
Sí. Algunos hombres, que son conocidos, por supuesto, me han llamado o mandado mensajes de aliento. Pero en la calle, gente desconocida, son mujeres. Ningún hombre. Todas mujeres.

Fue denunciada por una de las abogadas por hablar del caso en la prensa, y el fiscal de Corte resolvió el archivo la semana pasada porque no se encontraron irregularidades. ¿Lo tomó como un respaldo?
Obviamente que es un respaldo que lo haya archivado, pero más allá de eso es hacer lo que corresponde, porque si Díaz hubiera considerado que el equipo fiscal o yo habíamos hecho algo que no correspondía, no tengo dudas de que hubiera ordenado investigar, y si tenía que sancionar iba a sancionar.

Una de las disputas que ha tenido con los abogados, tanto en los medios como en el proceso judicial, ha sido la demora en acceder a las pericias. Los penalistas la han señalado a usted como responsable de ese problema y de entorpecer el conocimiento de las evidencias. ¿Qué es lo que pasó?
La fiscalía tiene un sistema que es así: primero, cuando armé un grupo de WhatsApp con los abogados, en cuanto había una novedad, enseguida la comunicaba. Supongamos: "Declaró una víctima. Cuando quieran, me dicen, se agendan y pasan". Ahora, cada cosa nueva que ingresa al sistema la pasamos a un pendrive, que es el que circula solamente para Operación Océano. Entonces, se agenda un abogado, se lo lleva y se le traspasa todo lo nuevo que hay. Así funciona. Pueden venir hoy, mañana o el mes que viene. Los abogados se agendan cuando quieren.

Pero los penalistas dicen que hubo –y todavía hay– demoras en el procesamiento de esa información.
No hubo ninguna. Cuando las pericias en este caso estuvieron prontas, enseguida se les comunicó para entregarlas. No hay que perder de vista que cuando estábamos con el código del proceso anterior, las pericias demoraban un año y medio, y ahora demoran muchísimo menos. Lo que pasa es que, creo yo, ellos lo que dicen que no tienen es el informe, pero el informe es de parte. Nosotros no lo hicimos todavía porque está en proceso.

Hasta el momento hubo solo un condenado, luego de un proceso abreviado. La fiscalía siempre se mostró abierta a seguir negociando para acordar condenas, pero no hubo más acuerdos.
Ha venido algún otro abogado de imputado a consultarnos. Y hubo un caso específico en que dijimos que solo se arreglaba con prisión. Y no volvió más.

¿En el juicio va a pedir prisión?
En muchos casos, sí.

La fiscalía encontró en la investigación otros delitos, además de la retribución a menores, como algunos de narcotráfico. Pero al priorizar el ilícito principal se dejaron de lado. ¿Por qué?
Hay algunos delitos, en cuatro o cinco casos, que tienen que ver específicamente con estupefacientes. Esos casos no los estamos investigando. Las situaciones en las que hubo explotación junto con entrega de estupefacientes las tenemos nosotros. Pero consideramos que, tratándose de un caso grande, aquellos que solo tenían que ver con suministro o posible suministro de droga a las adolescentes tenían que ir a otra fiscalía. Porque esas personas solo tenían que ver con estupefacientes, no había intercambio de sexo por droga.

¿Entiende que hace falta más instrucción tanto en fiscales como jueces para dar mejores respuestas a los delitos vinculados a la violencia de género?
Lo que falta es capacitación en género y en lo que significan los delitos sexuales, la violencia doméstica. Nosotros mismos de repente cometemos errores con las víctimas.

¿Qué tipo de errores son comunes?
Las exponemos. Sin querer o porque nos falta capacitación, las exponemos.

¿Por qué comete un delito un adulto que, antes de mantener relaciones sexuales, pide la cédula a la otra persona para corroborar que sea mayor de edad, y resulta que ese documento apócrifo señala que la persona tiene más de 18 años? Hay abogados que sostienen que eso ocurrió con sus clientes. ¿No hay engaño?
Eso lo vamos a dirimir en el juicio, porque, si no, muestro todas las cartas. Prefiero reservarlo.

