Gobierno declaró confidencial información sobre el juicio de Pluna

La resolución fue tomada el martes 24 de marzo y aunque fue tramitada como privada por Presidencia de la República, consta en una respuesta que el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, brindó a una solicitud de acceso a la información pública realizada por el periodista Víctor Bachetta.

En su respuesta, que tiene fecha del 27 de marzo, Ferrés señaló que no era posible brindar información acerca de los “registros de las actuaciones del Poder Ejecutivo con respecto a la demanda de la empresa Larah” por tratarse de información “clasificada como confidencial por la Resolución de Presidencia de la República P/88 del 24 de marzo de 2020”. 

El gobierno aseguró en su respuesta que hasta el momento no se han realizado gastos en viajes, viáticos, contrataciones ni consultorías por el arbitraje.

Ferrés no especificó si la fecha que tomaba para señalar que no había gastos era el 1º de marzo, cuando asumió el nuevo gobierno, o el 23 de mayo de 2019, cuando la demanda fue registrada en el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. 

Las partes ya designaron a sus árbitros en el juicio pero falta nombrar al presidente del tribunal. Uruguay seleccionó al mexicano Eduardo Siqueiros, mientras que Larah eligió al colombiano Eduardo Zuleta, de acuerdo a la información oficial del Ciadi. 

Una vez que esté designado, las partes tendrán tiempo para hacer sus descargos. Por lo general hay más de una ronda de respuestas por lo que es esperable que el proceso lleve muchos meses.

Las partes también eligieron a los estudios que los representan. Uruguay recurrió a Foley Hoag, el mismo de los casos Phillip Morris, Botnia y Aratirí (este último aún pendiente de resolución), mientras que Larah designó a tres: el uruguayo Ferrere (también contratado por Aratirí), Dechamps International Law (con sede en Londres y Buenos Aires) y Freshfields Bruckhaus Deringer (de Nueva York).

Si bien no se conoce el monto del reclamo planteado se estima que no será menor a los US$ 15 millones que es lo que Leadgate pagó inicialmente por Pluna en 2007. 

El arbitraje plantea que hubo una violación al tratado de protección y promoción recíproca de inversiones que rige entre Uruguay y Panamá desde 1998, y que el Estado uruguayo debe compensar a la empresa por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea de bandera. 

La empresa panameña Caballero Verde compró las acciones de Latin American Regional Aviation Holding Corp (Larah), firma a través de la cual LeadGate adquirió en 2007 su participación en Pluna. En ese momento los propietarios de Larah eran el holding canadiense Chorus Aviation (conocida como Jazz Airlines), los tres exejecutivos de Leadgate (Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirch,  y otros inversionistas internacionales.

Ferrés también informó que el gobierno resolvió mantener como “confidencial” la información del juicio de Aratirí, cuyo resultado se espera para 2021. 

El Ejecutivo de Tabaré Vázquez había resuelto que fuera confidencial bajo el supuesto de que la divulgación de información puede poner en peligro los “intereses de seguridad esenciales” o “la integridad del proceso arbitral”. 

La resolución está amparada en el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El artículo 7 de ese reglamento exonera al estado de poner a disposición del público información “cuya divulgación considere contraria a sus intereses de seguridad esenciales” o que ponga en peligro “la integridad del proceso arbitral”.

Además, el artículo 14 de ese reglamento establece que el conciliador y las partes mantendrán el carácter confidencial de todas las cuestiones relativas al procedimiento conciliatorio.

La demanda de Aratirí es por US$ 3.536 millones y está en la etapa de los cierres escritos, en la que cada parte deberá presentar sus alegatos finales. Esa etapa lleva varios meses dado que una vez presentados los escritos se le da vista a la otra parte. Por todo ello, las fuentes estiman que para que se conozca la sentencia del tribunal pasará mínimo un año, por lo que se espera el fallo para 2021.

A fines de febrero se realizaron en las últimas audiencias, en las que declararon expertos en calcular los daños causados por el hecho de que el proyecto de minería haya fracasado. Se trata de consultoras que dieron su visión tanto de parte de la empresa como del Estado.

Con esta tanda de comparecencias se retomó la audiencia de fines de enero cuando declaró Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Jorge Batlle. Alfie declaró en calidad de experto luego de que fuera contratado en 2019 por el estudio Ferrere para redactar un informe sobre el régimen de inversiones en Uruguay.