Informes del MSP cuestionan proyecto de eutanasia: hablan de "calamidad" y "obscenidad"

La iniciativa, surgida tras la unificación de los planteos del Frente Amplio y del diputado colorado Ope Pasquet, será votada el 6 de setiembre en la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, que decidió por mayoría avanzar en la definición del texto y no recibir a más delegaciones. Los informes, a los que accedió El Observador, circulan en ámbitos parlamentarios en un contexto de tensión en la interna oficialista por la iniciativa, y en medio de una polémica por la falta de una opinión oficial del MSP ante el Poder Legislativo. 

Los cuestionamientos más duros hacia la propuesta de legalizar la eutanasia llegaron desde el Programa de Cuidados Paliativos, dependiente de la Dirección General de Salud. Fue a través de un escrito, fechado el 5 de mayo, que lleva la firma de su directora, Adriana Della Valle. Allí se cuestiona que colorados y frenteamplistas apelen a la obligación del Estado de garantizar la salud de los habitantes del país. “Parece contradictorio, cuando se quiere legislar para garantizar la muerte de quienes lo solicitan”, se afirma. 

El informe cuestiona además la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica, que condena específicamente a la eutanasia como una “práctica contraria a la ética de la profesión”. Los detractores del proyecto señalan que en todo caso esa norma debería ser sometida a plebiscito del cuerpo médico, de la misma forma que la ley que le dio origen. 

También se critica que se diga que toda persona mayor de edad en una condición de salud que afecte sensiblemente su calidad de vida tiene derecho a recibir ayuda médica para morir. “No establece qué condición podría estarse discutiendo”, dice el informe. Como ejemplo, se pregunta si una persona que pierde sus piernas luego de un accidente y, seguramente vea afectada su calidad de vida, “puede pedir que lo maten”. 

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Los cinco escritos coinciden en la necesidad de agotar todas las vías posibles antes de habilitar el proceso y también la de priorizar la aplicación de cuidados paliativos antes de aplicar un mecanismo que no tendrá vuelta atrás. 

Esa posibilidad, según aduce el ministerio, está lejos de estar disponible para casi la mitad de la población. Solo el 53% de los uruguayos puede acceder hoy a este tipo de cuidados, de acuerdo a las cifras que aporta el MSP. En los menores de edad, el acceso baja al 31%. Además, solo 3% de las personas que acceden a cuidados paliativos lo hacen a través del mecanismo previsto en la ley de Voluntad Anticipada, vigente desde 2013. 

“A nuestro juicio es una obscenidad y una calamidad presentar esta ley, cuando aún no podemos asegurar la justicia y la equidad en el acceso a los cuidados paliativos en todo el país”, concluye el análisis firmado por Della Valle, que termina con una pregunta: “¿Este nuevo proyecto de ley de eutanasia es un derecho que debería estar en agenda o una necesidad que surge por la falta de desarrollo de los cuidados paliativos?" 

El programa dio su apoyo terminante al proyecto de ley sobre cuidados paliativos, que ya fue votado en Diputados y se discute desde diciembre del año pasado en el Senado. “Toda vida vale”. 

En la misma línea se pronució el Área de Salud Mental del ministerio, en un informe fechado el 16 de junio y firmado por su responsable, Horacio Porcíuncula, que dejó además una advertencia respecto a los suicidios. “Resaltamos la preocupación que tiene el país con respecto al aumento sostenido, durante los últimos 20 años, respecto a las cifras de suicido a nivel nacional”, hizo notar esa repartición. 

El caso de Christopher Reeve

Otro de los informes es el del Área Programática de Discapacidad y Rehabilitación de la Dirección General de Salud, que subraya que la provisión de cuidados paliativos, antes de abordar un proceso irreversible como la eutanasia, debe ser imprescindible. La inaccesibilidad de esta posibilidad, afirma ese informe, no puede ser un justificativo para habilitar la eutanasia, y debería ser considerado un derecho absoluto. 

El documento elaborado por esa oficina apela a un ejemplo internacional muy conocido: el del actor estadounidense Christopher Reeve. En 1995, un accidente durante un ejercicio de equitación le provocó la fractura de dos vértebras cervicales y le seccionó la médula espinal. Pese a quedar totalmente inmovilizado y con medidas extremas para mantenerse con vida, “mantuvo su voluntad de seguir viviendo y dedicó el resto y de su vida y sus recursos apoyando el desarrollo de posibles tratamientos de reparación de lesiones medulares”, dice el informe. 

En ese sentido, el área de Discapacidad y Rehabilitación apunta que en el caso de las cuadriplejias existe un período de hasta un año en el que el paciente sufre un período de “duelo”, con una importante depresión, en el que se niegan a rehabilitarse. Según se agrega, .luego de un tratamiento antidepresivo y con el apoyo adecuado, la gran mayoría de los pacientes accede a entrar a programas que los habilitan a recuperar grados importantes de autonomía. “Ante la situación de una persona que manifieste su voluntad de recibir muerte asistida, es menester agotar todas las medidas disponibles”, se reclama. Allí la lista incluye rehabilitación, cuidados paliativos y tratamiento psiquiátrico. 

Otro informe del MSP elaborado por la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud señala que "la persona sufriente es vulnerable y está situación condiciona la toma de decisiones, en tanto no le permite ejercer su libertad, expresada en la autonomía para decidir”. Ese informe apunta a una serie de “debilidades” en las iniciativas presentadas por colorados y frenteamplistas. Por ejemplo, cuestiona que se considere que el eventual paciente siempre actuará en forma consciente, aún en estado terminal, para conformar y luego reconfirmar que quiere acceder a la eutanasia. 

