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Gobierno estudia “modelo financiero mixto” para poder concretar la primera parte del proyecto de saneamiento en el interior
El viernes 8 de setiembre, sobre las 17.30 horas, una imagen comenzó a circular entre los gerentes y directores de OSE. La represa de Paso Severino estaba desbordando, algo que no ocurría desde el 23 de noviembre de 2022, fecha en la que comenzó sistemáticamente a bajar hasta llegar a tener el 1% de las reservas en julio.
Las lluvias del anterior fin de semana habían transformado el desborde en una posibilidad más que cierta, y habían llevado a las autoridades de la empresa pública a levantar las últimas restricciones para el cuidado del agua porque lo peor ya había pasado.
Con la crisis hídrica terminada, y la potabilizadora en Arazatí ya adjudicada, en el gobierno buscan ahora pisar el acelerador con el que consideran será el otro proyecto emblema de OSE: el saneamiento.
El proyecto fue aprobado en el último directorio del año pasado y supone avanzar en el saneamiento para 61 localidades del interior del país. Se trata de una iniciativa presentada por un consorcio privado cuyas obras supondrán una inversión de más de US$ 300 millones.
La intención, anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou, era que los pliegos de la licitación estuvieran para febrero, pero la sequía y algunas trabas de carácter económico lo han venido postergando.
Modelo mixto
Desde hace meses, la ecuación numérica viene siendo motivo de intensas idas y vueltas entre OSE y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) debido al costo del proyecto y las capacidades de endeudamiento de la empresa pública.
Al aprobarlo, en diciembre del año pasado, se eligió como modelo financiero un leasing operativo entre OSE y una Sociedad de Objeto Específico (SOE). Esto determinaba que la empresa pública pagara, una vez que el saneamiento estuviera funcionando, unos US$ 43,5 millones anuales por 25 años (el período de contrato) como “alquiler” de la infraestructura. A posteriori, dado que la misma tendrá otros 25 años de vida útil, podía comprarla a unos US$ 200 millones más.
Pero eso tendrá modificaciones, porque ahora, según contaron a El Observador fuentes del gobierno, se piensa en un “modelo financiero mixto” ya que “la idea es que el pago de todo el proyecto no sea solo a cargo de OSE y que el Estado se haga cargo de una parte”, según dijo un informante.
En la administración pública existen tres modelos de este tipo. El primero supone que OSE tome la deuda a través de un fideicomiso y contrate a la empresa constructora; el segundo implica que la empresa pública forme un fideicomiso y sea este quien contrate la obra y tome el financiamiento (algo similar a lo que hace la UTE con las líneas de alta tensión); el tercero es que el dueño del “vehículo jurídico” sea la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) en lugar de OSE, lo que le permitiría contratar la obra, tomar el endeudamiento y cobrarle a OSE a medida que use el activo.
La diferencia entre los tres está en cómo se computa la inversión y el endeudamiento en las cuentas nacionales. Hasta ahora, OSE no ha contado con autorización para endeudarse debido a las directivas de disminuir el déficit fiscal.
El nuevo cronograma fijado por las autoridades supone que los pliegos estén redactados y aprobados para el mes de octubre, que la licitación se realice en diciembre y que en marzo empiecen las obras en simultáneo en varias localidades.
El período de construcción se estima en dos años y dará empleo a unas 2 mil personas. En lo posible, el gobierno buscará que los trabajadores sean de las zonas que recibirán el saneamiento.
El proyecto original implicaba una inversión de US$ 975 millones y beneficiaba a 560 mil personas a través de 250 mil conexiones nuevas en 124 localidades, pero fue fraccionado en tres y en este período se ejecutará una primera parte que alcanzará a 160 mil personas con 55 mil nuevas conexiones.
"Con otro modelo"
Consultado por El Observador, el director de OSE por la oposición, Edgardo Ortuño, señaló que la "ejecución de obras de saneamiento" viene siendo el "gran debe de esta administración".
"Los gobiernos del Frente Amplio elevaron el promedio anual de inversión que era de U$S 12 millones a U$S 36 millones, y por los recortes en el período actual volvimos a caer a menos de US$ 26 millones", señaló.
A su vez, dijo que inicialmente el gobierno anunció una "mega inversión" de US$ 1.000 millones pero luego la ajustó. "No se ha avanzado nada y ya no da el tiempo para concretar más que un pequeño porcentaje de eso", agregó y mencionó que los servicios técnicos de OSE señalaron la necesidad de obras previas para soportar las obras propuestas en varias localidades.
"Sería muy importante que se avanzara lo máximo posible pero con otro modelo de negocios para no desfinanciar a la OSE", dijo.
Por último, el jerarca señaló que concretamente, hasta ahora, se sacaron del presupuesto obras programadas como las redes y las plantas de tratamiento de Mercedes y Fray Bentos, que son "urgentes" por la "precariedad de los sistemas que hay hoy". "Al día de hoy el balance es negativo para el gobierno", sentenció.
