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El pedido de juicio político a la intendenta Carolina Cosse, promovido por los ediles de la oposición en Montevideo, ingresará en los próximos días a la comisión de Constitución y Legislación del Senado aunque las posibilidades de que se apruebe son prácticamente nulas porque el oficialismo no tiene los dos tercios (21) de los votos que necesita.
El planteo fue respaldado por todos los blancos y colorados de la Junta Departamental pero con el paso de los días fue perdiendo apoyo, principalmente tras el pronunciamiento de algunos líderes partidarios y dirigentes de jerarquía que señalaron que no habían sido consultados y que les parecía desproporcionada la medida.
Aunque todos analizarán al detalle los fundamentos presentados por los ediles, hay varios senadores del gobierno que comenzaron a dar señales de que no están dispuestos a votarlo.
Según supo El Observador a partir de fuentes políticas, Pablo Lanz y Carmen Sanguinetti –los dos senadores de Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado– se inclinan por no votarlo porque lo consideran exagerado, mientras que Germán Coutinho y Raúl Batlle aún no transmitieron su posición.
Una situación similar se da en Cabildo Abierto, donde los senadores tampoco están afines a apoyarlo. El partido no tiene ediles en Montevideo y Domenech manifestó que analizará el tema aunque lo considera “un juego de artificio político” que duda que el Partido Nacional tenga interés en impulsarlo por lo que cree que “será archivado”.
A diferencia de los socios, en el Partido Nacional los legisladores transmitieron su apoyo a pesar de que tienen discrepancias.
La primera señal de que la coalición no iba a actuar unida la dio el edil de Ciudadanos, Gustavo Facciola, quien pese a que votó el pedido de juicio político en la sesión de la Junta Departamental luego desistió de firmar la fundamentación del planteo.
En diálogo con TV Ciudad, Facciola dijo este martes que entendía que “estas situaciones son para alguien que comete un delito grave”. “No es que le esquive al bulto pero era una situación incómoda”, sentenció.
El coordinador político de Ciudadanos, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, había dicho que entendía la molestia de los ediles por no poder desarrollar la tarea de control pero que le parecía “un poco desproporcionado”.
“La IM está mal en no responder en tiempo y forma, no asistir cuando los ediles la convocan. Los entiendo y los respaldamos, pero hay responsabilidades compartidas. Si sentamos el precedente de que cualquier violación a la Constitución justifica un juicio político vamos a tener una lluvia de demandas que aunque no puedan avanzar enrarecen el clima", dijo entonces.
El razonamiento de Peña es compartido por Lanz, quien en reuniones privadas ha recordado su trabajo como edil durante 30 años y manifestado que si lo votan habrá otros 18 juicios políticos enseguida.
Desde Cabildo Abierto, Manini Ríos ha dicho que en Montevideo hay “temas mucho más importantes” antes que “enfrascarnos en una discusión estéril sobre las actitudes de la intendenta".
Con un documento de 19 páginas, los ediles de la oposición fundamentaron los motivos del juicio político a Cosse.
El texto, al que accedió El Observador, señala diversas razones por las que debe someterse a esta situación a la intendenta de Montevideo.
En primer lugar, los ediles aseguran que la intendenta no podía estar representada por otros jerarcas porque se trataba de una convocatoria a raíz de la falta de respuesta a pedidos de información.
Además, señalan que "sorprendentemente" después de votar el llamado a sala –que se fijó para el 7 de octubre– empezaron a aparecer respuestas a pedidos de informes, aunque de forma "escueta" o sin hacer alusión al fondo del asunto.
Por último, establece que Cosse "ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor" desde que asumió la Intendencia de Montevideo y "faltó a la verdad" cuando en una conferencia de prensa aseguró que el 100% de los pedidos habían sido contestados.
El juicio político será discutido en la Comisión y Legislación del Senado donde el oficialismo tiene mayoría, 5 senadores, mientras que la oposición cuenta con 4 senadores.
El constitucionalista Ruben Correa Freitas explicó que la comisión deberá citar a la parte acusada –en este caso, Cosse–. Habrá de 10 a 20 días de presentación de prueba, y luego será el turno de los alegatos de las dos partes. La comisión deberá elaborar informes, tanto la parte en mayoría como en minoría, que serán tratados por el pleno del Senado.
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