Una trama delictiva sostenida durante seis años en dos de los restaurantes más concurridos de Carrasco, Manzanar y Río, llegó a su fin tras una investigación liderada por la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas. La maniobra, que generó un perjuicio económico estimado en US$ 1 millón, culminó con la imputación del exjefe de compras de los locales, su padre, su tío y un exempleado.
La empresa propietaria de los establecimientos, Bowerdin S.A., detectó las irregularidades a través de una auditoría interna motivada por números que no cerraban. Con el patrocinio del penalista Jorge Barrera, la firma presentó la denuncia penal hace cuatro meses, aportando pruebas clave que incluyeron filmaciones del restaurante.
Las alertas y "el caso de los huevos"
El detonante dentro de la investigación policial —bautizada internamente como "el caso de los huevos"— surgió de un diálogo aparentemente en la cocina: un encargado advirtió al propietario sobre la falta de huevos, a lo que este respondió con desconcierto, dado que los registros marcaban la compra de hasta 1.800 unidades diarias.
A partir de allí, fue que se decidió realizar una auditoría que detectó que los números no cerraban y no sólo en la compra de huevos. También había sobrefacturación en las hortalizas, verduras, artículos de limpieza e insumos de alto valor como salmón. El patrón era recurrente: volúmenes "irracionales" de facturación que nunca ingresaban a las cocinas o que eran retirados de manera ilegítima de los depósitos.
El modus operandi del jefe de compras, de nacionalidad cubana, constaba de dos pilares: diversificar los productos sustraídos y solicitar a los proveedores dividir las órdenes de compra y las facturas en tres partes. Una se asignaba formalmente a Manzanar, otra a Río y la tercera era retenida por el tranbajador. Las cámaras del restaurante mostraron cómo el implicado tomaba la tercera factura para cargarla a los balances de la empresa, mientras que su padre y su tío pasaban en una camioneta a retirar los productos físicos.
La mercadería desviada era canalizada al circuito informal y a otros locales gastronómicos a precios diferenciales. Los involucrados llegaron a montar un comercio propio, denominado "Los Frutis", donde se ofrecía la mercadería. En algunos casos los productos aún conservaban las etiquetas de Manzanar.
El dinero obtenido permitió al principal investigado financiar un elevado nivel de gastos: registró once viajes al exterior —incluyendo destinos como Dubái, Italia y Angra dos Reis en Brasil—, adquirió un vehículo y avanzó en la compra de un apartamento de pozo. Tras confirmarse las irregularidades, fue despedido por notoria mala conducta de las empresas.
Imputaciones y un insólito cruce en la sede judicial
A solicitud de la fiscal Fleitas, la Justicia formalizó la investigación por los delitos de asociación para delinquir y delito continuado de apropiación indebida contra el exjefe de compras, su padre y su tío. En la causa también fue imputado un exempleado que colaboraba en la logística, mientras que la pareja del cabecilla —quien declaró desconocer el origen de las maniobras— fijó domicilio y tiene prohibida la salida del país mientras se profundiza sobre su eventual responsabilidad.
La mujer es defendida por el abogado Carlos Balbi, mientras que el principal imputado y el exempleado fueron asistido por Santiago Castro y el padre por Fernando Posada.
Asimismo, la Fiscalía indaga si existió connivencia de distribuidores y proveedores en la emisión de facturación apócrifa o sobrefacturada.
Durante la audiencia de fijación de medidas cautelares se dispuso prisión domiciliaria total con tobillera electrónica para el exjefe de compras y arresto domiciliario nocturno para su padre, junto con la prohibición estricta de comunicarse entre sí. Al residir en la misma casa, uno de ellos debía abandonar la vivienda.
Pese a que se había coordinado inicialmente que el hijo dejaría el domicilio, en la audiencia este comunicó que finalmente no había conseguido dónde alojarse y le trasladó la exigencia al padre.
La sede debió disponer un cuarto intermedio para que el hombre gestionara un lugar; si bien acordó inicialmente ir a la casa de un hermano en Bella Unión, minutos más tarde el hombre se comunicó para decirle que se habiá enterado de la noticia por el informativo y no estaba dispuesto a recibirlo.
Luego de un segundo receso, el imputado notificó a la Justicia que se hospedaría en un hotel céntrico durante los 120 días que regirá la medida cautelar. Faltó saber si el hotel, al enterarse de que se trata de un imputado, lo aceptaría.
