Imputaciones por rapiñas de adolescentes se desplomaron entre 2019 y 2021

A la hora de buscarle una explicación, la respuestas que surgen casi por inercia son dos: la baja de la movilidad por la pandemia y que son cifras que acompañan la tendencia general a la baja. Entre enero y setiembre de 2019 y el 2021 las denuncia por hurtos –en general– cayeron 19,2% y por rapiñas 29,4%, según cifras del Ministerio del Interior. 

La mayor caída de imputaciones ocurrió entre 2020 y 2021. El año pasado hubo 927 imputaciones y este 664, lo que significa una caída del 28,4%. 

Tamara Samudio, integrante del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, dijo a El Observador que "llama la atención" la diferencia. Pero en los datos del 2021 no están incluidos los últimos tres meses del año, que son "meses complejos en términos de delitos" y cuando "hay más imputaciones adolescentes", advirtió, aunque remarcó que no cambiará la tendencia. De todas formas, aún no hay estudios al respecto y desde la Fiscalía tampoco tienen un motivo concluyente, pero admiten que fue una razón clave para eliminar la Fiscalía de Adolescentes de Segundo Turno. 

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La fiscalía de adolescentes que fue suprimida derivó cerca de 43 casos a la otra fiscalía a cargo de María de los Ángeles Camiño. Según un informe de Fiscalía General de la Nación, los delitos cometidos por menores de 18 años en 2020 fueron el 5% del total.  

El número de personas a las que se dispusieron medidas (ya sea privativas de la libertad o no) tuvieron un aumento entre 2019 y 2020. El año pasado fueron 735 y el anterior 406. Este 2021 fueron 704. De Fiscalía aclararon que los datos de las imputaciones están fechados según el momento en el que se cometió el hecho y los datos referentes a las medidas se registran el día que se celebró la audiencia, sin tener en cuenta cuándo se cometió el delito referido. 

La diferencia de 40 casos entre las imputaciones realizadas en 2021 y las personas con medidas restrictivas responden a un remanente de imputaciones hechas en 2020, cuya sentencia se dictó en el 2021.

El incremento de los adolescentes con medidas restrictivas responde a dos cambios introducidos por la ley de urgente consideración (LUC): la eliminación de la suspensión condicional del proceso y la habilitación del proceso abreviado para menores de edad. El primer recurso habilitaba realizar un acuerdo entre la fiscalía y el involucrado para delitos de hasta tres años de penitenciaría que si se cumplía, permitía al culpable quedar sin antecedentes penales y volver a obtener el beneficio. 

El segundo es un proceso que ya estaba vigente para los adultos, pero que ahora se extendió a los adolescentes. Evita ir al juicio oral (que implica varias instancias y tiende a ser extenso en el tiempo) para habilitar una vía ágil que suele tener una sola instancia. La LUC aumentó las penas para adolescentes de 5 a 10 años en casos delitos gravísimos.

Implica que el imputado acepta los hechos que se le adjudican y los antecedentes de la investigación y puede aplicarse desde la formalización hasta el momento en el que el fiscal realiza la acusación o pide al juez el sobreseimiento. A raíz de esa aceptación, el fiscal calcula una pena que puede ser disminuida hasta en un tercio (aunque no menor a la mínima prevista por la ley para ese delito). Puede utilizarse siempre y cuando se tipifique un delito con cuatro años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, a excepción del homicidio con circunstancias agravantes especiales o agravantes muy especiales. Luego ese acuerdo entre las dos partes (Fiscalía e imputado) se homologa ante el juez, que se cerciora de que se hayan cumplido todas las garantías y que el imputado entienda que con este acuerdo está admitiendo su culpabilidad. Este proceso es irreversible, es decir, no tiene instancia apelatoria posible. 

Los delitos más cometidos por los adolescentes y lo menos 

 La mayoría de los delincuentes menores de edad cometen delitos contra la propiedad. Pero también hay un menor porcentaje que incurre en delitos violentos. Según dijeron jueces y fiscales, los casos suelen ser similares aunque el resultado sea diferente. Se trata de adolescentes que no tienen contención familiar o referentes. Escapan del sistema educativo, no entran al mundo laboral y terminan en la calle. En lo que refiere a los delitos, los adolescentes de más edad –entre 16 y 17 años– suelen cometer las acciones más violentas. Aquellos de entre 13 y 15 años caen en manos de la Justicia por casos relacionados a estupefacientes o hurtos, dijo Vera Barreto, que estuvo a cargo de una sede de menores suprimida.

Samudio, detalló a El Observador que la mayoría se encuentra en la franja de los 16 y 17 años y son jóvenes “víctimas de la exclusión continua de las políticas públicas”. Son expulsados del liceo por alguna falta eventual y despedidos de los trabajos precarios que pueden conseguir.