Una de las preguntas que los legisladores de la oposición le plantearon al ministro del Interior Carlos Negro en su comparecencia en el Parlamento este jueves, fue si Asuntos Internos estaba indagando lo sucedido en la Operación Trazador en cuánto a las imágenes que trascendieron sobre la casa de Pablo Leiva, el asesor rentado del edil nacionalista que resultó condenado por lavado en el marco de la incautacion de 260 kilos de pasta base.
"¿Quién está llevando adelante la investigación administrativa? ¿La División de Asuntos Internos, que depende directamente del ministro y que, a mi juicio, es la que naturalmente tiene competencia en situaciones de estas características...? ¿O quién la está llevando adelante? ¿Hubo denuncia penal? Porque creo que estamos frente a hechos de apariencia delictiva y que no es necesario esperar los resultados de una investigación administrativa", preguntó el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, según recogió la versión taquigráfica de la sesión.
Negro afirmó que "las actuaciones se desarrollan en la órbita correspondiente con las máximas garantías".
Según dijeron a El Observador fuentes de Fiscalía, se recibieron varias denuncias anónimas sobre la actuación policial y la indagatoria penal fue asignada días atrás al fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez. Las fiscalías de Delitos Económicos tienen competencia además de sobre estafas, sobre hechos de corrupción pública.
Las denuncias que llegaron provenían de distintos destinatarios pero coincidían en el contenido. Se denunciaba que el director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa, realizó la filmación de la casa de Leiva luego de que el operativo había concluido.
El video fue emitido en el programa La Tapadita que conduce Eduardo Preve. Mientras se muestra la casa de Leiva, empezando por la puerta blindada, y el comedor, se oye una voz que va describiendo lo que muestra la imagen: "Acá la puerta blindex, reforzada. Enseguida acá la pieza, está con toda la guita ahi, la casa bien precaria pero bueno. Ahí está la máquina, el hombre hacía el laburo ahí".
Como informó Preve, luego Leiva y su hijo fueron amenazados por los cabecillas de la organización luego de que el condenado nombrara a otros integrantes.
Ahora el fiscal Rodríguez tendrá que determinar si existió alguna conducta delictiva en la actuación del jefe de la Brigada Antidrogas o de otros funcionarios.
El reclamo de la oposición a Negro
Abdala reclamó al ministro Negro este jueves el apartamiento de Correa mientras se investiga, por la filtración del video y sostuvo que, independientemente de quién haya entregado el material a la prensa, Correa tiene responsabilidad por haberlo registrado con su "propio celular".
"Alguien me podrá decir que se está, para decirlo vulgarmente, 'comiendo un garrón', en la medida en que hay una versión según la cual el material, la filmación o el video lo habría obtenido con su propio celular. Todo parece indicar que esto fue así por una imagen que allí aparece y porque, además, se escucha la propia voz del protagonista. Después habría sido traicionado por algún otro funcionario o por alguna persona que recibió esa información en el Ministerio del Interior y se la proporcionó a la prensa. Eso suponemos, pero no sabemos muy bien si fue así", afirmó Abdala, según consigna la versión taquigráfica de la comisión.
"A esta altura, creo que eso es lo mejor que le puede pasar al señor Correa porque, si fue Correa quien filtró la filmación, yo creo que hay que echarlo por tonto. Y creo que tonto no es; entiendo que no lo es, porque me he encargado de pedir antecedentes con relación a él", sostuvo.
Por su parte, el ministro Negro salió en defensa Correa y coincidió en que "cuesta creer" que un policía con su trayectoria haya filtrado deliberadamente un video que permitía reconocerlo. Sin embargo, rechazó que esa sospecha fuera motivo suficiente para separarlo de sus funciones antes de conocer los resultados de la investigación.
Sobre esto último, dijo: "Es más; cuesta creer que un investigador de la trayectoria de Robert Correa vaya a filtrar una filmación en la que él se encuentra hablando y sale su voz, incluso sus rastros y sus trazas. ¡Cuesta mucho creer que eso ocurra! Sin embargo, el principal señalado parece ser el oficial Robert Correa", respondió el ministro.
El ministro profundizó que existían dos filmaciones diferentes relacionadas con la operación: una que formaba parte de la carpeta investigativa y otra que habría estado "en el teléfono del Correa".
Negro sostuvo que el video incorporado a la investigación pudo haber sido conocido por personas ajenas a la Policía, por lo que cuestionó que se atribuyera la responsabilidad de su difusión exclusivamente a funcionarios policiales. "Sobre la que está en la carpeta, que también se filtró -¡también se filtró!-, tenemos a varias personas -que no son solamente policías- que pueden haber filtrado esa información al mismo periodista, creo", señaló el ministro.
Negro también destacó los resultados del director al frente de la repartición y mencionó que es el "ha sido responsable de los resultados más importantes que ha tenido esta Administración en materia de narcotráfico" y afirmó que "no es una cosa menor".
Negro aclaró que no descarta tomar medidas contra Correa si se encuentran elementos que justifiquen su apartamiento: "Y con esto no estoy diciendo que yo no vaya a relevar a Correa; ni a Correa ni a ninguno de los policías que están a cargo y con responsabilidades policiales en el Ministerio de Interior. Si hay que relevarlo, se lo releva, ¿cómo no? Pero hay que tener fundamentos; no porque sí", sostuvo.
Desde la oposición, Abdala advirtió que la oposición podría volver a convocar al ministro cuando se conozcan los resultados de la investigación administrativa y planteó la posibilidad de avanzar hacia una interpelación.
La Operación Trazador
La Operación Trazador permitió desarticular una organización dedicada al ingreso, almacenamiento y distribución de drogas en Uruguay. La Policía incautó más de 260 kilos de pasta base, con un valor estimado de US$ 2 millones, además de vehículos de alta gama, armas de fuego, municiones para fusiles AK-47, aproximadamente $ 3 millones y US$ 42.000 en efectivo.
El operativo terminó con tres personas condenadas. El que tenía la droga recibió una pena de seis años y seis meses de prisión, mientras que su pareja fue condenada a tres años. Pablo Leiva recibió una pena de dos años y seis meses.
La investigación también derivó en que el edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, quien tenía a Leiva como asesor rentado en la Junta Departamental de Montevideo, fuera suspendido por dos años y apartado de su banca.
