Juego online: un proyecto "empantanado" que corre riesgo de "quedar en la nada"

Apenas cuatro meses después, la realidad es casi diametralmente opuesta al otro lado del Palacio Legislativo. El proyecto nunca pudo prosperar en la Cámara de Diputados, y según transmitieron representantes de todos los lemas, está "empantanado" al punto que su discusión tuvo que ser postergada para el nuevo año parlamentario, sin perspectivas ciertas de solución. 

El texto venía siendo analizada por la Comisión de Hacienda de la cámara baja cuyo presidente, el nacionalista Álvaro Viviano, le adelantó a El Observador que, una vez levantado el receso, todas las fuerzas políticas deberán "sentarse alrededor de una mesa" y llegar a un acuerdo que permita destrabar el problema. "Lo que peor nos puede pasar es que no salga nada", dijo. "Uruguay necesita una reglamentación para el juego online", advirtió. 

El aplazamiento se debió a varios factores, Por un lado, algunos diputados nacionalistas y del Frente Amplio pidieron más tiempo para analizar el tema. Pero, fundamentalmente, respondió a una serie de planteos efectuados por Cabildo Abierto que en la  mayor parte del resto del oficialismo no están dispuestos a llevar. 

Viviano dijo al respecto  que, si bien algunas propuestas cabildantes pueden resultar atendibles, otras apuntan a una "dirección compleja" , alterarían el sentido original de un proyecto "abarcativo y garantista" como el elaborado por el Ejecutivo e, incluso, "romperían la estructura de la gestión del juego" en Uruguay. 

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El diputado cabildante Sebastián Cal explicó que buena parte de la propuesta de su partido va en la línea de corregir la "muy pobre" regulación que el proyecto del gobierno plantea en torno al combate a la ludopatía. También , dijo a El Observador, para  garantizar una "autoexclusión" integrada y realmente controlada a la que se puedan acoger las personas con problemas de juego que buscan evitar ingresar a este tipo de plataformas. 

La de Cal se trata de  una preocupación compartida por la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju). El dirigente Juan Arteaga mencionó en octubre ante los diputados que en España los casos por ludopatía se multiplicaron por diez desde que se habilitó el juego online. Incluso, apuntó, en adolescentes. El sindicato calificó además a esta modalidad de juego como "las más amigable" para el lavado de activos. 

El temor por los efectos sanitarios de la medida fue descartado en forma absoluta por esas fechas ante los legisladores por el director general de Casinos, Gustavo Anselmi. "La ludopatía es una enfermedad y debe ser tratada por salud pública, y justamente allí es tratada", dijo. El jerarca sostuvo que este flagelo "no puede ser una barrera" para la habilitación de casinos online. "Los casinos no quieren a los ludópatas, no les interesan" aseguró Anselmi, luego de presentar cifras oficiales. El último informe del que dispone el organismo indica que en 2021 el Hospital de Clínicas atendió 100 casos vinculados a la ludopatía. En 2020 habían sido 78 casos. Sin embargo, el médico psiquiatra Oscar Coll, director del Centro de Atención a Ludópatas del Hospital de Clínicas, estimó en 2018 que los ludópatas en Uruguay son 30 mil personas, además de otras 60 mil que padecen "juego problemático".

El informe de Casinos incluyó al respecto el plan de negocios de una empresa que tiene un casino en Santa Fe, una provincia argentina muy similar a Uruguay en población y en producción. Ese casino cuenta con 2 mil clientes y los ingresos a la página web son muy esporádicos. "Hoy hablamos de juego online y parece que van a estar los tres millones de uruguayos conectados todo el día", ironizó Anselmi. "Eso no es así". 

