Justicia dictó sexto procesamiento por estafa con afiliaciones truchas al Fonasa

Staricco confirmó a El Observador, que a pedido de la fiscal Mónica Ferrero, le imputó el delito de intermediación lucrativa, que castiga con 4 a 24 meses de prisión a quien "por cualquier medio ejecute o encomiende ejecutar actos de intermediación lucrativa, actos de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica privada, sean éstas colectivas o particulares".

A su vez, continúa prófugo otro promotor de la mutualista Círculo Católico que fue identificado fue el responsable de la creación de más de 80 empresas truchas, que ponía a nombre de distintas personas, a través de las cuales se lograba inscribir a usuarios de este centro de salud cuando en realidad no tenían derecho a serlo porque no aportaban al Banco de Previsión Social (BPS).

La estafa consistía en captar socios para mutualistas y hacerlos figurar como trabajadores que aportaban al BPS cuando en realidad no lo eran. Para reclutar posibles usuarios los estafadores iban a asentamientos de Montevideo y en algunos casos pagaban $ 500. En total se estima que inscribieron a 31 mil personas que no aportaban al BPS y por lo tanto no tenían derecho a elegir una mutualista. Eso causó un perjuicio económico al Estado estimado que alcanza los US$ 900 mil por año durante seis años.

Además del procesado en la noche del viernes, fueron procesadas otras cinco personas.

Entre ellas se encuentra Christian Martín, un joven de 23 años con antecedentes por estafar a bancos, que era quien figuraba como titular de las empresas truchas, y dos conocidos que reclutaban personas para inscribirlas en el Círculo Católico. Estos dos recibían un subsidio de desempleo pagado por el Banco de Previsión Social (BPS), a sabiendas de que no les correspondía, y que había sido gestionado por Martín.

En tanto, las madres de estos últimos también fueron procesadas con prisión, ambas por ser titulares de empresas truchas. Además, Martín le gestionó a una de ellas un préstamo en el BPS, mientras que a la otra el cobró durante seis meses un subsidio por desempleo.

La investigación apunta además a siete prestadores privados. Concretamente se indaga si personal de las mutualistas del área comercial y de captación de socios formaba parte de las maniobras, ya que el dinero de las cápitas que paga el Estado por cada socio ingresaba a las mutualistas. Además se investiga la hipótesis de que se trate de una asociación para delinquir que incluya a personal del BPS.