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Después del 27: las reformas del gobierno postergadas por el referéndum de la LUC

La validación de las firmas y la consecuente convocatoria a la instancia electoral pusieron en pausa la agenda del gobierno, o al menos una parte de ella
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20 de marzo de 2022 a las 05:00

Era algo que todos sabían y comentaban por lo bajo pero nadie se animaba a decir en voz alta. La validación de las firmas recolectadas por el Frente Amplio y las organizaciones sociales, y la consecuente convocatoria a un referéndum, puso en pausa la agenda del gobierno, o al menos parte de ella, hasta el 27 de marzo. La agenda política fue absorbida por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración –y todas las discusiones aledañas que genera- y algunos plazos previstos por el gobierno en sus inicios ya se vieron trastocados. 

En la última semana de campaña nada de lo que no se hizo se va a concretar y son varias las reformas que el gobierno deberá encarar tras conocer el resultado del referéndum. 

Seguridad social

Fue el primer tema en ser aplazado. Ya a principios de setiembre del 2021 el Poder Ejecutivo tomó la decisión de postergar la reforma de la seguridad social para después del referéndum a pesar de que le daban los plazos para presentar un proyecto antes. 

A principios de noviembre de 2021, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) elevó el informe con las recomendaciones y ahora es el Poder Ejecutivo el que debe elaborar un proyecto de ley para enviar al Parlamento.

Como era “muy difícil” enviar el texto antes de fin de año, el Ejecutivo decidió postergarlo para después del referéndum. “Lo razonable es no interferir en el debate por el referéndum”, dijo a El Observador una fuente del gobierno por aquel entonces. 

Esa reforma pondrá sobre la mesa temas sensibles como la edad de retiro lo que pone al gobierno en un aprieto. Cuanto más cerca de las elecciones de 2024 se discuta este proyecto, más difícil será recoger las voluntades necesarias para aprobarlo. 

Funcionarios públicos

En el Presupuesto aprobado en 2020, el Poder Ejecutivo estableció un nuevo sistema de licencias médicas para los funcionarios públicos. Alarmado por la cantidad de certificaciones en el sector estatal, el gobierno decidió modificar el régimen actual que no descuenta ningún porcentaje del salario a aquellos trabajadores que se enferman y no van a trabajar. 

Sin embargo, el sistema propuesto por el Ejecutivo no convenció a la bancada oficialista que pidió conformar una comisión para discutir un nuevo proyecto. Entonces, el Presupuesto creó un nuevo sistema en suspenso y una comisión para revisar ese nuevo sistema. 

El acuerdo entre Ejecutivo y legisladores de la coalición fue que el nuevo régimen no entraría en vigencia hasta que el Parlamento no tuviera un nuevo proyecto de ley para discutir un sistema alternativo. Más de un año después de la fecha inicial prevista para poner en marcha el nuevo régimen de licencias médicas nada ha cambiado y el Parlamento todavía no tiene un nuevo texto para debatir. 

Sin embargo, ese proyecto está redactado y en manos de Presidencia pronto para ser enviado al Parlamento desde mediados de 2021. La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) terminó su trabajo como cabeza de la comisión creada para tratar el tema y elevó el nuevo texto a la oficina del presidente que, por ahora, descansa en un cajón. 

Sin embargo, este no es el único punto vinculado a los funcionarios públicos que fue postergado por el gobierno. La idea inicial de la ONSC y del Ejecutivo era incluir en la Rendición de Cuentas 2021 varios artículos para reformar, entre otras cosas, la carrera funcional de los trabajadores del Estado. 

Pero por falta de tiempo, según dijeron desde el gobierno, esas modificaciones quedaron postergadas para la próxima rendición, a mediados de 2022.

Combustibles

Más allá de la polémica generada por el sistema de fijación de precios que será impugnado por el referéndum de este domingo, la reforma sobre el mercado de los combustibles tiene otras etapas que van en paralelo. Y uno de esos pasos, vinculado a la distribución del producto que ofrecen las estaciones, tenía que concretarse en enero de 2022. 

La Ursea pidió en las últimas semanas la postergación de esa instancia por falta de recursos técnicos y financieros, según informó Búsqueda y confirmó El Observador. Esta etapa, ahora postergada hasta junio de 2022, plantea, entre otras cosas, que los distribuidores absorban los costos del flete del combustible a las estaciones.

Otras reformas

El gobierno decidió postergar hasta abril la aplicación del nuevo reglamento de atraque para los barcos portacontenedores con el objetivo de generar un nuevo espacio de negociación con la empresa Montecon que pretende seguir operando en el Puerto de Montevideo. 

Este cambio, vinculado a la extensión de la concesión hasta 2081 de la Terminal Especializada de Contenedores a Katoen Natie, había generado conflictos sindicales y paralizaciones en el puerto. De esta forma, el Ejecutivo se asegura cierta calma por varios meses en uno de los puntos neurálgicos de la economía del país. 

Pero también hay otras reformas o cambios anunciados por jerarcas de gobierno durante el 2020 que tampoco tuvieron avances. En agosto el presidente del Banco Central, Diego Labat, aseguró que pretendía avanzar en el segundo semestre de ese año en la reforma de la carta orgánica del organismo. Uno de los cambios que se pretende es que los directores del BCU no coincidan con el ciclo electoral. 

Si bien Labat aseguró que no pretendía “poner plazos”, la idea era buscar un amplio consenso para dotar de mayor independencia a la autoridad monetaria. Sin embargo, hasta ahora no ha habido novedades de este tema.

Parlamento

El Parlamento también está paralizado desde hace varios meses. Varios proyectos que ya venían con lenta discusión quedaron totalmente fuera del radar político y mediático. La ley de medios, los proyectos vinculados a la usura, algunas comisiones investigadoras y otros temas que podían generar división en el oficialismo, como la revisión del sistema tributario pedida por Cabildo al Ministerio de Economía, quedaron en el olvido en los últimos meses. 

La extensión de los jornales solidarios tal como estaban funcionando fue una solución intermedia que encontraron en el Congreso de Intendentes. Los jerarcas no lograron ponerse de acuerdo con el Ejecutivo sobre las nuevas condiciones del programa y extendieron los actuales hasta el 31 de marzo. 

Avanza igual

Un tema que avanzó a pesar de que será sometido a referéndum es la portabilidad numérica. Los artículos que habilitan el pasaje de compañía de celular sin perder el número podrán ser derogados el 27 de marzo pero el gobierno decidió ejecutarlo de todos modos. Los números iniciales confirman que la cantidad de usuarios que hace uso de esto es residual y, en el global, Antel se ha visto beneficiada con nuevos clientes. 
 

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