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Blancos le dan un tímido apoyo a ediles y marcan dudas sobre el "exagerado" pedido de juicio político
La bancada de senadores del Partido Nacional extendió este martes un tímido "respaldo político" a la decisión de los ediles opositores de Montevideo de promover un juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Fue ante la "situación de ninguneo" a la que Cosse somete a los ediles, según señalan, al no responder los pedidos de informes ni presentarse ante la Junta Departamental, y el consecuente "incumplimiento de la Constitución" y el "desconocimiento permanente" de las funciones de contralor de la junta.
Así lo dijo a El Observador el senador Jorge Gandini, uno de los más firmes defensores en el Senado de la iniciativa, al destacar una decisión tomada "sin fisuras". Hasta allí llegaron las unanimidades. Varios senadores siguen sorprendidos con una medida que consideran excesiva y, además, inconsulta, a la par que se señalan temores ante el efecto político de una acción de la cual se conoce el resultado de antemano: la coalición de gobierno carece en el Senado de los 21 votos necesarios para destituir a Cosse de su cargo.
Consultado, Gandini sostuvo que hubo aviso previo. "A mí me consultaron, a varios nos consultaron o nos dieron noticia de la decisión que iban a tomar", dijo. El senador llamó en ese sentido a "respetar la autonomía" de acción que deben tener los ediles.
No todos en la bancada tienen esa visión. "Habríamos preferido una consulta previa", le dijo a El Observador un senador cercano al lacallismo, desde donde parten los cuestionamientos más duros a la actitud de los ediles que, aseguran, nunca avisaron ni consultaron a nivel partidario sobre la acción que irían a emprender.
"Hubiera estado bueno una coordinación con el partido", coincidió este martes en rueda de prensa la vicepresidenta Beatriz Argimón, al opinar sobre la "medida extrema" de los ediles de la coalición capitalina de promover un juicio político contra la intendenta.
Más allá de que la coalición de gobierno carezca de los votos suficientes para destituir a Cosse, no existe ni siquiera la certeza de que todos los blancos vayan a apoyar el planteo. "Lo vamos a ver", señalaron varios legisladores. En esto y más allá de gestos políticos, son varios los legisladores también que dudan la existencia de argumentos políticos para, eventualmente, separar a Cosse de su cargo.
Si bien reconoce que es la única herramienta con la que cuentan los ediles, al senador Sergio Botana le resulta "exagerado" y "excesivo" promover un juicio político a Cosse por las causas esgrimidas. "Es como ponerle cadena perpetua al que roba una gallina", dijo a El Observador. Sobre todo, apuntó, para los resultados que - se sabe - tendrá el proceso.
"Tenemos que medir las consecuencias que esto tendrá sobre la estabilidad política del país", advirtió Botana. El senador rechazó además el argumento de los ediles de promover la destitución ante el "mal relacionamiento" con Cosse. "Nadie va preso por no saludarse con la mujer", ironizó el legislador.
La senadora Carmen Asiaín dijo por su parte ser respetuosa del mecanismo por el que optaron los ediles y evitó aportar mayores consideraciones al recordar el papel de "jueces" que sus colegas y ella tendrán sobre el asunto. De todas formas, Asiaín "tampoco descartaría de plano" ahora la opción de votar un juicio político a Cosse.
El edil blanco Javier Barrios Bove, uno de los promotores de la acción, dijo a El Observador que en las próximas horas el pedido formal de juicio político será presentado en el Parlamento. La Comisión de Constitución y Códigos del Senado será la encargada de analizar el tema y el plenario es el que tendrá en sus manos la definición sobre si hay lugar a un proceso para destituir a la intendenta capitalina. No hay un plazo previsto para esa conclusión.
Maniobra distractiva
El episodio contribuyó a que Cosse pudiera capitalizar un férreo respaldo en el Frente Amplio, que a su vez utilizó el hecho para pasar a la ofensiva y atribuir el pedido de juicio político al "momento crítico" que atraviesa el gobierno del Luis Lacalle Pou al ingresar a la segunda mitad de su mandato. Entre otros, por los "escándalos asociado" a los casos del narcotraficante Sebastián Marset y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, imputado por asociación para delinquir por una trama vinculada a pasaportes falsos para ciudadanos rusos.
En este contexto es que se origina, afirman en la izquierda, el "ataque injustificado" contra la intendenta, extensivo al Frente Amplio, y se la respaldó ante una iniciativa "poco seria" de la oposición departamental, destinada a "desviar la atención" de los problemas de gestión política del gobierno nacional.
"Se nos pretende igualar con quienes una y otra vez se ven implicados en presuntos actos delictivos o de corrupción en muchos ámbitos del gobierno nacional", señaló una declaración de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio al repudiar una "burda maniobra distractiva que pretende tapar el sol con un dedo" y constituye "un paso más en la degradación institucional".
Así, la acción opositora en Montevideo "tensa instrumentos constitucionales que deben preservarse para situaciones que así lo ameriten". De lo contrario, advirtió la fuerza de izquierda, mecanismos como el juicio político quedarían "vaciados de contenido", forzando el republicanismo y la democracia.
