La Corte Interamericana exigió a Nicaragua la inmediata liberación de 11 presos políticos

Las medidas favorecen a 11 de 46 detenidos en ocho centros. Entre ellos figuran la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y precandidata presidencial en las elecciones de 2021 Cristiana Chamorro; el también precandidato Félix Maradiaga y el integrante de la opositora Alianza Cívica Nicaragüense Juan Sebastián Chamorro; así como la excomandante guerrillera sandinista y líder del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Dora María Tellez, y el exmiembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y excanciller Víctor Hugo Tinoco, entre otros.

Entre los detenidos también están la jefa del partido Unamos, Suyen Barahona; el diplomático y docente Arturo Cruz; y la exdirectora del opositor Movimiento por Nicaragua Violeta Granera, precandidato presidencial por la Alianza Azul y Blanca (UNAB).

También figuran el expresidente del Consejo Superior de Empresas Privadas de Nicaragua José Adan Aguerri; el periodista Miguel Mora; el exdirigente del Movimiento Renovador Sandinista nicaragüense y actual miembro del partido Unamos Hugo Torres y la activista feminista Tamara Dávila.

El 29 de noviembre pasado, la CIDH ya había declarado en "desacato permanente" al gobierno de Ortega por la "efectiva inobservancia" de lo ordenado por el tribunal en seis resoluciones emitidas desde junio de 2021 a favor de los detenidos.

En esta ocasión, el tribunal destacó que "la situación de riesgo valorado (de los detenidos) ha continuado incrementándose", así como "las condiciones insalubres y riesgosas de detención, las agresiones, intimidaciones y amenazas en contra de las personas en detención y sus familiares".

El gobierno de Ortega rechazó en noviembre pasado autorizar una visita de la CIDH para examinar la situación de los presos políticos, varios de ellos -38 según el Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más-afectados con enfermedades agravadas por la cárcel.

La mayoría de los detenidos fueron condenados por “terrorismo”, “conspiración” y “traición a la patria”, en base a la llamada Ley de Defensa de la Soberanía, de apenas dos artículos y que fuera sancionada en 2020.

En este contexto, la CIDH destacó que "la negativa deliberada del Estado de brindar información oficial sobre la situación actual de las personas identificadas se han mantenido y empeorado con el paso del tiempo".

Según la CIDH, más de 200 personas están detenidas en el contexto de la crisis política desatada por las manifestaciones contra una reforma de la seguridad social que buscaba implementar el gobierno en 2018, protestas que fueron reprimidas con un sado de 355 muertos y miles de exiliados.

Acusado por sus adversarios de autoritario y corrupto, Ortega, de 77 años y presidente desde 2007, considera que el movimiento en su contra fue un intento de golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.