¿Está estipulado en alguna norma legal que una persona tiene que pedir documentación antes de tener relaciones sexuales?
No. Pero a ver: si te citás con una chica y ves que la chica es joven, tenés la duda. Sos un adulto, por lo que te preguntás: "¿Está chiquilina no será...?". Porque vos no la conocés, no tenés la confianza de que te esté diciendo que tiene 18, y tenga efectivamente 18. Bueno, asesorate y exigí el documento. No seas malo.

¿Los que solo prometieron retribución pero no llegaron a tener sexo con las adolescentes también pueden recibir una acusación fiscal con cárcel?
(Risas). No te voy a mostrar mis cartas.

¿Hay víctimas de este caso que no hayan interiorizado su condición de víctimas y estén ahora ejerciendo el trabajo sexual?
Podría haberlas. No lo sé.

¿No le preocupa que sigan de alguna manera reproduciendo el daño a sí mismas?
Sí, me preocupa. Pero hay cosas que uno las alcanza y otras que no.

¿Ayudó la línea telefónica –091 507 531–​​​​​ que se instaló a fines de julio del año pasado para recibir más denuncias​​?
Ayudó. Entraron algunas víctimas por la línea telefónica, y ayudó a disparar otros casos. Algunos de mi fiscalía, y de otras.

¿Los sitios web en donde se concentraron algunas de las citas no son parte formal de la investigación?
Los estamos investigando. Es más, se mandaron oficios, pero todavía no tenemos una conclusión.

¿Puede llegar a pedirse la detención de los administradores de la página?
Todavía no lo sé.

Son lugares en donde parecería que se cometen delitos con menores a diario...
Nosotros pedimos los datos. La mayoría son de afuera. Nos los darán o no, no sabemos. Sí tomé declaraciones a responsables de páginas de Uruguay.

¿Cuántos casos de estas características, con más de 30 potenciales indagados por delitos similares, pueden estar hoy escapando de la Justicia?
Hay varios casos en la vuelta. Me lo han comentado fiscales compañeros que están investigando. En Paysandú y en Treinta y Tres. Pero además de esos casos que se conocen o en los que trabajan los fiscales, hay muchos otros que están tapados. Siempre lo dije: hay muchas Operaciones Océanos en Uruguay que no han saltado.

¿Puede ocurrir que las repercusiones mediáticas de este caso generen un efecto contraproducente e implicados comiencen a borrar evidencia?
Y sí. Ese riesgo está.

Hay víctimas que iban a declarar como prueba anticipada y se retractaron antes de hacerlo. ¿Se arrepintieron?
Es una buena pregunta. No se retractaron. Las víctimas de cualquier caso sexual son víctimas con las que hay que tener mucho cuidado a la hora de cuidarlas, porque pueden estar preparadas o no para ir a declarar.

¿Preparadas en qué sentido?
Que ellas sientan que pueden ir a hablar. Hay víctimas que dicen que van sin problemas, pero otras llegan hasta ahí y luego dicen que no pueden, y hay que respetarlo.

Sobre la responsabilidad de los padres, y su posible omisión a la patria potestad, ha dicho que no es competencia de esta investigación. ¿Lo mantiene?
El delito que podrían haber cometido los padres no es competencia de nuestra fiscalía, para empezar. Pero, para seguir, muy livianamente a veces se opina sobre la responsabilidad de los padres y dónde estaban ellos. A esa gente les digo: ¿ustedes tienen hijos? Bueno, esperen a que lleguen a la adolescencia y empiecen a esconderles cosas de las redes sociales y no se enteren. Yo sé porque lo vivo de cerca. Tengo gente cercana con adolescentes.

¿Les advierte a los padres que estén atentos?
A veces les digo. Conozco un caso muy cercano en el que una niña le dijo a su madre que la habían agregado a un grupo de WhatsApp. La madre le pidió que le mostrara, y no había nada todavía porque recién la habían agregado. Y de denuncias que tenemos acá, conozco infinitos casos: los agregan a los grupos inocentemente, y después empiezan a pedirles fotos o mandarles ellos.

¿Sufrió alguna amenaza por este tema?
No.

¿Hay víctimas que hayan sido amenazadas o extorsionadas con dinero para que no hablen?
Sí. Es un riesgo. Lo sabemos desde el principio, pero no por eso podemos meter a toda la gente presa. También es un riesgo para el imputado, porque estaría incumpliendo las medidas.

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