La delgada línea roja

El episodio causó un generalizado y justo repudio porque, además del porte ilegal de armas por parte del jugador, la pistola 9 mm estaba destinada a la barra brava de Peñarol y de haber llegado a destino pudo haber ocurrido una tragedia. Ya son bastantes los antecedentes de uso de armas de fuego, principalmente fuera de los estadios, con muertes de hinchas absolutamente inocentes que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Pero aparte del repudio, el hecho en sí generó reacciones muy fuertes. A Gabriel Cedrés, integrante de cuerpo técnico de Peñarol, que se hizo presente en la Fiscalía de Maldonado para darle apoyo moral al jugador detenido, lo crucificaron en las redes sociales por solo hecho de llevarle una estampita. ¿Qué se pretendía? ¿Qué lo prendiera fuego? Tuvo que salir en su defensa Pablo Bengoechea, director deportivo de Peñarol, aunque recibió críticas pero también algunos aplausos. La gestión de Cedrés fue un acto humanitario para alguien caído, por error propio, pero que no justifica que se lo pise en el suelo, o se impida que alguien lo ayude moralmente.

Obviamente todo lo relacionado con el fútbol genera pasiones, a veces políticas, como en el caso del Maestro Tabárez, o deportivas, cuando es un jugador conocido que estaba por firmar por Peñarol. Por eso es preciso trazar una delgada línea roja que no confunda una condena moral con una condena judicial. Y que no lleve a la justicia más allá de lo que establece la ley.

Lo que hizo Schiappacasse es injustificable y, como quedó demostrado en la audiencia, mantenía un vínculo con la barra brava de Peñarol que ahora abrirá otra causa dentro de la investigación. Pero el juzgamiento de su conducta debe distinguir entre dos caminos. El judicial, donde los magistrados deben aplicar la ley en un sentido de justicia pura y dura. Hubo un hecho delictivo, y puede haber agravantes o atenuantes, que sí entran en la consideración judicial. Se le debe aplicar la sanción, luego de un proceso justo con plena posibilidad de defensa que marca la ley. Porque tan grave es el hecho de que fuera Schiappacasse el que portaba el arma ilegalmente como si hubiera sido un barra brava que iba en el auto con tres amigos llevando consigo la misma arma. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a la presunción de inocencia (es bueno recordar como en el sistema legal anglosajón aunque se haya detenido a un persona en in fraganti delito se dice “el presunto” asesino, ladrón o lo que fuere). La presunción de inocencia es piedra angular de los derechos humanos tal como se conciben en Occidente. Algo que, por cierto, se está perdiendo en algunos casos, como los de acoso o abuso sexual, donde se carga la prueba de la inocencia en el acusado.

Por otro lado, aparte de lo que resuelva la Justicia al cabo de un proceso que se ha iniciado con la formalización y prisión preventiva por 90 días, está el tema moral. Es muy lógico que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijera que “si se confirman los hechos, Schiappacasse en Peñarol no juega más”. Eso es decisión política del club sobre las normas que rigen su relación con futbolistas actuales o futuros. Algo semejante podría decir la Asociación Uruguaya de Futbol por si en el futuro algún técnico quiere citar al jugador a las selecciones nacionales, que ya integró con éxito en el pasado.

Ahora bien, tomar decisiones judiciales y de conducción deportiva de los clubes, no debe hacer que olvidemos que detrás del futbolista condenado o apartado de un plantel hay una persona a rehabilitar. Y aquí se plantea otra delgada línea roja. ¿Cómo se rehabilita a una persona? ¿Apartándola del fútbol para que quede sin rumbo y termine uniéndose a las barras bravas o buscando alguna solución, que no necesariamente es integrarlo al plantel principal de Peñarol o de cualquier otro club pero sí darle una suerte de segunda oportunidad? Difícil respuesta, sin duda. Pero es preciso tener en cuenta la persona que está detrás del futbolista. Quizá no vuelva a jugar al fútbol profesional pero hay otros lugares cercanos donde quizá pueda reinsertarse.

Y, por último, aplaudir lo que dijo el fiscal de Corte Juan Gómez sobre la inconveniencia de que se “filtraran” las conversaciones entre el futbolista y la Policía antes de que esas actuaciones llegaran a la Fiscalía. Es parte del derecho del imputado y nadie puede ser privado de ello sea del caso que sea. Es preciso cuidar la delgada línea roja entre la decisión de la justicia y la condena popular. Justicia sí, humanidad y solidaridad con el caído también. Nunca ha sido fácil la distinción y ahora tampoco. Pero debe existir.