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Justicia dispuso liquidación de Caputto tras un largo periplo de agonía e incertidumbre
La Justicia dispuso el 15 de mayo la “disolución” y el cese de sus administradores de la empresa Citrícola Salteña SA, más conocida como Caputto, y designó a la Liga Comercial (Lideco) como síndico que ahora tiene 10 días hábiles para presentar el proyecto de liquidación.
La resolución fue notificada el martes a la empresa, según informó el diario El País este jueves. Caputto decidió apelar la decisión judicial para lo que tiene un plazo de seis días hábiles desde la notificación. De todos modos, como la apelación no tiene efecto suspensivo, la administración de la empresa fue desplazada y Lideco está al mando.
Esta decisión se da en el medio de la mejor zafra de la citrícola en cinco años y la idea de Lideco, según publicó el matutino, es continuar con el trabajo pero con el objetivo de que no tenga resultados negativos que amplíen el pasivo. La empresa emplea actualmente, entre puestos directos e indirectos, un total de 1.500 empleados.
En noviembre, Caputto estuvo cerca de un acuerdo con la mayoría de los acreedores pero finalmente las negociaciones se frustraron luego de que el BROU decidiera cambiar su postura como acreedor.
“Fue una negociación muy compleja porque involucraba a muchos actores. El BROU no ayudó nada en este proceso”, dijo a Informativo Carve el gerente general de la empresa, Jorge Caputto, en referencia a la administración anterior del banco estatal.
Según la versión de la empresa, el Banco República modificó su postura en varias oportunidades disminuyendo y aumentando la posición de su deuda y, por lo tanto, la incidencia sobre la junta de acreedores.
Al ser un acreedor privilegiado –porque posee como garantía una hipoteca – no tiene la potestad para intervenir en la junta de acreedores. Sin embargo, tiene el derecho de renunciar a una parte de la hipoteca y presentar una parte de la deuda sin garantía (acreedor quirografario).
Si se presentara solo como acreedor privilegiado, el BROU solo debía homologar el acuerdo que la empresa llegara con el resto de los acreedores. Al presentarse también como acreedor quirografario (que no tiene garantía) puede interceder en las negociaciones de la junta de acreedores
En una de las modificaciones, el 16 de julio, el BROU se quedó con el 44% del total de la masa acreedora en su presentación como quirografario. Entonces, la empresa llegó a un acuerdo con el resto de los acreedores –más de 100– de forma casi unánime y se alcanzó un acuerdo con el 50% del monto necesario previsto por ley.
Pero en noviembre, siempre según la versión de Caputto, el BROU volvió a aumentar su posición como quirografario e hizo caer el acuerdo porque no se llegaba al 50% del monto previsto por ley.
El camino a seguir
Al no haber acuerdo y cumplidos los plazos establecidos, la liquidación de la empresa parece ser el único camino viable a seguir. Sin embargo, los asesores de la empresa entienden que se puede apelar el proceso y revertirlo.
Si no se logra revertir, se procederá a la liquidación y la familia Caputto pierde todos los activos. Si se logra modificar, el gerente general de la empresa confía en que se pueda llegar a un acuerdo concursal y a partir de allí encarar un proceso más ordenado y buscar un inversor.
Por ahora se mantiene la operativa normal con el objetivo de afectar lo menos posible la zafra que es la mejor en cinco años. “La zafra va a ser determinante”, dijo Caputto en referencia al futuro de la empresa.
Algunos elementos coyunturales como el aumento del tipo de cambio, el buen clima en la zona norte del país y la alta demanda de productos citrícolas por el coronavirus (tienen buena conservación) sumado a inversiones que ahora están dando sus frutos permitieron un mejor desempeño.
Si bien Lideco solo quiere continuar con el trabajo si se confirma que no generará nuevos pasivos, desde la empresa entienden que eso es difícil de prever porque una vez que se termina la zafra hay que seguir trabajando sobre el campo.
Concurso
Caputto solicitó el concurso de acreedores ante la Justicia en febrero de 2019 debido a una compleja situación financiera y económica, según informó en ese entonces a la Bolsa de Valores de Montevideo y al Banco Central.
De acuerdo a la información de la Central de Riesgo del BCU a diciembre de 2018, la compañía contaba con créditos reestructurados por US$ 13,4 millones y una línea vigente por US$ 7 millones con el banco estatal. También debía a otros bancos privados, pero sumas menores, y a distintos acreedores comerciales.
Actualmente la deuda con el BROU, el principal acreedor, es de US$ 9,8 millones. Además, el banco pasó a pérdidas (por normativa del BCU tiene que hacerlo, pero no implica que no lo vaya a recuperar) otros US$ 2,2 millones.
La empresa también una deuda de US$ 1,1 millón con el Banque Heritage y a Scotiabank Uruguay le debe US$ 200.000.
Por otro lado, Citrícola Salteña SA, emitió en abril de 2016 en el mercado de valores Obligaciones Negociables (ON) por US$ 11 millones, con vencimiento a 10 años. Para garantizar esa deuda, existe un fideicomiso de garantía, a donde la firma volcó créditos, bienes inmuebles y fondos a una cuenta escrow (en garantía) por US$ 21 millones, apuntó El País.
En una asamblea el 17 de junio pasado, la mayoría de los inversores en estas obligaciones votó afirmativamente por la exigibilidad anticipada de esos títulos, luego que Citrícola no depositara en el plazo estipulado los fondos en la cuenta escrow.
Deuda con los trabajadores
La deuda de la empresa con los trabajadores supera el US$ 1 millón y, según señaló el senador Juan Castillo (Partido Comunista), corresponde al incumplimiento en el pago de sueldos, aguinaldos, despidos y salarios vacacionales. Los trabajadores sindicalizados se declararon en conflicto en diciembre de 2019, cuando Caputto no les pagó los haberes correspondientes a ese mes.
En enero, el Parlamento aprobó, con el voto de todos los partidos, la extensión del seguro de paro hasta el 31 de mayo para los trabajadores zafrales.
En abril de 2019, la Citrícola Salteña fue asistida con el Fondo Citrícola, un préstamo que rondaba los US$ 3,5 millones ($ 15 millones, según el cambio de entonces), proveniente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).
El proyecto de ley que estuvo en cuestión en enero establece que el fondo para cubrir la deuda se nutrirá del dinero recuperado de ese préstamo. Pero para tener más garantías, los representantes empresariales del BPS solicitaron que el organismo no estuviera obligado a hacer la transferencia de dinero a los trabajadores hasta que la Citrícola Salteña –que en febrero se presentó a concurso de accreedores– no hubiera devuelto parte del dinero que debe al Estado.
