Fitch ve “difícil” un ajuste fiscal en año electoral y esperará por próximo gobierno

El rojo de las cuentas públicas roza el 5% y entre analistas privados se pide que las autoridades tomen medidas antes de que asuma la próxima administración en marzo de 2020

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04 de junio de 2019 a las 18:16

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Lejos de estabilizarse, el déficit fiscal se agravó en abril y cerró el dato anualizado en 4,8% del PIB, tres décimas por encima del dato previo de marzo y el peor registro en más de dos décadas. Ese dato negativo reavivó el planteo que realizan varios analistas privados sobre la necesidad de aplicar medidas de ajuste antes de 2020, con el objetivo de corregir el rojo de las cuentas públicas y defender el grado inversor del país.

Por ejemplo, el economista de Vixion Consultores Aldo Lema afirmó esta semana que no hay margen para esperar a que asuma el próximo gobierno. En declaraciones a radio Carve dijo que ya en la próxima Rendición de Cuentas se deberían introducir ajustes para dar señales de estabilización, y complementar con una política “prudente” de reajuste en los salarios del sector público en enero próximo.

También el economista Hernán Bonilla expresó que queda casi un año de gobierno y que “no se pueden postergar decisiones por ser año electoral. “Es difícil de entender que el gobierno haya permitido que llegáramos a esta situación que compromete al país”, escribió en su cuenta de Twitter. Ya a fines del año pasado y con el déficit en 3,9% del PIB, el economista Pablo Rosselli había señalado que sería “muy imprudente” que el gobierno no tomara medidas de ajuste y dejara todo el trabajo a la nueva administración que asumirá en marzo próximo.

La visión de Fitch Ratings

¿Cómo ve la situación la calificadora Fitch Rating que en octubre de 2018 mantuvo el grado inversor en el escalón mínimo, pero corrigió de estable a negativa la perspectiva de la nota? Consultado por El Observador, el analista de esa agencia para Uruguay, Todd Martínez, recordó que cuando se realizó esa corrección la expectativa era que el déficit fiscal subiría en lugar de acercarse a la meta oficial. En los papeles, Fitch es de las "tres grandes calificadoras" (junto a Moody's y Standard & Poor´s) donde hay más riesgo (a corto plazo) para que la deuda uruguaya pueda perder el invesment grade por parte de esa agencia. 

La proyección para este año era de 4,5% del PIB para el sector público. Esa proyección se superó en abril, y según Martínez es probable que sigan subiendo, específicamente en setiembre cuando cae la base de comparación de 0,3% del PIB en fondos del Fondo de Estabilización Energética (contabilizado como ingresos en 2018).

Consultado respecto a si el gobierno debería tomar medidas “paliativas” para ganar tiempo y no dejarle todo el trabajo a la próxima administración Martínez respondió: “Entendemos que 2019 es un año difícil para medidas de ajuste fiscal debido a las elecciones y a una economía débil. Y dado que Uruguay sigue contando con buen acceso al financiamiento, el déficit no se ha tornado en una emergencia macroeconómica”, dijo.

No obstante, advirtió que la postergación de un ajuste fiscal hasta 2020 o 2021 cuando el próximo gobierno ejecute su primer presupuesto, aumenta las chances de que la deuda/PIB “llegue a un nivel bien alto en los próximos años, lo cual representa una vulnerabilidad”. El experto recordó que el país ya tiene una relación deuda/PIB que es alta comparado con otros países que están en la categoría ´BBB’ y que la trayectoria “se pone aún más empinada con el déficit en alza”.

¿Qué probabilidad hay de que en los próximos 18 meses la nota pueda ser corregida a la baja? Martínez explicó que si no hay “un deterioro fiscal mucho más pronunciado” antes de las elecciones, es probable que se espere a conocer los resultados de los comicios para así considerar los planes del próximo gobierno.

“Lo clave para nosotros será en qué plazo y en qué nivel se va a estabilizar (o no) el ratio deuda/PIB. Eso dependerá del plan de ajuste fiscal del próximo gobierno y su factibilidad, y también del nivel del déficit que hereda. Un mayor déficit inicial aumenta el esfuerzo necesario para estabilizar la deuda, y por ende los riesgos a la calificación” dijo Martínez.

“Manejo responsable”

En las puertas de un nuevo proceso electoral es poco probable que se posterguen gastos o que se suban impuestos. Cualquier ajuste resulta antipático para la población y tener que  pagar el precio político de ello no es nada atractivo para el gobierno.

Según Lema, muchas veces se postergan ajusten en años electorales porque afectan las posibilidades del partido de gobierno. Sin embargo, explicó que a la larga los ciudadanos tienden a castigar la irresponsabilidad fiscal y tienden a “premiar” cuando hay manejo responsable. Puso como ejemplo lo sucedido en Chile durante el primer gobierno de Michel Bachelet donde la popularidad de la mandataria  subió a  80%, aun cuando la economía entró en recesión por la crisis mundial de 2008/2009.

“Esta administración debería tratar de corregir este desequilibrio tan significativo para que el nuevo gobierno a partir de marzo tenga una situación, que si bien va a ser muy compleja, no lo sea tanto, adelantando parte del trabajo”, apuntó Lema.

Desde su punto de vista, se debe ir directamente al gasto corriente y puntualmente a las partidas de remuneraciones en el sector público, porque de ahí luego se vinculan los ajustes de las pensiones y jubilaciones que están indexados.

La deuda uruguaya cuenta con nota de grado inversor por parte de cinco calificadoras de riesgo. Standard & Poor´s (BBB), Moodys (Baa2) y R&I (BBB) la colocan un escalón por encima del mínimo y con perspectiva estable. En tanto, DBRS (BBB low) y Fitch Rating (BBB-) lo ubican en el mínimo, con el agregado que está última corrigió la perspectiva negativa en octubre pasado. 

La visión de Standard & Poor's

Durante su último reporte anual divulgado el mes pasado, la calificadora Standard & Poors señaló que espera que Uruguay siga mostrando altos déficits fiscales del gobierno central y un aumento en su carga de deuda neta. En ese sentido, señaló que el ritmo de consolidación fiscal “será muy lento” y se extenderá más allá de los plazos anunciados por el gobierno.

¿Qué tendría que pasar para S&P baje la calificación de Uruguay? Eso podría suceder “en los próximos dos años si el fracaso en el avance de importantes proyectos de inversión y en políticas para revertir la actual reducción de las inversiones socava la base de generación de ingresos del gobierno”.  Aunque sin nombrarlo, la agencia se refiere a la posible instalación de la segunda plana de UPM. “En este escenario, el ya alto déficit del gobierno central y la carga de deuda neta del gobierno central podrían continuar aumentando más allá de nuestras expectativas”, señaló el reporte.

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