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Impuestos al tabaco han incidido en reducción del consumo de cigarrillos, revelan estudios
El tabaquismo es responsable de aproximadamente el 15% de las muertes en Uruguay y sigue siendo factor de riesgo de enfermedades crónicas y primera causa de muerte prevenible. Asimismo los ingresos fiscales por el tabaco no cubren completamente los costos de atención médica requeridos para tratar enfermedades relacionadas con el tabaquismo que representan un 16.7% del gasto total en salud, equivalente al 1.5% del PIB, señala uno de los estudios que se presentarán este lunes sobre el impacto de los impuestos al tabaco en la salud pública.
Los informes, realizados por el departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en coordinación con el equipo de investigación Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, se centraron en el análisis de los impuestos y el precio de los cigarrillos y revelan la importancia de las políticas fiscales en la reducción del consumo de tabaco y la protección de la salud pública.
Uruguay lleva casi dos décadas aplicando políticas de control del tabaco a partir de la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud en 2004 que se han mantenido y han impactado en el consumo. Los datos muestran que entre 1999 y 2021 hubo una disminución significativa, del 50.8% en el consumo legal de cigarrillos. Por otro lado, el tabaco para armar ha experimentado un crecimiento en este período, aumentando en un 48.3%.
Otros datos que surgen del trabajo de las investigadoras Mariana Gerstenbluth y Patricia Triunfo, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Social, indican que entre 2005 y 2017 la cantidad de hogares que gastan en cigarrillos ha caído, entre un 26% y 41% dependiendo del estrato socioeconómico, donde la mayor caída se registra en los hogares de mejor nivel socioeconómico.
En cuanto al consumo, los jóvenes entre 13 y 17 años muestran una caída de la prevalencia del último mes, del 72% entre 2003 y 2021, a la vez que un aumento de la edad en la que empiezan a fumar, la cual pasó de ser 13 a 14.4 años. Para los adultos (entre 15 y 64 años), se observa una caída en prevalencia, pero menor que la de los jóvenes, aproximadamente un 33% entre 2006 y 2022, dependiendo de las encuestas y definición de prevalencia considerada.
A su vez, la prevalencia de los hombres es sistemáticamente mayor que la de las mujeres, pero con reducciones mayores en el período que las mujeres (17% versus 7%). Por nivel socioeconómico, la prevalencia de los individuos con menores ingresos (quintil 1) es sistemáticamente mayor que la de los de mayores ingresos (quintil 5), a la vez que tuvieron una menor caída en los años con encuestas disponibles.
En relación a los impuestos, los estudios indican que Uruguay se ubica en zona amarilla, es decir entre el 51% y el 75% del precio del paquete de cigarrillos se atribuye a impuestos. Se alcanzó el máximo de este indicador en el año 2010, con un 73% del precio del paquete de cigarrillos correspondiente a impuestos.
A su vez, los avances significativos en materia de precios y medidas no relacionadas con el precio (como espacios libres de humo, publicidad, empaquetado y programas de cesación) tuvieron su mayor impulso durante los dos mandatos de Vázquez (2005-2010 y 2015-2020).
Aun hay margen para más impuestos
Desde hace unos 20 años se viene registrando un aumento significativo en el precio real de los cigarrillos, impulsado principalmente por la incorporación del IVA y los aumentos periódicos del IMESI. Sin embargo, los estudios señalan que el precio real de la marca legal más vendida de cigarrillos ha aumentado menos que los impuestos reales en el período analizado, lo que significa que aún no se ha alcanzado la meta establecida en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de que al menos el 75% del precio de los cigarrillos debería corresponder a impuestos.
Actualmente en Uruguay el 65% del precio de la cajilla corresponde a impuestos (donde el Imesi corresponde al 47% y el IVA al 18%).
Para calcular cuánto tendrían que aumentar los impuestos a los efectos de alcanzar la meta del 75% establecida en el Convenio Marco en 2028, los investigadores realizaron simulaciones y llegaron a la conclusión de que "se necesitaría un aumento del 56% en términos reales del Imesi entre 2024 y 2028 para alcanzar dicha meta. Esto reduciría en un 21% la población fumadora, lo que implica unos 70 mil fumadores menos, y una caída del 42% de los cigarrillos consumidos. A su vez, a diferencia de lo ocurrido entre 2022 y 2023, donde la recaudación total real (por IVA e Imesi) cayó aproximadamente en un 8%, entre 2024 y 2028 podría aumentar en un 5%", afirman.
Sin embargo, también apuntaron que el sistema impositivo uruguayo de los productos del tabaco es perfectible en varios sentidos. En la actualidad se aplican impuestos indirectos, como el impuesto específico interno (Imesi) y el impuesto al valor agregado (IVA). Sin embargo, señalaron que "no todos los productos del tabaco tienen las mismas tasas impositivas. A partir de 2009 se unificaron las tasas de los cigarrillos y tabaco para armar, pero no se hizo lo propio con otros productos preparados totalmente o en parte con hojas de tabaco o los dispositivos electrónicos para calentar tabaco. Consideramos que esto es clave para evitar potenciales efectos sustitución entre ellos".
También sostuvieron que el Imesi debería ajustarse automáticamente con la evolución del IPC, en lugar de hacerlo por decreto cada año. "Esto puede generar estrategias de stock, al anticipar consumidores y productores, los cambios impositivos discretos y llevar a renuncias fiscales. De hecho en el último año disponible (2021), la recaudación correspondiente al rubro Tabacos y Cigarrillos cayó 3% en términos reales, debido a que el incremento de la base específica ocurrida por Decreto 6/020 de enero de 2020 fue menor que el incremento del IPC, junto con reducción en los volúmenes comercializados (-1,6%)".
Los investigadores plantean que estas medidas deben complementarse con otras políticas. Entre ellas mencionan el fortalecimiento del cumplimiento del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del Tabaco (vigente desde 2018), la cooperación regional en controles fronterizos y la implementación de acuerdos para afectar los precios relativos, además de capacitaciones en áreas anticorrupción y fortalecimiento de la gobernanza administrativa.
Asimismo, se debe considerar avanzar en el diseño de sistemas de seguimiento fiscal, que implican marcado fiscal, registro centralizado, dispositivos de seguimiento y colaboración entre actores clave, para prevenir el contrabando y verificar el correcto pago de impuestos a los cigarrillos. Finalmente, se hace necesario también profundizar en programas de tratamiento del tabaquismo, focalizando en grupos vulnerables.
"El compromiso con estas políticas integrales es esencial para seguir reduciendo el consumo de productos de tabaco y mejorar la salud pública en Uruguay", concluyen.