El corazón del proyecto y las apuestas deportivas

Desde el Partido Nacional, Viviano sostuvo que uno de los aspectos más complejos de la plataforma cabildante es que excluye cualquier referencia que, para que un interesado pueda contar con una licencia online, debe estar operando previamente un casino físico. Por ende, el planteo iría en contra del corazón del proyecto  elaborado por el gobierno y ratificado en el Senado, que  pone en manos del Poder Ejecutivo la explotación de la modalidad de juego online y concesionarlo a terceros, siempre que ya tenga licencias para juego presencial tanto a nivel mixto como privado.  

Otro de los puntos complejos de la propuesta de Cabildo es que el proyecto incluya, "como ocurre en todo el mundo", todo lo relativo a las apuestas deportivas y que las mismas puedan ser explotadas directamente por Casinos del Estado y no que estén como hoy "en manos de un monopolio privado". También se planteó el levantamiento de la prohibición del "sponsoreo" a los clubes por parte de los que operen este tipo de ofertas. 

Allí Cal apela a lo expresado ante el Parlamento por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Según había explicado el dirigente Eduardo Ache, la asociación apenas recibe unos US$ 500 mil al año por parte de Supermatch, que controla las apuestas deportivas en Uruguay. Es a través de un fideicomiso creado por la ley de Presupuesto votada en 2015.  El dinero, "totalmente insuficiente", es destinado a financiar obras de infraestructura para las divisiones juveniles de los clubes. Ache sostuvo que, si pudiera aceptar este tipo de sponsoreo, la AUF podría obtener ingresos anuales por hasta US$ 5 millones. 

Cabildo Abierto busca además la creación de una nueva unidad reguladora que tenga competencia exclusiva sobre todos los juegos de azar y que, según Cal, "esté por encima de todo". Busca así, dijo, corregir un problema histórico del Uruguay: en materia de regulación del juego, en que el Estado ha sido y es juez y parte. 

El Partido Independiente, no

Otra de las voces discrepantes con el proyecto del Poder Ejecutivo es la del Partido Independiente. En diálogo con El Observador, el diputado Iván Posada reconoció que la iniciativa está absolutamente "empantanada" y que, en las actuales condiciones, está lejos de poder ser votada por su fuerza política. Su principal crítica apunta a cómo el Estado iría a ejercer su potestad de control y auditoría sobre las cuatro plataformas online que, por el momento, serían habilitadas. Fue, señaló, una de las preguntas que efectuó al equipo económico en el Parlamento. Posada dijo que "después de muchas vueltas" se le contestó que los controles estarían a cargo de la Auditoría Interna de la Nación (AIN). Algo que, para el legislador, sería lo mismo que si no existieran controles. "La auditoria interna no está en condiciones de hacerlo", señaló. 

La "solución más convincente" a su juicio, sería la que aplicó Finlandia: una única plataforma en manos del Estado sobre la que operarían todos los prestadores. Tomando en cuenta que el juego es un "vicio social", para Posada lo fundamental es que el Estado no pierda su potestad de control. 

Un proyecto nacido en pandemia

Cuando el proyecto comenzó a discutirse en el Parlamento en diciembre de 2021, el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, había fundamentado la iniciativa de regular el juego online en una pedido de las propias salas de juego, afectadas por ese entonces por la emergencia sanitaria. 

Entre los solicitantes, el jerarca  mencionó notas firmadas por el grupo Criohsa, que opera el Casino Radisson Victoria Plaza de Montevideo; el Grupo Boldt y el Grupo Peralada, que operan los hoteles y casinos de Salto y Rivera, y por Hípica Rioplatense, que explota las salas de Montevideo Shopping, 18 de Julio, Géant, Las Piedras y Pando. También es un pedido que han realizado casinos privados como Enjoy, e incluso el grupo Cipriani para su demorado proyecto en Punta del Este.

“La actividad ilegal ha avanzado notoriamente; por eso esto va a ir a combatir de alguna manera el juego ilegal online. Elevamos este proyecto de ley para regularizar el tema y dotarlo de una reglamentación bien estricta y contundente”, afirmó Irastorza.