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El gobierno electo eliminará el corralito mutual en el próximo quinquenio
Después de haberse visto impedidos de cambiar de prestador de salud durante tres años, los usuarios que así lo deseen podrán afiliarse a otra institución en el mes de febrero. La reapertura del corralito mutual fue confirmada por el gobierno a través del sitio web oficial de Presidencia y, según supo El Observador, en los próximos días las autoridades salientes darán a conocer más detalles de su implementación.
Pero a menos de dos meses del recambio de autoridades en el Poder Ejecutivo, los jerarcas del gobierno entrante empezaron a hablar sobre cómo eliminar por completo la movilidad regulada dentro del sistema en el próximo período de gobierno. Fuentes de la administración que asumirá el 1° de marzo dijeron a El Observador que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, cumplirá con esta promesa de campaña "de manera progresiva" en el quinquenio venidero.
El tema está en la agenda del ministro de Salud Pública designado, Daniel Salinas, quien conversó de manera informal con José Luis Satdjian y Carlos Benítez, el futuro viceministro y el próximo director general de la secretaría de esta cartera, y les mostró su disposición a cumplir con la propuesta. Las personas consultadas expresaron que, si bien está definido el "espíritu" del cambio, todavía falta definir cómo se llevará adelante. "El desafío es encontrar el equilibrio justo entre la libertad individual y la estabilidad del sistema", afirmó una de ellas.
El corralito mutual o movilidad regulada se implementó por primera vez en 2009, pero recién en 2011 se decretó que se restringiera al mes de febrero de cada año la posibilidad de cambiar de prestador sin tener que dar una explicación, con la condición de haber estado al menos tres años afiliado a esa institución. Esta decisión tuvo varias justificaciones, entre las cuales se destacaba la estabilidad del recién reformado sistema de salud, que además se había visto afectado por la crisis económica de 2002, que había forzado la creación de comisiones de seguimiento tripartitas para evitar el cierre de instituciones privadas.
Como la ley que creó al Sistema Nacional Integrado de Salud establece que la elección del prestador "es libre", hay quienes entienden que la decretada movilidad regulada es inconstitucional. En campaña, todos los partidos con representación parlamentaria se comprometieron a dar más libertad de elección a los usuarios si ganaban las elecciones. Pero ninguno de ellos tenía demasiado claro cómo hacerlo.
¿Qué se sabe hasta ahora de la reapertura prevista para 2020?
Por primera vez la persona que quiera cambiarse de prestador deberá presentarse en una de las sedes habilitadas de los centros de salud para acreditar, a partir del registro de su huella dactilar, que es quien dice ser. La resolución adoptada por el Ejecutivo de Tabaré Vázquez quiere evitar la intermediación lucrativa, delito que lo motivó a decretar el cierre del corralito en diciembre de 2017.
En esa oportunidad, al menos dos mutualistas crearon empresas fantasmas para registrar en ellas a personas que en verdad no trabajaban, lo que luego les permitiría cobrar las cápitas del Fondo Nacional de Salud (compensaciones económicas que las instituciones reciben todos los meses por cada afiliado, en función de su sexo y edad), según informó El País. En otras palabras, quienes fueron procesadas se habían valido del sistema para estafar al Fondo Nacional de Salud, pagándole entre $500 y $1000 a personas que vivían en asentamientos.
Las afiliaciones solo se harán en las sedes centrales de los prestadores y, a pedido de las instituciones que dialogaron con las autoridades de la Junta Nacional de Salud (Junasa), también en algunas oficinas secundarias cuyas direcciones serán comunicadas en los próximos días por las autoridades sanitarias, según supo El Observador.
En los últimos meses los prestadores debieron adquirir el sistema More (en referencia a "movilidad regulada") y terminales POS para concretar el trámite. A su vez, lectores de huellas dactilares, cámaras web y lectores de cédulas de identidad electrónica.
Solo algunos funcionarios estarán habilitados para registrar a nuevos usuarios, y todos deberán tener cédula de identidad electrónica. Cada vez que lo hagan deberán sacarse una foto con la cámara web y acreditar su identidad mediante la lectura digital de sus huellas y de su cédula. En minutos el sistema habrá confirmado que la huella contenida dentro de la cédula y la registrada en la institución corresponden a la misma persona, lo que destrabará la posibilidad de hacer una nueva inscripción.
En el caso de los usuarios, el proceso es el mismo. La única diferencia es que también está contemplado que personas sin cédula electrónica pueda hacer el cambio. Según informó El País, el cruce de información será con el banco de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, lo que previsiblemente elentecerá el trámite.
El documento que la Junasa entregó a las instituciones explicándole la puesta en marcha del sistema More, al que accedió El Observador, también detalla otros datos de rigor que deberán pedir a los nuevos usuarios como el teléfono o el mail. A los nuevos afiliados les llegará un mensaje de texto al celular y un email confirmando la inscripción.
Asimismo, otro escrito enumera documentos que formarán parte del proceso como la "cartilla de derechos" que servirá como "confirmación de la afiliación"; declaraciones juradas, la constancia de afiliación y la representación por poder que las instituciones deberán conservar "para su presentación ante una auditoría".
La Junasa trazó un plan de implementación del sistema que empezó el 9 de diciembre de 2019. El primer paso fue la "capacitación a capacitadores", lo que supuso la designación de dos personas para instruir a dos funcionarios de cada institución. Además, en los últimos días los trabajadores debieron probar el sistema y reportar los posibles errores de funcionamiento que detectaran.
