Uruguay tiene una estrategia de largo plazo que apunta a consolidarse como proveedor y exportador de hidrógeno verde y sus derivados. Esa hoja de ruta prevé US$ 20.000 millones de inversión y 35.000 puestos de trabajo a 2040. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, habló sobre el alcance del acuerdo firmado con la Unión Europea, y también se refirió a dos grandes iniciativas privadas que se proyectan en el norte del país. El ministro dio cifras sobre la cantidad de agua que prevén utilizar y lo comparó con otros usos industriales y de recreación hoy habilitados. “Quiero desmitificar que se trata de grandes proyectos que se llevan toda el agua”, afirmó. Paganini también se refirió a los cambios previstos en el fideicomiso del boleto que financia el gasoil, y a la focalización del subsidio del supergás. Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador.
Uruguay firmó un acuerdo con la Unión Europea para impulsar el hidrógeno verde. ¿Qué alcance tiene en la práctica y cómo puede incidir en la captación de inversiones?
El mercado del hidrógeno verde se está empezando a desarrollar recién. Y la Unión Europea está definiendo regulación, está estudiando desde qué países puede importar. En la medida que uno tiene un acuerdo, se está bien posicionado para ser uno de los posibles proveedores, y también para incidir en la regulación, de manera de poder ser incluido.
En la regulación hay temas que tienen que ver con qué se considera verde y es importante poder influir. Pongo el ejemplo del CO2 biogénico, un anhídrido carbónico que hoy se emite, pero que no sale de petróleo, que no sale de combustibles fósiles. ¿Cuál es el CO2 biogénico aceptable por la Unión Europea para usar un biocombustible? El nuestro (por Uruguay) es de desperdicios, es el sub producto de la cadena forestal o de la cadena agrícola o de la producción de etanol, en el caso de Paysandú (por ALUR). Son todos aceptables, pero si no se conoce realidad o se lo piensa desde la lógica de otros países, puede pasar que no sean incluidos.
Y después está que la Unión Europea nos considera socios en esta transformación energética. Para las empresas es una señal de que pueden invertir en Uruguay. Y para la cooperación técnica que pueda venir de Europa puede haber financiamiento. Ese es el panorama de las cosas que hacen bueno e importante de acuerdo.
Hay un proyecto para producir hidrógeno verde en Tacuarembó (de la alemana Enertrag), y otro para gasolina verde en Paysandú (HIF Global). ¿En qué está cada uno de ellos?
Todavía los proyectos están en etapas de definiciones, en el sentido de que requieren una serie de etapas para ser confirmados, desde la permisología, que tiene que ver sobre todo con el estudio ambiental. Después, se tiene que estudiar, por ejemplo, la afectación de los cursos de agua, cómo se va a manejar el material que se va a producir, para finalmente darle la habilitación ambiental previa y después la habilitación definitiva. Es un proceso largo que se lleva adelante normalmente con cualquier proyecto.
Al mismo tiempo, las empresas tienen que asegurar los suelos para instalar las granjas eólicas o los paneles solares, y en ese proceso están con privados. Y tienen que definir la logística de cómo van a sacar el material que produzcan, además de cerrar el financiamiento para poder decir que comienza la obra. En el caso de Tacuarembó, tenemos entendido que el proyecto está presentado a un fondo del gobierno alemán para fomentar la transformación energética y está muy bien posicionado, pero todavía tiene que tener la confirmación de ese fondo para poder avanzar.
Y en el caso de Paysandú, es un poco distinto, porque ahí ALUR hizo una convocatoria para conseguir interesados en utilizar su CO2 y eventualmente asociarse. De los proyectos presentados que son de muy buena calidad, se terminó eligiendo este (por HIF Global), que es de gran porte, y que además ya tiene asegurado el comprador. Es una empresa que tiene capitales chilenos, europeos y norteamericanos con tecnología norteamericana. La empresa también tiene que recorrer todo el camino de permisología, de estudiar bien la conexión con la red eléctrica, de dónde va a instalar la generación renovable.
Desde el punto de vista del gobierno sabemos que estamos en un camino que es similar a lo que fue UPM II, y lleva unos cuantos años, tal vez uno y medio o dos para confirmar el comienzo de las obras. Y después como ellos mismos dicen, tres años para ponerse en producción porque la obra demora eso. Así que lo vamos a estar viendo sobre el medio de la administración siguiente probablemente.
¿Qué cantidad de agua va a utilizar el proyecto de e-fuels en Paysandú?
Tenemos los datos preliminares que son los que se presentaron hasta ahora. En el caso de Paysandú, el objetivo es principalmente la gasolina verde, pero también el metanol. El agua es una de los insumos, otro es el CO2 que sale de la biomasa y otro es la electricidad que tiene que ser renovable. Va a tomar agua del río Uruguay. Lo que consume este proyecto son 50 litros de agua por segundo aproximadamente. Eso es sobre un río que tiene 5 millones de litros por segundo, o sea que es una cienmilésima del caudal del río, con lo cual el impacto es nulo. Tiene una toma propia, no es afectando a la red de OSE de Paysandú ni nada por el estilo. En ese sentido, no hay una afectación del agua como un problema. Aún en el momento de seca, el río Uruguay tiene muchísimo más agua que la que aquí se precisa.
