La crisis migratoria de Biden, un caos evitable

Todo ello, aunado a las promesas y a la retórica pro inmigración de Biden, hizo que muchos pensaran que se estaba muy cerca de una política de puertas abiertas. Y rápidamente se convirtió en un imán para emigrantes centroamericanos y de todas partes del mundo.

No era para menos: el propio plan de gobierno del entonces candidato Biden, en su apartado intitulado “El plan de Biden para asegurar nuestros valores como una nación de inmigrantes”, había sido un poderoso alegato en defensa de la migración, de las políticas de puertas abiertas, del instituto del asilo y hasta de las razones que impulsan a los refugiados del llamado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) a buscar asilo en Estados Unidos. Es más, prometía resolver todos esos asuntos y el cuello de botella en la frontera en sus primeros 100 días de gobierno.

¿Cómo es posible entonces que ahora tenga esta crisis de proporciones en la frontera de Texas, y esas perturbadoras imágenes que todos hemos visto de niños recluidos en fríos centros de detención, separados por lonas de plástico, durmiendo sobre colchones de plástico y tapados con improvisadas mantas de papel de aluminio?

La realidad es que por todo el discurso pro migración de Biden, pocas cosas han cambiado para quienes pretenden ingresar a Estados Unidos por la divisoria sur. El gobierno no aclaró que si bien levantaba la medida del “remain in Mexico”, dejaba en pie el llamado Título 42, del que Trump había echado mano para deportar refugiados a México como medida sanitaria durante la pandemia. La única diferencia es que ahora los menores que llegan solos sí son admitidos para aguardar audiencia de asilo. Y eso es lo que ha provocado este bochorno internacional, y calvario inenarrable para esos niños detenidos en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Lo que está profundamente mal (y no de ahora, sino de hace al menos tres décadas) es la propia política migratoria de Estados Unidos; sobre todo la cuestión de los centros de detención, que no empezaron bajo la presidencia de Trump, sino bajo la de George W. Bush. Luego fueron continuados y multiplicados durante los gobiernos de Barack Obama y del propio Trump.

No hay ninguna razón para enviar a un emigrante o refugiado a un centro de detención; para empezar, porque no ha cometido ningún delito. Imaginemos que en Uruguay, durante la ola migratoria de los últimos diez años, hubiéramos puesto en centros de detención a los miles de venezolanos, cubanos y dominicanos que llegaron por la frontera seca. Se habría creado una crisis humanitaria que el mundo, y nosotros mismos condenaríamos. Pues eso es lo que hace Estados Unidos. Y es mucho peor tratándose de niños.

Las organizaciones de derechos humanos han determinado -y el gobierno de Washington ha admitido- que cerca del 85% de los menores que llegan por la frontera tienen la dirección de un familiar o “patrocinador” que los espera en Estados Unidos.

En el caso de los adultos, cerca del 60% tiene adonde llegar. Dejen a esa gente seguir su camino, no los manden a centros de detención.

Y en todo caso, con una pequeña partida de los ingentes recursos que ahora utiliza el gobierno federal para retener niños en la frontera, podrían facilitar la reunión de todos ellos con sus familiares o amigos dentro del país. Para colmo, como ha contado la abogada del Proyecto de Justicia para Inmigrantes Luz López en un artículo en The New York Times, muchos de esos niños que ahora están retenidos en la frontera han llegado con una tía, con un tío o con un hermano mayor. Pero como a menudo esos familiares no son los tutores legales del menor, se los separa en la frontera -según alegan las autoridades- como medida preventiva contra la trata de niños.

O sea, un disparate total, que solo contribuye al mayor trauma y angustia de esos chicos.

Está bien que cada país se reserva el derecho de controlar su frontera y de darle un orden al flujo migratorio hacia su interior. Pero hay un derecho Internacional Humanitario que respetar, hay derechos humanos. No podemos alegremente meter a toda esa gente en centros de detención, sean niños o no.

Y si le reclamamos al gobierno de Piñera en Chile, con justa razón, que pare de deportar refugiados venezolanos; si criticamos a la alcaldesa de Bogotá por su inaceptable retórica antiinmigrante y nos rasgamos las vestiduras por un insignificante candidato peruano que amenaza con meter a todos los venezolanos en un barco; debemos condenar que el gobierno de Washington mande a sus migrantes y refugiados a centros de detención. Los que además están todos en manos de privados.

Aunque en rigor lo que Estados Unidos necesita es una reforma migratoria integral de largo alcance, que pueda resolver estos problemas en la frontera pero que también regularice a esos 11 millones de indocumentados que por demasiado tiempo ya han vivido en las sombras del sistema.