La economía política de “El país de los vivos”: entre la persistencia y el cambio

En este mes de noviembre de 2021 se cumplen treinta años de la presentación, en el marco de las VI Jornadas de Economía del Banco Central,  de un artículo de Martin Rama (hoy economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial), titulado El país de los vivos: un enfoque económico.

En dicho artículo, el autor analiza las causas del “subdesarrollo” o la “divergencia” del Uruguay respecto al nivel de PBI per cápita de los países desarrollados, identificando las mismas a la luz de conceptos que toma de la teoría económica, por ejemplo: equilibrios no cooperativos, problemas de agencia, la teoría de la incoherencia intertemporal de las decisiones y la búsqueda de rentas, todo esto explicado de forma muy didáctica recurriendo (entre otros elementos) a la letra de Cambalache  el célebre tango de Enrique Santos Discépolo.

A diferencia de ese entonces, hoy en día el Uruguay es un país con una economía de mercado más libre, más abierta al mundo y más estable. Producto de estos cambios, el PBI per cápita (medido por PPA, a US$ de 2011) prácticamente se duplicó y la pobreza se redujo del 30% al entorno del 10% de la población.

En estos días, con el final de la crisis de la pandemia cada vez más cerca, surge la pregunta de ¿cómo retomar un crecimiento económico vigoroso? Del diagnóstico que efectuara

Rama (que entendemos sigue en parte vigente) un tópico que nos resulta interesante es el concepto de “búsqueda de rentas”.

Por búsqueda de rentas entendemos, en términos simples, el accionar de un individuo o grupo de individuos con intereses similares con el fin de obtener un beneficio al margen del proceso competitivo propio del mercado, es decir, no por la vía de mejoras en la productividad y la eficiencia, sino mediante la manipulación del entorno político-regulatorio en su beneficio, transfiriendo al resto de la sociedad el costo en términos de pérdida de bienestar (triangulo de Harberger y rectángulo de Tullock). Ilustremos el punto con algunos ejemplos: 

• Actualmente existen limitaciones a las importaciones de productos de granja, ya sea mediante los certificados de acreditación fitosanitaria AFIDIS o por medio de las decisiones de la Comisión Asesora del Abastecimiento del Mercado Interno (CAAMI) donde gobierno y productores locales evalúan que frutas y verduras se pueden o no importar (ejemplo grosero de proteccionismo).

• El monopolio de la importación de combustibles a cargo de ANCAP, así como todas las ineficiencias en el resto de la cadena que involucra distribuidores y estacioneros, lo mismo que en el caso del supergas. Son mercados poco transparentes, con problemas de eficiencia y deficiente regulación, que evidentemente esconden márgenes de ganancia excesivos, amparados por el Estado.

• Podríamos sumar ciertas iniciativas, por ejemplo, para que el Estado en sus compras favorezca la “producción nacional”, estableciendo una discriminación positiva para con las empresas locales, en detrimento de las extranjeras, o el subsidio estatal a empresas o actividades específicas (producción de cerveza nacional) o los numerosos pedidos de ciertos grupos empresariales o cooperativas por constantes refinanciaciones o condonaciones de deuda (generalmente a cuenta de un banco público).

• Otro caso paradigmático, se da en el sector financiero con la “inamovilidad de facto” de los empleados bancarios, (que data del año 1965), y que en el año 2013 implicó la absorción por parte de la banca oficial de 150 funcionarios desafectados del Banco Bandes Uruguay o la creación en 2008 de la “Prestación Complementaria Patronal”, para financiar parte del déficit de la Caja Bancaria (todos estos sobrecostos, los paga la sociedad con servicios financieros caros). 

Como puede verse, los comportamientos de tipo búsqueda de rentas están aún muy generalizados en el Uruguay, todos ellos comparten características comunes: los beneficiarios son pocos, están muy bien organizados y pueden calcular con precisión la cuantía de la ganancia percibida, y asumir el costo por organizarse para defenderla. Los perjudicados, por otra parte, suelen ser muchos (la sociedad en general), su pérdida (individualizada) es difícil de percibir y los costos que supondría organizarse para oponerse a semejantes prácticas, son altos.

Un país que quiera crecer y prosperar, debe combatir estas prácticas y establecer una cultura de la competencia, en este sentido, los uruguayos enfrentamos un problema, además de los comportamientos rentísticos descriptos, según datos de la Encuesta Mundial de Valores, solo un 14,9% de los uruguayos cree que la competencia es buena, mientras que un 9,7% cree que es mala, a modo de comparación para Brasil las cifras son de 37,9% y 6,7% respectivamente.

La nueva generación de reformas estructurales, necesarias para que el Uruguay finalmente logre retomar el crecimiento y transitar hacia el desarrollo, deben necesariamente romper con las “rémoras” de este “capitalismo corporativo” que, como vimos, nos apartó de la ruta que siguieron todos los países desarrollados y hoy nos impide recuperar terreno. De nosotros depende.

* Premio Academia Nacional de Economía 2015