¿Y el proyecto anunciado en el departamento de Tacuarembó?
El proyecto de Tambores sí tiene que generar su propia fuente de agua, que puede ser de algún flujo superficial, pero probablemente sea de algún flujo subterráneo. Ellos fueron habilitados por el Ministerio de Ambiente para hacer algunas perforaciones y entender los caudales de pozos disponibles. Hay que decir que esto no es nada extraordinario. La enorme mayoría de las industrias en este país toman agua de un pozo que hacen ellas mismas, y generalmente tienen algunas decenas de metros de profundidad. Uruguay en eso es muy rico, existe agua en napas freáticas a baja profundidad. Así que probablemente no afecte acuíferos profundos esto. El caudal que consume el proyecto Tambor, que es más pequeño que el de HIF Global en Paysandú, es de 7 litros por segundo.
El proyecto de Rendición de Cuentas propone una serie de cambios en el fideicomiso del boleto que hoy financia el gasoil. ¿Por dónde pasan las principales modificaciones?
En la Rendición de Cuentas se está resolviendo un problema con el fideicomiso del boleto que existe desde 2006. Una parte de lo que el consumidor paga por el gasoil se utiliza para subsidiar el combustible del transporte de pasajeros, de manera tal de que el transporte de pasajeros está pagando el mismo precio de combustible en pesos que hace casi 20 años. Y es necesario eso, en la medida en que se quiere que el precio del boleto se mantenga controlado.
Ese fideicomiso se usa para subsidiar consumo de combustible fósil, y lo que nosotros queremos es pasar a tener movilidad sostenible en Montevideo y en todo el transporte urbano y suburbano de pasajeros. Para eso hay que generar mecanismos que permitan financiar y subsidiar la incorporación de vehículos eléctricos. Eso es lo que hace el segundo fideicomiso que se crea en la Rendición de Cuentas, que es el fideicomiso de Movilidad Sostenible, que va a ir dirigiendo lo que se va a ir volcando del gasoil a este nuevo fideicomiso, y se va a usar para que los vehículos nuevos sean todos sostenibles, de manera que la renovación de la flota de transporte urbana va a ser bastante fuerte, porque todos los vehículos nuevos van a ser eléctricos. El fideicomiso nuevo recibe el aporte y se puede usar para el pago de la cuota de un ómnibus eléctrico.
La única fuente de fondeo es la aplicación de un sobreprecio en el consumo de gasoil, que hoy es de $ 5 por litro. ¿Cabe la posibilidad que ese monto se redistribuya entre otros productos y no solo se cargue en el gasoil? Eso lo sugirió la comisión de expertos en su momento.
Esa es otra discusión. Por ahora no hemos avanzado. Tenemos la nafta con muchos más impuestos que el gasoil. Eso generalmente no sucede en el mundo, es más bien pareja la cosa. Así que por ahora no abrimos esa discusión.
La propuesta de revisión del mercado de combustible decía que en la etapa 3 (sin fecha) se eliminaría el precio máximo de venta al público, y que el Poder Ejecutivo pasaría a aprobar sólo el precio en la planta de distribución de Ancap. ¿Eso va a pasar en este gobierno?
No, porque el precio máximo está en la ley. La Hoja de Ruta definía una cosa, pero el Parlamento aprobó en la ley de Urgente Consideración un precio máximo y un precio también en planta. Hoy hay dos precios que dictamina el Ejecutivo, el precio en la boca de la planta de distribución primaria, o sea, en La Tablada y el precio máximo para todo el país. Eso se va a mantener así, está en la ley.
¿Está conforme con la focalización que tiene ahora el subsidio del supergás?
Estamos bastante conformes en cómo está funcionando. Para Ancap es un poco menos oneroso, porque el precio del supergas está un poco más cerca de su costo, aunque sigue siendo un subsidio para toda la población. Y después, unas 230.000 familias que están en la base de datos del Mides reciben la posibilidad de dos garrafas por mes a mitad de precio y alguna garrafa más al 15% de descuento. Está funcionando muy bien eso porque está usando el sistema del Mides para que uno pueda retirar la garrafa autenticándose contra una base de datos. Si no recuerdo mal, hay 190.000 familias que ya lo han aprovechado, y hay un millón de garrafas que ya se han vendido por este sistema desde que empezamos con esta media el año pasado.
Creo que el subsidio está llegando a donde tiene que llegar. Y es un costo para Ancap, pero es un costo focalizado en quienes lo necesitan. Si sumamos todo, andamos más o menos probablemente en el mismo dinero de subsidio, pero mucho mejor dirigido.
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