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Costo y salinidad: los cuestionamientos del FA en la interpelación por Arazatí y las respuestas que dará el gobierno
Por tercera vez en menos de un año, las autoridades del Ministerio de Ambiente y los directores de OSE irán al Parlamento a responder acerca del proyecto Neptuno, una iniciativa privada para construir una toma de agua y una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí en San José.
La comparecencia, en régimen de interpelación, será comandada por el diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo, y supondrá un nuevo desafío para la coalición, ya que Cabildo Abierto transmitió que esperará a escuchar las respuestas del gobierno para definir su posición, lo que deja la puerta abierta a que pueda prosperar una moción de censura contra las autoridades.
A pesar de esto, en la coalición confían –tras una conversación entre los senadores Adrián Peña y Guido Manini Ríos– en que los cabildantes terminarán respaldando al ministro aunque serán críticos por la zona elegida y el modelo financiero.
En su intervención, Carballo prevé señalar que el proyecto viola el artículo 47 de la Constitución debido a que otorga a los privados el mantenimiento de la infraestructura.
A su vez, enfatizará en que el modelo financiero elegido supondrá “importantes sobrecostos”, cuestionará que se haga esta obra en lugar de la represa en Casupá y dirá que la planta no se podrá utilizar durante muchos días por eventos de salinidad en la zona.
Sabedores de que estos serán los grandes cuestionamientos, los jerarcas del gobierno elaboraron una hoja de ruta que tendrá como objetivo defender las decisiones tomadas a partir de una definición política: tener una segunda fuente de abastecimiento para la zona metropolitana.
Sobrecostos y ratio
La semana pasada OSE adjudicó la obra al consorcio Aguas de Montevideo conformado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, que fue quien propuso la iniciativa por lo que tuvo una ventaja del 12% en la licitación.
La construcción se extenderá por dos años y medio, y el modelo financiero supone que el consorcio realice la inversión de las obras, que ascenderá a US$ 295.188.716.
Desde el consorcio dijeron a El Observador que aún no definieron de dónde obtendrán el dinero para pagarlas aunque hay “muchos interesados en financiar” tanto organismos multilaterales como privados.
Una vez que la planta empiece a funcionar, algo que se prevé para 2026, OSE realizará durante 17 años y medio “pagos por disponibilidad” de US$ 45.889.400 anuales. También deberá destinar US$ 5 millones por año como parte de los “costos operativos” (energía eléctrica, productos químicos, gestión de lodos y personal).
Sumando los US$ 4,3 millones que pagará por servidumbres y expropiaciones, las inversiones suponen que al final del período la empresa destine US$ 890 millones como repago de la inversión, mantenimiento y operación.
Esa cifra será cuestionada por el Frente Amplio, que señalará que si se hubiera optado por el “modelo de gestión pública tradicional”, el proyecto tendría un costo anual para OSE cercano a U$S 30 millones totalizando U$S 595 millones al cabo de los 20 años.
Desde el gobierno, en tanto, detallarán que el repago de los US$ 295 millones de inversión supondrán US$ 667 millones mientras que los US$ 220 millones restantes corresponden al mantenimiento de la infraestructura y la operación, dos costos que –de todos modos– la empresa pública debía realizar.
“Las razones por las cuales se fue por este camino habría que preguntárselas al MEF y la OPP”, dijo un jerarca de OSE, que adelantó que durante la interpelación asumirán que no contaban con autorización para endeudarse debido a las directivas de no contraer deuda y disminuir el déficit fiscal.
A su vez, enfatizarán que en el modelo adoptado tanto el endeudamiento como los riesgos los toma el privado, algo que ya se realizó en otros 13 proyectos aprobados entre 2012 y 2019 cuando el gobierno estaba en manos de la coalición de izquierda.
El argumento, en este caso, será que la relación de pago por disponibilidad total sobre inversión (PPD/CADEX) será de 2,72 en Arazatí mientras que en las otras obras fue –en promedio– 3,05.
Los proyectos ejecutados fueron realizados en diversas áreas como recintos penitenciarios, circuitos viales, centros educativos y vías férreas. La inversión en la ingeniería y construcción de todos ellos ascendió a US$ 1.948 millones mientras que el pago por disponibilidad total asciende a US$ 5.937 millones.
Salinidad en la toma
Otro de los focos de los cuestionamientos estará destinado a los eventos de salinidad que ocurren en Arazatí en la zona donde se tomará el agua.
Hace más de dos años, tras un convenio con OSE, integrantes del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería colocaron una sonda a 1,5 kilómetros de la costa de Arazatí y comenzaron a tomar mediciones con el objetivo de determinar la salinidad del agua en la zona.
El último de esos informes, que fue emitido en mayo, señaló que desde el inicio de las mediciones en junio de 2021 hasta abril de 2023 hubo 140 días de salinidad por encima de lo permitido, lo que representa el 20,47% de los datos registrados cada 15 minutos.
“El período ininterrumpido más largo de salinidades mayores al umbral fue de aproximadamente tres meses de duración, de enero a marzo de 2022”, dice el documento, que también destaca que entre octubre y diciembre de ese año la salinidad fluctuó superando el umbral por algunas horas, permaneciendo luego por debajo del mismo, y volviendo a superarlo nuevamente en los días siguientes.
A su vez, entre diciembre de 2022 y abril de 2023 hubo varias semanas de bajas salinidades interrumpidas por semanas de salinidad fluctuante, que superó por varios días el umbral.
Estos eventos de salinidad llevaron a OSE a incrementar el tamaño de la reserva de agua que se utilizará los días en que sea superior a la permitida. El proyecto tendrá reservas para 87 días (15 hectómetros cúbicos), una cantidad que coincide con el plazo máximo registrado por la sonda.
Desde OSE señalan que las mediciones permitieron realizar modelos de recurrencia los cuales proyectaron que a 40 años habrá poco más de 8 días de salinidad consecutivos mientras que el modelo de recurrencia para que vuelvan a ocurrir 80 días de salinidad es de 80 años.
Una de las justificaciones de la empresa para fundamentar la obra es que para 2045 el consumo de agua potable ascenderá a 840 mil metros cúbicos por día. La planta de Aguas Corrientes puede producir un máximo de 700 mil metros cúbicos mientras que Arazatí tendrá capacidad de producir 200 mil metros cúbicos aunque podrá ampliarse a futuro.
Con estos números, y los eventos de salinidad, el Frente Amplio enfatizará en que el abastecimiento para esa fecha no está garantizado, por lo que próximamente deberá construirse la represa en Casupá o hacer otras obras.
