En 2012 me tocó seguir de cerca la caída de Pluna y el proceso judicial que vino después. Fue una época en la que vivíamos de escándalo en escándalo. Recuerdo el afán con el que tratábamos de chequear la información que nos llegaba y que la capacidad de asombro parecía no tener límite.
El Ciadi competente en conflictos con inversores
Uruguay tiene firmados varios tratados de protección recíprocas de inversiones, y esos tratados suelen tener una cláusula que establece que si surgiera una controversia no se dirimirá en la Justicia uruguaya sino en un proceso arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Para cada proceso se conforma un tribunal que se integra por expertos en arbitrajes, por lo general académicos con amplia trayectoria.
Larah es la firma a través de la cual LeadGate adquirió en 2007 su participación en Pluna. Por ese entonces la propiedad de Larah se repartía entre el holding canadiense Jazz Airlines, tres ejecutivos de Leadgate (Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch), y otros inversionistas internacionales, que juntos controlaban el 75% de las acciones de Pluna mientras que el restante 25% estaba en manos de Pluna Ente Autónomo, cuyos directores debían ejercer una función de contralor, conjuntamente con los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas.
Caballero (ex Larah) demandó por daños y perjuicios por más de US$ 800 millones a Estado uruguayo calculando el valor proyectado de la aerolínea, el valor de las siete aeronaves CRJ-900 que había comprado Leadgate y finalmente la condena fue por US$ 30 millones aunque con los intereses y moras generados desde 2012 a la fecha se deberán pagar alrededor de US$ 80 millones . El fallo no es apelable.
En esta nota podés conocer los hechos en los que se basó el tribunal para condenar al Estado uruguayo.
Cuatro desprolijidades y el hilo fino
Es difícil saber si el Estado tenía otra salida para Pluna en aquel momento pero lo que sí está claro es que después de que decidió liquidar la empresa se cometieron muchisimas desprolijidades. Pero el sistema judicial no se quedó atrás y pasó lo que tantas veces se ve en casos de corrupción, se cortó el hilo por el lado más fino, entre otros deslices.
- La contratación del abogado que había sido asesor de Leadgate
Para gestionar la quiebra de Pluna el gobierno contrató a Ricardo Olivera, que había sido abogado de Leadgate. Olivera fue quien redactó la ley, por la que cobró US$ 450 mil, que creó un fideicomiso para poner a salvo a los aviones y cayó al ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Como cuenta el libro Pluna, la caja negra, producido por El Observador, Olivera y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, eran amigos porque habían trabajado juntos en el estudio jurídico Ferrere y el jerarca sugirió contratarlo. En su fallo de procesamiento a los socios de Leadgate la jueza Adriana de los Santos dijo que Olivera era quien armaba “informes favorables a sus intereses” ya que “era necesario presentar balances que no respondían a la realidad, presentarlos en forma tardía, retacear información a los directores públicos”. En su despacho incluso fue donde Mujica con los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte) firmaron la salida de Campiani y sus socios de Pluna y donde se comprometían a no entablarse demandas cruzadas.
El "caballero de la derecha" Hernán Calvo
- El remate, el caballero de la derecha y López Mena, siempre López Mena
Mucho se ha escrito de la pantomima que fue el remate de los aviones con un único oferente, en nombre de la fundida Cosmo, que compró sin comprar: Hernán Antonio Calvo Sánchez, empleado y amigo del hijo de López Mena. El testaferro de López Mena se presentó como Antonio Sánchez con un aval totalmente irregular otorgado por el BROU a pedido del ministro Lorenzo y dictado por el titular de Buequebus, que supuestamente no tenía nada que ver, al funcionario del BROU que lo redactó. Y el empresario llegó a esa instancia presionado por las insistentes llamadas del presidente Mujica que le pedía que buscara la forma de entrar en el negocio. Después vino la emblemática foto de El Observador del almuerzo entre Lorenzo, López Mena, Calvo y otros, que desenmascaró toda la estratagema y cuya historia podés volver a leer en esta nota.
Diego Battiste
El almuerzo en Lindolfo en que El Observador sorprendió al ministro Lorenzo con López Mena
- El hombre sin dientes interesado en los aviones
Me topé con esta historia tiempo después del remate por un juicio laboral que inició una empleada para cobrar sus adeudos y me pareció que también es muestra de lo mal que se manejaban las cosas en el gobierno ante la desesperación porque apareciera algún interesado que le sacara las castañas del fuego. La historia resultó muy curiosa: detrás de la empresa Mont Fortelco, relacionada a otras cuatro empresas que se instalaron en WTC pero nunca operaron y que incluso mandó representantes al remate, figuraba un directivo que había sido descrito en el juicio como “un hombre desagradable, de mal olor y sin dientes” que solo usaba traje para participar de reuniones con autoridades. Una de las ocasiones en las que vistió traje fue en la reunión con el presidente Mujica. No hay mucho más que acotar.
- La investigación judicial y el aviso del fiscal de Corte
Antes te decía que en este caso judicial quedé convencida de que no se llegó al fondo. Si bien fue el entonces fiscal de crimen organizado Juan Gómez (hoy fiscal de Corte subrogante con licencia médica) quien inició la indagatoria de oficio al conocerse lo escandaloso que había sido el remate, luego el hilo se cortó por Lorenzo y Calloia, ambos condenados por abuso de funciones y por el escribano que elaboró el acta trucha del remate. Ellos tres pagaron el pato por todo el resto, mientras que López Mena, Calvo, el ministro de Transporte Enrique Pintado y otros personajes que habían tenido activa participación en los hechos apenas declararon en calidad de testigos. El presidente Mujica, demostrado artífice de todo lo que pasó, ni siquiera fue citado a declarar por este tema.
Y hubo algo más que hizo ruido, también relatado en el libro Pluna,la caja negra. Allegados a Mujica aseguran que fue el fiscal de Corte, Jorge Díaz, le avisó al presidente Mujica que el fiscal Gómez pediría el procesamiento de uno de sus principales ministros y del presidente del BROU. Díaz lo ha negado siempre, pero lo que nadie negó nunca es que en el gobierno se enteraron de los procesamientos al menos dos días antes de que ocurrieran. Por eso, Mujica decidió ir a hablar con el expresidente Tabaré Vázquez y preparar la salida de Lorenzo del gobierno quien renunció antes de ser procesado.
El último punto que merecería destacarse fue el penoso proceso de la aerolínea Alas U, en manos del sindicato de trabajadores de Pluna, que logró volar unos meses y también terminó en bancarrota y a quien el gobierno ayudó todo lo que pudo incluso con un préstamo de US$ 15 millones. Una desprolijidad tras otra en un caso que, como se vio esta semana, le siguen costando caro al país.