El quinto informe corresponde al Área Programática del Adulto Mayor del ministerio y está firmado por su director, Ítalo Salvio. Ese documento detalla que en un par de décadas el 22% de la población uruguaya será anciana y superará a los menores de 15 años. De acuerdo al informe, hoy en Uruguay hay unas 1.300 personas “centenarias” y 80% de las muertes en el país ocurren a edades avanzadas. Un porcentaje importante de ellas requiere de cuidados paliativos, asociadas con cáncer, insuficiencias orgánicas avanzadas o enfermedades neurodegenerativas, dice el documento. 

El informe hace referencia a “falsas creencias y prácticas”, especialmente en relación al concepto de “muerte digna”. Al respecto, se afirma, ninguno de los marcos legales nacionales o internacionales, cuando hablan de “muerte digna”, se refieren a eutanasia o suicidio asistido. 

“En relación a la vejez, no se puede dejar de lado que la principal causa de muerte violenta, por encima de accidentes de tránsito o de homicidios, son los suicidios”, agrega el informe. La tasa en esta franja etaria, se apunta, es superior al promedio, siendo un grupo donde existe subdiagnóstico y pobre tratamiento ante la depresión. El Área del Adulto Mayor cuestiona que la iniciativa no prevea ningún recaudo o garantía para evitar que factores como la salud mental interfieran con una libre decisión de las personas. 

También critica que situaciones y entornos de abuso patrimonial aparezcan diluidos y poco definidos en la discusión sobre la ley. “En ningún caso ni etapa debiera considerarse factible una participación familiar o de personas con algún interés financiero o patrimonial, ni siquiera como testigo”, se afirma. 

Asimismo, se hace referencia a la “aptitud psíquica” que debe tener el interesado a terminar médicamente con su vida. “La mayoría de las personas mayores con un deterioro cognitivo neurodegenerativo mayor no están legamente declaradas incapaces y muchas adquieren deudas en esa condición. Por tanto, también estarían aptas para conseguir y solicitar la eutanasia”, sostiene. 

En ese marco, esa área del MSP consideró que las personas mayores que cursan una depresión mayor también podrían considerar que su vida no es digna, y optar por ponerle fin. “El propio dolor y sufrimiento pueden ser coacción, librados a un tratamiento inadecuado o ausente”, señala el informe. 

"No aporta nada" 

El ministro Daniel Salinas adelantó este miércoles su postura personal al definir a la eutanasia como un “camino de salida rápida”, colocándose en la vereda opositora al proyecto y defendiendo la aplicación de cuidados paliativos, una contraposición que los impulsores del proyecto tildan de "falsa dicotomía". 

"(Los cuidados paliativos) implican un compromiso entre el paciente y el médico de llegar a un acuerdo de acompañar bien el final de la vida”, dijo al ser consultado en rueda de prensa, en la que citó al último presidente frenteamplista. “En principio estoy con Tabaré Vázquez, estoy por la vida”, aseguró. 

Salinas fue rebatido por uno de los principales impulsores de la ley, el frenteamplista Luis Enrique Gallo, que cuestionó públicamente la “ligereza” de los dichos del ministro. “Si está en contra dígalo, pero no desinforme a la población”, pidió. Gallo, diputado y médico al igual que el ministro, le recordó que la eutanasia no se contrapone a la aplicación de los cuidados paliativos. 

La presencia oficial del MSP fue debatida en la última sesión de la comisión de Salud, el pasado 10 de agosto. Allí, Galló se preguntó qué podría aportar el ministerio. “Lo que tiene hacer es reglamentar lo que el Parlamento le diga”, sostuvo durante la sesión. “Que venga a decirme si está o no de acuerdo con el proyecto, no me aporta absolutamente nada”. 

Para el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, en cambio, la consulta al MSP resulta absolutamente imprescindible. "Me cuesta imaginar que un proyecto de este sin efectuar esa consulta; no habría antecedentes", dijo. 

La presidenta de la comisión, Lucía Etcheverry (FA), aclaró que el ministerio había sido convocado el 22 de abril, cuando colorados y frenteamplistas aún no habían unificado sus proyectos. Fue a través de una carta formal al ministro Salinas. Según la diputada, luego hubo un intercambio de llamadas telefónicas en las que el ministro aclaró que no podría asistir por estar de viaje. Tampoco presentó la posibilidad de agendar una nueva fecha, o de enviar a un representante. La que sí presentó una solicitud formal para ser recibida fue Della Valle, la directora del Programa de Cuidados Paliativos. 

A su turno, la colorada Nibia Reisch recordó que la primera propuesta para legalizar la eutanasia ingresó a esta legislatura en diciembre de 2020. Desde entonces, remarcó, el Parlamento recibió el testimonio de 92 personas, que llegaron representando a 23 delegaciones distintas. 

Blancos y cabildantes reclamaron inútilmente además la convocatoria del Colegio de Enfermeros que, al decir de Goñi, deberán ser los "ejecutores" si el proceso de eutanasia se aprueba. 

Entre las demas organizaciones que, sin éxito, pidieron ser recibidas, están la Fundación Pérez Scremini, la Comisión Nacional de Pastoral de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Uruguaya y el Movimiento Pro Vida del Uruguay,